Fondo para cancelar la deuda con el FMI: es un "impuesto" sin asignación específica; ¿debería coparticiparse?

Novedades Fiscales

La iniciativa generada en Senadores está calificada como "un aporte especial de emergencia", pero por la estructura adoptada para su determinación y considerando la doctrina y la Justicia, todo indica que se trata de un verdadero gravamen.

Se encuentra a la consideración del Congreso de la Nación el proyecto de creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con El Fondo Monetario Internacional - FMI (ref.: S-0535/2022).

Si bien el proyecto lo califica como "un aporte especial de emergencia” (art. 7º), el procedimiento para la valuación de los bienes situados o radicados en el exterior; la intervención en todo momento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); la amenaza de aplicación de la Ley de Procedimiento Tributario (Nº 11.683) y de la Ley Penal Tributaria (Nº 27.430); la participación del Tribunal Fiscal de la Nación al solo efecto devolutivo (no suspensivo); etcétera, hacen presumir que la doctrina y la Justicia no dudarán en considerarlo un verdadero “impuesto”.(1)

1| Requisito constitucional

Sobre esta premisa que doy por confirmada, quisiera llamar la atención sobre la vigencia del tributo. Me voy a concentrar en un solo artículo, el 4º, en tanto dispone cuál será el destino de lo recaudado. Un destino muy particular, por cierto, que se proyecta en el art. 2º: el Fondo creado por la ley “...tendrá por objetivo la cancelación de la deuda contraída con el FMI.”

Teresa Gómez señaló en "Adivina adivinador, ¿Es un impuesto? ¿Es un nuevo blanqueo? ¿Qué es?”(2), que se trataría de un “impuesto con asignación específica”. Coincido con su destacada opinión y el abordaje que efectúa sobre el tema. Sin embargo, quiero destacar que para considerarlo como un “impuesto con asignación específica”, no se estaría cumpliendo con el requisito de prever en la ley el “tiempo determinado” de su vigencia. En efecto, el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional autoriza al Congreso a “...establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

De la lectura del artículo 4º del proyecto no surge que se establezca un “tiempo determinado” de vigente. Lo que se establece es una CONDICIÓN. Es decir, No hay PLAZO; hay CONDICIÓN. Ello es así porque la fecha de finalización del tributo está sujeta a hechos “futuros e inciertos” (art. 343, CCyCN), que podrían o no ocurrir:

a) La cancelación total de la deuda con el FMI o

b) El plazo que fije el Poder Ejecutivo Nacional.

Para el supuesto b) entiendo que resulta inconstitucional la delegación de la fijación del “tiempo determinado” al PEN. La CN exige que todos los requisitos sean establecidos por “ley especial”. Más allá de este aspecto, también podría reputarse un acontecimiento “futuro e incierto”, ya que no sería la primera vez que la reglamentación de una ley no se dicta o tarda décadas en establecerse.(3)

2| Cámara de origen

Coincido con mis colegas y amigos que ya han denunciado la violación de la Cámara de origen cuando se trata de crear un impuesto (art. 52, CN). En este caso, además, se requiere del voto afirmativo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. Es decir, uno más de la mitad del cuerpo; no de los presentes. Mínimo: 37 Senadores y 129 Diputados. Esta referencia debe quedar plasmada en las actas respectivas.

3| Interpretación restrictiva

En síntesis: en el artículo 4º del proyecto no hay “plazo”; hay “condición”, porque la finalización de la vigencia de la ley está sujeta a hechos “futuros e inciertos” que podrían o no ocurrir. Ya lo dijo la Corte: la interpretación de las asignaciones específicas de recursos coparticipables debe ser restrictiva(4).

La consecuencia de la invalidez de la asignación específica obligará a coparticipar su producido por el régimen general vigente: Ley 23.548 de 1988.

Esto significará más recursos par a las provincias y la CABA e, indirectamente, también para los Municipios. Como lógica consecuencia, serán menos los recursos destinados al Fondo Nacional creado para el pago de la deuda contraída con el FMI.

1) Ver opinión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, del 4/10/2021, en la causa "P.P.F. c/ Estado Nacional s/ Acción Meramente Declarativa", en relación con la Ley 27.605 - APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA.

2) https://bit.ly/37uJQLs.

3) Ver el artículo 195 del texto original de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 de 1974 -hoy artículo 179- y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando la reglamentación de la disposición de guarderías en empresas de determinada envergadura. "ETCHEVERRY, JUAN BAUTISTA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/AMPARO" del 21/10/2021.

4) “...a la hora de examinar la validez constitucional de una asignación específica dispuesta por el Congreso, así como de los límites constitucionales fijados al ejercicio de esa potestad, se impone una interpretación restrictiva pues, en definitiva, lo que se encuentra en juego es una facultad con una trascendente incidencia sobre el régimen de distribución de recursos y el sistema federal en su conjunto.” (CSJN, 538/2009, Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad).

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