Garantía de no autocriminarse vs. deber de informar a la AFIP

Novedades Fiscales

A través de la RG 4.703 el ente recaudador dispuso una feria fiscal extraordinaria y a la vez habilitó la misma para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada al organismo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el medio de la cuarentena, y la feria fiscal, el organismo de fiscalización, ha habilitado, mediante la Resolución General N° 4703/20, el comienzo de los procedimientos de fiscalización de las cuentas en el exterior supuestamente no declaradas y que según estiman sumarían unos u$s2.600 millones sin declarar.

Según ha trascendido, la AFIP ha dividido la lista en tres grupos, tres hipótesis de evasión, un primero conformado por aquellos que en su declaración de bienes personales incluyeron las cuentas en el exterior pero con montos inferiores, el segundo, habría presentado su declaración jurada pero sin incluir bienes en el exterior y por último, un tercer grupo que no habría declarado nada.

Toda esta información, fue enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) corresponde a datos de 2017.

1| Efectos penales de las denuncias

Es de suponer que muchos de estos casos, sino todos, darán lugar a denuncias y consiguientes procesos penales por evasión tributaria, y como se trata de sumas dinerarias en moneda extranjera, no será difícil que superen el 1.500.000 pesos requerido para la evasión simple.

Actualmente el Fisco, ha comenzado a requerir a muchos de estos contribuyentes información concreta de las cuentas que ha individualizado.

Esta situación nos ubica ante una clara confrontación de derechos y obligaciones, por un lado, el deber del obligado fiscal a brindar la información requerida por el Fisco, que incluso puede dar lugar a sanciones de desobedecerse y por el otro, el derecho a no autoincriminarse, garantía reconocida por nuestra Constitucional Nacional.

Es decir, una norma que obliga al contribuyente a informar bajo apercibimiento de sancionarlo si no cumple debidamente, y por otro lado, el derecho de raigambre constitucional, que le reconoce a toda persona que es sospechada o señalada (imputada) de haber cometido un delito a no declarar contra sí mismo, derecho que abarca también no brindar información que pueda autoincriminarlo.

Uno ampara al ciudadano ante el Poder punitivo del Estado, y el otro reconoce prerrogativas exorbitantes al Fisco, a fin de velar por la eficiencia recaudadora

En un sistema como el del derecho argentino, en que la obligación tributaria se basa en el principio de la autodeterminación, a través de la declaración jurada que el contribuyente confecciona voluntariamente en base a datos y conceptos, que lo obligan al pago del impuesto.

Frente a esta libertad del obligado y a la confianza que en principio tienen estas declaraciones, el Fisco cuenta con amplias facultadas de verificación, fiscalización y control de estas. Pudiendo requerir información y documentación respaldatoria a fin de controlar estas declaraciones tanto al mismo contribuyente como de terceros que en esos períodos hayan guardado vinculación económica concreta con estos.

La Ley 11.683, de Procedimiento Tributario, dota al Fisco de numerosos recursos para compeler al obligado y a estos terceros, a brindar la información que considere de utilidad para corroborar la veracidad de su declaración de impuestos. Pero además, y so pena de aplicarles sanciones de naturaleza administrativa, estas informaciones deben ser exactas y verdaderas.

Debemos tener en cuenta, que esos procedimientos de inspección o de verificación, pueden ser el paso previo a una denuncia penal, en aquellos casos, en que proceda una determinación de oficio, o incluso el contribuyente rectifique la presentada o en aquellos casos en que no se requiera y simplemente tenga la sospecha mínimamente fundada de que se encuentra ante un posible delito.

Como dijimos al comienzo del este artículo, no es extraño que en el sistema legal se de una confrontación de normas, y máxime de normas prohibitivas y otras permisivas, y ese conflicto debe resolverse en cada caso concreto. Aquí, la obligación de declarar con veracidad aquellos hechos de naturaleza tributaria cede ante una garantía constitucional, un derecho mayor reconocido a todo habitante de la nación, el derecho a no auto inculparse.

La garantía de no declarar contra uno mismo, significa que ninguna persona imputada o sospechada de ser autor de un delito, puede ser compelida a declarar en contra de si mismo, es decir a brindar información que pueda jugarle en contra, por ningún medio coercitivo, sea este físico, psíquico, directo o indirecto.

En el marco de un proceso penal, el deber de notificar al imputado todos los derechos que le asisten, principalmente el de contar con un abogado defensor y las consecuencias que puede acarrear el hecho de que elija declarar, ya que de no informarse claramente este derecho, podría ser un modo indirecto de burlar el derecho.

Esta garantía se encuentra reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los Pactos de Derechos Humanos, que integran la Carta Magna por el art. 75, inc. 22, así la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica (Art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14, inc 3.).

Además, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que también integra nuestra Constitución Nacional, reconoce en forma expresa la doctrina del “fruto del árbol venenoso”, que impide al Estado valerse de pruebas obtenidas en forma ilegal (Art. 15).

2| Requerimiento de información

El límite entonces del deber de informar, está dado por aquella información que de brindarla podría incriminar al contribuyente, que así le otorgaría al Estado la información con la este podría formular una denuncia penal en su contra y con la que a ciencia cierta no se sabe cómo ha sido obtenida por el órgano administrador. Resulta sugestivo qué de contarse con la información en forma legítima, se esté pidiendo la corroboración por parte del administrado, salvo claro está, que esa información posea algún problema en su cadena de custodia u origen y le impida al Fisco utilizarla como elemento incriminador

De no advertirse estas prevenciones, nos encontraríamos frente a la particular situación en la que el Estado, en forma directa y coercitiva por la amenaza de una sanción en el marco administrativo, burlaría abiertamente esta garantía constitucional y por supuesto el Estado de Derecho.

Sin perjuicio de estas afirmaciones, conviene recordar que la sanción administrativa, en caso de querer. aplicarse, sería de nulidad absoluta por vulnerar abiertamente una garantía constitucional. Y en el último de los casos de obtenerse la respuesta del administrado y que esta lo pueda comprometer, sin que el Fisco lo haya advertido de que podría tomarse en su contra, nos cabe duda que esa prueba así obtenida, seria fruto del árbol venenoso, conforme la doctrina reiterada por nuestra Corte Suprema sobre la forma ilegítima de obtener pruebas

(*) Departamento penal del Estudio

Bertazza Nicolini Corti y A|sociados.

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