Notas a fallos

Novedades Fiscales

PROCEDIMIENTO

El Fisco no puede ejecutar

el impuesto si ya intentó ejecutar los anticipos

No es posible admitir que el Fisco por la misma causa, es decir, mismo tributo, pretenda que se lleven adelante ejecuciones que se superponen, ya que es evidente que de prosperar todas ellas se estaría generando un enriquecimiento sin causa del ente recaudador, además del riesgo que se genera al existir la posibilidad del dictado de sentencias contradictoria.

Tal fue el criterio del Juzgado Federal de Dolores, temperamento convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que la elección por parte del Fisco de reclamar parcialmente cada anticipo del impuesto, a través de distintas ejecuciones fiscales o de hacerlo luego mediante el pago anticipado de impuestos vencidos, es una decisión de política fiscal, pero no es posible que se utilicen ambas opciones de manera conjunta sin incurrir en abuso del derecho.

CSJN, “AFIP - DGI c/ GCI. SAs/ ejecución fiscal – AFIP”, Exp. FMP 33745/2015/CS1, del 25/06/2020; Juzgado Federal de Dolores, del 14/11/2016.

El Fisco paga cuando

perjudica a una empresa

La empresa fue privada ilegítimamente de exenciones tributarias que le correspondían conforme a derecho y reconocidas judicialmente; provocando que la misma cesara en su actividad productiva, lo que le provocó importantes gastos y la privación de significativas ganancias que hubiere obtenido si seguía desarrollando la actividad.

La Cámara confirmó que el daño ha pasado en autoridad de cosa juzgada, confirmado el hecho de que AFIP denegó indebidamente el pedido de reempadronamiento de la empresa como operador exento, constatando el nexo de causalidad y el perjuicio producido a la empresa.

No obstante, el Magistrado redujo la indemnización al considerar que la dificultad de medir el grado de participación que podría haber tenido en el mercado la empresa en el futuro, le impediría tener la certeza necesaria que la producción de la empresa se hubiese mantenido, acrecentado o disminuido con el correr de los años.

Cámara Federal de Córdoba, Sala A, “ASFALTERA CORDOBESA S.A. C/ AFIP Y OTRO, DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. FCB 61006605/2011/CA2, del 29/05/2020.

PENAL TRIBUTARIO

Las personas jurídicas y la sanción penal tributaria.

Rebeldía de una persona jurídica por acefalia de la sociedad. Revocación.

Una de las reformas de la Ley Penal Tributaria (Ley 26.735 sancionada el 22 de diciembre de 2011), introdujo la punibilidad de las personas jurídicas, agregando sanciones en forma conjunta o alternada de multas, suspensión total o parcial de actividades, etcétera.

Esta reforma, en línea con tendencias internacionales de organismos supranacionales, generó discusiones novedosas en el campo del derecho penal y específicamente en el campo del derecho penal tributario.

Este fallo de la Cámara Nacional en lo Penal Económico se adentra en una de esas discusiones luego de que el juez de primera instancia cita a indagatoria a las autoridades que la dirigían en la época de la posible comisión de los delitos y a la sociedad, la que a la fecha de la indagatoria se encontraba acéfala y por ende por la persona jurídica nadie se presenta. Frente a este hecho el juez declara la rebeldía de la sociedad, que apela a la Cámara dicho pronunciamiento, defendida por el defensor oficial, considerando que frente a la acefalía de la sociedad correspondía suspender la citación a prestar declaración indagatoria o suspender la acción penal hasta que se resuelva el impedimento de designar un representante legal.

En el voto del Dr. Bonzón este considera que la solución pasa por aplicar analógicamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, considerando que en vez de citar a la declaración indagatoria a una persona jurídica corresponde simplemente llamar a efectuar el descargo para ejercer su legítimo derecho de defensa.

Sostiene asimismo que en nuestro sistema constitucional la responsabilidad penal solo se refiere a las personas humanas y las personas jurídicas solo puede ser responsabilizadas civilmente por el actuar de sus directivos y dependientes, al considerar que las personas jurídicas son garantes de las conductas realizadas por el obrar ilícito de sus órganos y/o dependientes, en la medida en que este actuar haya sido en beneficio de la persona jurídica.

Los restantes votos hacen referencia al artículo 288 del CPPN que requiere que no haya un “grave y legítimo impedimento” y considera que la falta de presentación de un representante legal de la sociedad no obedece al propósito de sustraerse del proceso, sino a la particular situación del ente ideal, que resultaría un impedimento atendible en los términos del artículo 288 del CPPN.

Cámara Nacional Penal Económico, Sala A, “AC SAy Otros s/infracción ley 24.769, Expte. 1599/2017/CA3, del 12.9.2019.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)

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