Lo que es imprescindible conocer en torno a la ampliación de la moratoria

Novedades Fiscales

Un análisis pormenorizado de cada uno de los cambios introducidos al régimen de regularización establecido oportunamente por la Ley 27.541 que extienden sus alcances de manera de brindar una visión integral de la nuevas posibilidades de sanear obligaciones fiscales pendientes.

El proyecto de ampliación de moratoria, enviado por el Poder Ejecutivo, luego de su tratamiento en la Cámara de Diputados, fue aprobado el 13 de agosto de 2020 en la Cámara de Senadores, por 41 votos a favor y 28 negativos. La misma lleva el número 27.562.

Dicha ampliación tiene por objeto paliar los efectos generados por la pandemia de Covid-19 y el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual ha sido prorrogado en numerosas ocasiones mediante Decretos de Necesidad y Urgencia.

1|Extención de los alcances

El contexto actual ha generado una serie de consecuencias económicas, tales como la disminución de la actividad productiva, el aumento en la morosidad respecto al cumplimiento de obligaciones formales y materiales de AFIP o incluso el cierre de cientos de empresas y PyMES, en virtud de la paralización del comercio y la industria. En atención a ello, la nueva Ley Modificatoria introduce una serie de cambios respecto a lo dispuesto originariamente por el capítulo 1 del título IV de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Es menester aclarar que, respecto a aquellos sujetos que se acogieron a la moratoria original, podrán optar por continuar bajo las disposiciones originarias del capítulo 1 del título IV de la Ley 27.541, o regirse por las disposiciones de la presente Ley Modificatoria.

En este sentido se implementan una serie de beneficios, tales como ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria, abarcando a PyMES, personas jurídicas y humanas, a fin de aliviar su situación fiscal. En el caso de las empresas de mayor tamaño, durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

Por otra parte, respecto al aspecto temporal, también introduce cambios, permitiendo regularizar deudas vencidas al 31 de julio de 2020, y adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

La presente norma modifica las condiciones y cuotas establecidas previamente respecto a la cancelación de las deudas mediante un plan de facilidades de pago. En el caso de las obligaciones previsionales, las PyMEs, entidades sin fines de lucro y personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la AFIP, podrán adoptar un plan de 60 cuotas, siendo 48 cuotas para el resto de los contribuyentes. Dicha distinción también se aplica respecto a las obligaciones tributarias, al disponer 120 cuotas y 96 cuotas, respectivamente. También disminuye la tasa de interés, que será fija al 2% mensual, durante las 6 primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR.

Otro de los grandes cambios es la introducción del “Premio a los cumplidores” para aquellos contribuyentes que no registren incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2017. En ese caso, si el sujeto se encuentra adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, el beneficio consistirá en la exención del componente impositivo conforme una cierta cantidad de cuotas según su categoría fiscal. Por otra parte, si el sujeto está inscrito en el Impuesto a las Ganancias, el beneficio implicará una deducción especial.

Seguidamente se procederá al análisis en detalle de cada uno de los cambios introducidos mediante la ampliación de la Moratoria.

2|Análisis de las medidas introducidas

Se exponen los aspectos relevantes del régimen de “Ampliación de la Moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el Covid-19”.

DENOMINACIÓN

La denominación del capítulo 1 del título IV de la ley 27.541 a partir de la presente modificación será: “Regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera.”

SUJETOS INCLUIDOS

Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la AFIP.

Por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o régimen de infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.

Se entiende por contribuyentes mipyme a aquellos que encuadren y se encuentren inscritos o inscritas como micro, pequeñas o medianas empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias.

Agentes de retención y percepción

Los agentes de retención y percepción quedarán liberados o liberadas de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, cuando exterioricen y paguen, en los términos del presente régimen, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

Sujetos que ya se han acogido a la moratoria:

El artículo 13 de la Ley Modificatoria indica que los cambios introducidos en esta ley no obstan a la plena vigencia de las disposiciones del capítulo 1 del título IV de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, sancionada el 21 de diciembre de 2019.

La vigencia de dichas disposiciones caducará solamente para los casos del contribuyente que opte por no mantener las condiciones del plan oportunamente presentado.

Sujetos que aún no se acogieron a la moratoria

El acogimiento podrá formularse entre la fecha de entrada en vigencia

de la normativa complementaria que dicte la AFIP y el 31 de octubre de 2020, inclusive.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LAS MIPYME

Certificado MiPyME:

Dichos sujetos deberán acreditar su inscripción con el certificado MiPyME, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Adhesión condicional:

Aquellas MiPyMEs que no cuenten con el referido certificado vigente al momento de la publicación de la presente ley modificatoria podrán adherir a este régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive.

La adhesión condicional caducará si el presentante no obtiene el certificado en dicho plazo. La autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo.

En caso de que el contribuyente o la contribuyente cancelaran sus obligaciones del presente régimen de regularización, quedará eximido

en adelante del cumplimiento de lo establecido en los puntos 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 y 6.7 del artículo 13.

SUJETOS EXCLUIDOS

Exclusiones:

Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de:

i) MiPyMEs,

ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias

inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa,

iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la AFIP, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el 30% del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los 60 días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.

Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social de las mismas.

Quedan incluidos en estas disposiciones quienes revistan la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, incluidos fideicomisos.

La presente Ley modifica el inciso a) del artículo 16 de la Ley 27.541, al permitir la adhesión al régimen para determinados sujetos declarados en quiebra:

Los declarados o las declaradas en estado de quiebra respecto de los o las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificatorias o 25.284 y sus modificatorias, mientras duren los efectos de dicha declaración.

No obstante, los mencionados o las mencionadas contribuyentes podrán adherir al presente régimen a efectos de la conclusión del proceso falencial, a cuyo efecto se establecen como requisitos exclusivos para prestar conformidad al avenimiento por parte de la AFIP en el respectivo expediente judicial, los siguientes:

i) cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 13 de la presente, y,

ii) La efectiva conclusión del proceso falencial por avenimiento, en tanto ella se produzca dentro de los 90 días corridos de la adhesión al presente régimen, término que podrá prorrogar la AFIP cuando se configuren las circunstancias que deberá contemplar la reglamentación a dictar.

OBLIGACIONES ALCANZADAS

Obligaciones:

Extiende su ámbito de aplicación para las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive

o infracciones relacionadas con dichas obligaciones

Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos.

Se consideran comprendidas en el presente régimen:

Las obligaciones correspondientes a Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido en la Ley 23.247, así como los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional.

Las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios

Las deudas impositivas resultantes de su decaimiento, con más sus accesorios correspondientes.

No podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley.

Obligaciones en curso de discusión – Allanamiento. La nueva Ley no presenta cambios respecto a la Ley 27.541:

Quedan incluidas las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria.

En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos

Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas.

OBLIGACIONES EXCLUIDAS

Exclusiones:

Las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo

Los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales

La nueva norma ya no excluye a los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos, el Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas ni las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios

EFECTOS

El acogimiento al presente régimen producirá:

La suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso.

La interrupción de la prescripción penal respecto de los autores, los coautores y los partícipes o del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme.

Cancelación de la Deuda:

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación

Como novedad, la presente norma indica que: Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales.

En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera en los términos de los artículos 930 y 932 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.

MODIFICACIONES A LOS BENEFICIOS

Exenciones y/o Condonaciones (siempre que los sujetos cumplan con los pagos previstos en el presente régimen).

La presente norma modifica el inciso c) del artículo 11 referido a los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 (Código Aduanero):

En este sentido abarca no solo el período fiscal 2018, sino también el período 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020: el beneficio será del 10% del capital adeudado.

En congruencia con lo antedicho, se modifica el último párrafo del artículo 11 de la Ley 27541, referido al aspecto temporal de las obligaciones alcanzadas:

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020.

Liberación de multas correspondientes a Infracciones Formales.

La presente modifica el aspecto temporal.

Abarca a las multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de julio de 2020

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de julio de 2020

Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.

También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la mencionada entrada en vigencia.

El artículo 14 añade un artículo a continuación del artículo 17, disponiendo como novedad un premio a los cumplidores:

Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al momento de entrada en vigencia de la presente norma no registre incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias desde los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero del año 2017.

Los contribuyentes y las contribuyentes cumplidores, a los efectos de la presente moratoria, gozarán de los siguientes beneficios conforme la condición tributaria que revistan:

1. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes: el beneficio consistirá en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas que se detallan para cada categoría:

Categorías A y B: seis consecutivas. (6) cuotas mensuales y consecutivas

Categorías C y D: cinco consecutivas. (5) cuotas mensuales y consecutivas

Categorías E y F: cuatro consecutivas. (4) cuotas mensuales y consecutivas

Categorías G y H: tres consecutivas. (3) cuotas mensuales y consecutivas

Categorías I, J y K: dos consecutivas. (2) cuotas mensuales y consecutivas

En ningún caso el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a $ 17.500

2. Sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias: el beneficio consistirá en una deducción especial conforme los siguientes términos:

a) Para personas humanas y sucesiones indivisas: tendrán derecho a deducir, por un periodo fiscal, de sus ganancias netas un importe adicional equivalente al 50% del previsto en el artículo 30, inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en, 2019.

El beneficio establecido en el presente inciso no resultará de aplicación para los sujetos comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

b) Para los sujetos a que se refiere el artículo 53 que revistan la condición de micro y pequeñas empresas: podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas generales de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, o conforme al régimen que se establece a continuación:

i) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o fabricados: como mínimo en 2 cuotas anuales, iguales 'y consecutivas.

ii) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados: como mínimo en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas.

iii) Para inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al 50% de la estimada.

Este beneficio de amortización será aplicable únicamente para las inversiones efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2021 y, una vez hecha la opción por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, el mismo deberá ser comunicado a la autoridad de aplicación, en la forma, plazo y condiciones que las mismas establezcan y deberá aplicarse -sin excepción- a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de la nueva inversión directa, incluidas aquellas que se requieran durante su funcionamiento, pudiendo optar nuevamente en caso de que se modifique el régimen impositivo aplicable.

Ambos beneficios se aplicarán en las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre de 2020. En ningún caso, la deducción prevista dará lugar a la generación de saldos a favor ni podrá trasladarse a ejercicios futuros.

Los referidos beneficios fiscales no resultan acumulativos, debiéndose, cuando corresponda, optarse por alguno.

MODOS DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA

El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones:

a) Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea su origen, con saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tengan derecho por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad social a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria.

b) Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del 15% de la deuda consolidada;

Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La presente norma modifica las condiciones y cuotas establecidas previamente:

1. Tendrán un plazo máximo de:

1.1. Obligaciones previsionales - La disposición en análisis distingue entre 48 a 60 cuotas, de acuerdo al sujeto beneficiario:

60 cuotas para aportes personales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social para los contribuyentes o las contribuyentes que revistan la condición de:

i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que,

con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.

48 cuotas para los demás contribuyentes.

1.2. Obligaciones tributarias – La actual reforma dispone de 96 a 120 cuotas, de acuerdo al sujeto beneficiario:

120 cuotas para las restantes obligaciones correspondientes a los contribuyentes o las contribuyentes que revistan la condición de: i) MiPyMEs,

ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos.

96 cuotas para los demás contribuyentes.

1.3. La nueva Ley añade el presente acápite, indicando 120 cuotas para las obligaciones comprendidas en la presente ley para las entidades sin fines de lucro, entes públicos no estatales y, en general, para las entidades comprendidas en los incisos b), e), f), g) y 1) de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias y modificatorias, texto ordenado en 2019.

2. Prórroga el plazo en el que vencerá la primer cuota. En este sentido, excepto que se trate de refinanciaciones, no antes del 16 de noviembre de 2020, según el tipo de contribuyente, deuda y plan de pago adherido.

3. Aumenta el universo de sujetos que podrán contener un pago a cuenta de la deuda consolidada. En este sentido abarca:

i) MiPyMEs,

ii) entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa;

iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas

pequeños contribuyentes en los términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos;

iv) concursados o concursadas o fallidos o fallidas, podrá contener un pago a cuenta de la deuda consolidada.

Para el resto de los contribuyentes o las contribuyentes el pago a cuenta

será requisito indispensable para el acceso al plan, conforme se determine

en la normativa complementaria que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.

4. Disminuye la tasa de interés - La tasa de interés será fija, del 2% mensual, durante las 6 primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados. El contribuyente o la contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las condiciones que al efecto disponga la AFIP.

5. La calificación de riesgo que posea el contribuyente ante la AFIP no será tenida en cuenta para la caracterización del plan de facilidades de pago.

REINTEGRO O REPETICIÓN DE LO ABONADO CON ANTERIORIDAD

No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria,se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.

CADUCIDAD DEL PLAN DE PAGOS

Los planes de facilidades de pago caducarán:

Falta de pago. La reforma distingue la cantidad de cuotas según el sujeto que se trate:

Por la falta de pago de hasta 6 cuotas en los casos de los contribuyentes que revistan la condición de:

i) MiPyMEs,

ii) entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa,

iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos

iv) concursados o fallidos.

Por la falta de pago de hasta 3 cuotas en los casos de los restantes contribuyentes.

Por invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda.

Por la falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos que determine la normativa complementaria a dictar. La reforma añadió la presente causal

Por la falta de obtención del certificado MiPMEe. No obstante, estos contribuyentes gozarán de un plazo adicional de 15 días para reformular el plan en las condiciones establecidas para el resto de los contribuyentes o las contribuyentes, supuesto en el que la primera cuota vencerá el 16 de diciembre de 2020.

La actual reforma añade el acápite 6.6. al artículo 13, que determina la caducidad del plan de pagos, para determinados sujetos, si los mismos realizan ciertas acciones:

En el caso de los sujetos alcanzados por el presente régimen de regularización de deudas, excepto que se trate de: i) las MiPyMEs, ii) las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que defina la Administración Federal de Ingresos Públicos:

A - Por la distribución de dividendos o utilidades a sus accionistas o socios, en los términos de los artículos 49 y 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y según las disposiciones que al respecto dicte la AFIP, desde la entrada en vigencia de la presente norma y por los 24 meses siguientes.

B - Cuando desde la entrada en vigencia de la presente norma y por los 24 meses siguientes se acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para realizar pagos de beneficios netos a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario o beneficiaria del exterior que revistan la condición de sujetos vinculados conforme el siguiente detalle:

i) Por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría.

ii) Por prestaciones derivadas de cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto anterior.

iii) Por intereses o retribuciones pagados por créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen o naturaleza.

C - Cuando se hayan efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades depositarias del exterior, desde la entrada en vigencia de la presente norma por los 24 meses siguientes, sujetas a las condiciones que establezca la reglamentación que dicte en esta materia la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía.

D - Por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas, desde la entrada en vigencia de la presente norma y durante un período de 24 meses.

Tampoco podrán realizar las operaciones referenciadas previamente aquellos socios y accionistas de personas jurídicas que posean por lo menos el 30% del capital social. Quedan incluidos en las disposiciones de este inciso quienes revistan la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo.

Con el fin de acreditar las condiciones previstas en este artículo, el contribuyente deberá presentar a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, la información que resulte necesaria para controlar el cumplimiento de tales circunstancias.

PRESCRIPCIÓN

Suspende con carácter general por el término de 1 año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.

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