Los cambios en el proyecto del impuesto a la riqueza

Novedades Fiscales

La modificación de la fecha, que se refiere ahora al momento de entrada en vigencia de la ley, hace que queden alcanzados más contribuyentes por el tributo, pues al mes de diciembre de 2019 estaban alcanzados los patrimonios cercanos a u$s3.100.000 y a la fecha del reciente dictamen, u$s2.500.000.

A través del dictamen de la mayoría (oficialismo) de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se han introducido modificaciones de importancia al proyecto del PEN.

Uno de los cambios más importantes se refiere a su alcance, en cuanto al aspecto temporal de la capacidad contributiva, refiriéndose ahora al momento de entrada en vigencia de la ley, dejándose de lado la referencia a la base imponible al 31/12/19. De esta manera, se intenta neutralizar los cuestionamientos de orden constitucional, realizados en torno a la retroactividad de la ley y su afectación al derecho de propiedad.

Esta modificación implica que no resultará aplicable la doctrina de los derechos adquiridos, perdiendo relevancia el hecho que el contribuyente haya o no presentado la DJ del IBP 2019 y su pago.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no se alteran los argumentos relacionados a las exenciones del IBP, que no se han de aplicar en el impuesto a la riqueza. Ello, pues el derecho adquirido alcanza a las exenciones, con lo cual, una ley posterior no puede afectar tales situaciones.

Así, tendremos una única foto de captación de capacidad contributiva y de medición de base imponible, a la fecha de vigencia de la ley.

Esa fecha será tenida en cuenta también a los efectos de la existencia o no del sujeto. Ejemplo de ello, son los casos de fallecimientos, divorcios y similares.

Es de destacar, que a los efectos de los criterios de residencia, serán de aplicación los art 116 a 123 de la ley del impuesto a las ganancias, al 31/12/2019.

De esta manera, quienes hayan perdido la residencia a partir del 1/1/2020, no tendrá impacto a los efectos del alcance del tributo.

El cambio de fechas, hace que quedarán alcanzados más contribuyentes por el tributo, pues al mes de diciembre estaban alcanzados los patrimonios cercanos a u$s3.100.000 y a la fecha del dictamen, u$s2.500.000.

1| Naturaleza y alcances

En definitiva, quedarán alcanzados los residentes en el país (por bienes en el país y en el exterior), en el exterior (por bienes en el país) y las personas humanas de nacionalidad argentina, con residencia en jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula tributación (por la totalidad de bienes). Otra modificación se refiere a que el aporte será obligatorio, situación que no cambia la naturaleza tributaria.

Desde el punto de vista del principio de legalidad y de reserva de ley, se respeta el hecho de la existencia de una ley, previa a la manifestación del hecho imponible, con excepción de las normas de residencia.

Otra modificación importante es la introducción de una cláusula antiabuso o antielusiva, en los casos de variaciones patrimoniales operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los 180 días anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Esta norma hace presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de una operación destinada a eludir el pago del tributo, en cuyo caso la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación.

De esta manera, se intenta disuadir a los contribuyentes de ciertas decisiones de modificar sus patrimonios, a través de donaciones, aportes a trust y similares.

Esta disposición no es de aplicación automática y ha de requerir un análisis caso por caso, pues bien podrían existir situaciones valederas, cómo sería el caso, por ejemplo, de planificación familiar.

Desde el punto de vista del principio de legalidad, aparece como muy cuestionable esta disposición, al intentar gravar una parte del patrimonio con efectos retroactivos.

2|Responsables sustitutos

Otro aspecto importante es el que se refiere a la creación del responsable sustituto en los casos de residentes en el exterior con bienes en el país. Se trata de personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el mismo (se excluyeron en tal carácter a las sociedades).

Estos sujetos serán responsables sustitutos, en la medida que se relacionan al patrimonio de dichos sujetos del exterior.

En tal sentido, se incluye a las acciones o participaciones en el capital de sociedades.

De tal forma, resulta claro ahora que no estarán alcanzada por el tributo, los casos de sociedades del exterior que participen en el capital social de empresas del país.

Agrega, el proyecto que el responsable sustituto será el que consolide la totalidad de los bienes que pertenezcan a esos sujetos. Esta situación sería de dudosa aplicación en el caso del sujeto del exterior con participación en diversas empresas del país.

Por último, hemos de destacar que, a través de otra modificación, se dispone que resultará de aplicación supletoria no sólo la ley de procedimiento fiscal, sino también el régimen penal tributario.

Otra inconsistencia legal, pues por un lado se sostiene que se trata de un aporte solidario, no de un tributo, y por el otro, se aplica la ley 11683 y el régimen penal tributario, que se refieren a impuestos.

La introducción de la ley penal tributaria, aparece más como una amenaza a aquellos contribuyentes, que al iniciar una acción judicial para intentar lograr la inconstitucionalidad del tributo, sin presentar la declaración jurada, puedan quedar a expensas de una denuncia penal por evasión fiscal por omisión.

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