Notas a fallos

Novedades Fiscales

MORATORIA

Cancelación parcial. Perdón por moratoria posterior.

En el caso de que se encontraran canceladas totalmente las obligaciones tributarias del contribuyente, a cuyo pago se habría encontrado obligada, a los fines de la extinción de la acción penal sólo restaría verificar si se presenta alguna de las situaciones de exclusión previstas por la ley 27.541, modificada por la ley 27.562, por lo que corresponde encomendar al tribunal de la instancia anterior en estos términos.

Tal fue el criterio de la Cámara, destacándose que las obligaciones correspondientes a los impuestos y períodos respectivos, habrían sido canceladas por medio de planes de facilidades de pago, todos los cuales incluían parcialmente lo adeudado; es decir que en ninguno de aquellos planes se incluyó en forma total la deuda correspondiente a alguno de los tributos y períodos fiscales que conforman la pretensión fiscal.

No obstante, uno de dichos planes habría sido pagado totalmente pero con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260, habiéndose terminado de pagar de manera anticipada el 13/8/2018.

En consecuencia, como este último plan no había sido reformulado en los términos de la ley 27.260, no procedería dictar el auto de sobreseimiento por la causal prevista por esta ley, pues precisamente parte de la deuda de cada uno de los tributos adeudados no fue cancelada de conformidad con lo establecida por aquélla.

En tales términos y a efectos de la extinción de la acción penal en base a la nueva moratoria vigente, la Cámara resolvió que en el supuesto de que alguno de los imputados se encontrara inmerso en alguna de las causales de exclusión previstas por la moratoria, el juzgado deberá analizar la procedencia o no de los planteos de extinción de la acción penal en los términos del art. 16 del nuevo Régimen Penal Tributario.

Cámara Penal Económico, Sala B, “AA2. SA S/ INF. LEY 24.769”, CPE 2725/11 del 04/12/20.

PROCEDIMIENTO

Clausura. Prueba. Afectación del derecho de defensa.

El hecho de que los funcionarios no hayan visto la emisión de la factura, no es suficiente para tener por probada que la misma no se haya emitido, pues esto requiere más prueba: la identificación del comprador de la mercadería, su declaración y una constatación contable a los fines de acreditar la ausencia de registro de la operación.

Tal fue el criterio de la Cámara frente a una comprobación in situ realizada por inspectores del Fisco, donde señaló que el accionar del personal verificador del organismo administrativo sea ejercido y eventualmente analizada su validez, a la luz de los elementos normativos que regulan aquel accionar.

Pues la única circunstancia alegada por la AFIP. para considerar suficientemente acreditada la conducta en que se presume que incurrió el contribuyente, consistía en la visualización y constatación de los actuantes durante dicha verificación, respecto de la no emisión de una factura por una operación consistente en una venta de mercadería, sin hacer mención alguna de las circunstancias de interés que rodearon aquel hecho, ni aportado elemento alguno que constituya prueba suficiente, todo lo cual no sólo dificulta el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, sino que debilita los alcances incriminantes del acto.

Pues el hecho de que no se hayan asentado los datos identificativos del comprador o la presencia de algún testigo, son circunstancias que si bien no constituyen un requisito indispensable para la validez del acta, le restan valor probatorio.

Finalmente, no resulta claro si los agentes inspectores procedieron a identificarse, en forma previa a la visualización de la operación, lo cual implicaría que actuaron en forma encubierta, sin que obre en el expediente autorización alguna que les permitiera actuar bajo aquella modalidad.

Cámara Penal Económica, Sala B, “LAD SOBRE INFRACCIÓN LEY 11.683”, CPE 1056/19, del 27/11/20.

Acción declarativa de certeza. Proveedor de indumentaria de Bomberos Voluntarios. Inexistencia de “caso”

La Cámara entendió que no existe “caso” pues no corresponde a la Justicia resolver situaciones hipotéticas o meras consultas de los contribuyentes, especialmente cuando no pudo acreditar un acto en ciernes inminente por parte del Fisco.

En el caso la situación de incertidumbre consiste en la lesión que generaría a la contribuyente el tratamiento que le otorga la ley 25.054 en relación al IVA (exención de los elementos que le permiten a los bomberos voluntarios realizar sus tareas para la comunidad), porque se ve compelida a comercializar sus productos a un costo mayor que los provenientes del exterior, en detrimento de los productores locales que deben abonar los tributos nacionales, de modo que se da una situación de hecho que afecta la competitividad de los bienes que comercializa.

El Magistrado revocó el temperamento anterior y entendió que no habría caso, pues no se formuló reclamo a AFIP, dicho Organismo tampoco realizó actividad alguna, a la vez que el planteo y agravio resultaría conjetural e hipotético, constituyendo una consulta jurídica sobre una determinada situación.

Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, Exp. CAF 33355/17. “Indumentaria Protectiva RASA SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, del 10/12/20.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)

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