Notas a fallos

TASAS MUNICIPALES

Limites a los municipios. Prueba del servicio.

Una de cal y otra de arena. Lugo del fallo Esso la Corte fijo un limite a los municipios, los que se encuentran marcados por la Constitución Nacional y el derecho intra-federal.

Señaló el Alto Tribunal que, para que una contribución sea constitucional debe: a) Ser caracterizable como una tasa; b) Su redacción debe identificar un servicio en particular, efectivamente prestado por el Estado, por lo que sus términos no pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; c) El fisco municipal debe probar, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal.

Apuntó asimismo al derecho intra-federal, refiriendo que, la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos. Por lo cual entendió que, la excesiva latitud en la determinación de los servicios que las tasas pretenden retribuir al no ser debidamente discriminados, contraría el principio de legalidad tributaria, pues posibilitan la eventual recaudación de fondos para una finalidad ajena a la que le habría dado origen. De ello que, la contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones.

Finalmente, enfatizó la Corte que, no es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servicio, la carga de probar que no ha sido efectivamente prestado, pues dada la dificultad de dicha prueba, correspondería al municipio acreditar, durante el trámite de la causa, la organización y puesta a disposición del servicio de utilidad pública que sustenta la tasa

Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Gasnor SA c/ Mun. de La Banda”, FTU 711483/2007/1/RH1, 07/10/2021.

PENAL ECONÓMICO

Insolvencia fiscal fraudulenta y quiebra fraudulenta. ¿Doble persecución?

En el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, el imputado, mediante maniobras de enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, como así también mediante la constitución de diversas sociedades, habría procurado provocar su insolvencia, habiendo tomado presuntamente conocimiento de la iniciación y existencia de procedimientos administrativos y/o judiciales en su contra. Tales fueron los términos de la Cámara, al momento de confirmar su procesamiento.

Por otro lado, en lo atinente al delito de quiebra fraudulenta, el imputado posee otra causa en trámite ante los tribunales orales de la justicia criminal ordinaria, donde se le endilga haberse declarado en quiebra, con la finalidad de sustraer y mantener ocultos distintos bienes de su propiedad, en fraude a los acreedores del proceso universal. De tal forma, habría evitado que, una vez decretado su estado de insolvencia, tales bienes fueran desapoderados para satisfacer a los acreedores, mediante una estratagema que permitió al imputado permanecer en pleno dominio de toda su fortuna, siendo que, 17 valiosos bienes inmuebles de su patrimonio, fueron transferidos de modo simulado a personas jurídicas creadas a ese sólo efecto, e integradas por otros imputados a modo de testaferros.

Por ello la Cámara entendió que no existía doble persecución penal, en tanto no habría correspondencia plena del objeto procesal y el estado del trámite de ambas causas sería distinto, añadiéndose que, en ninguna de ellas, se habría dictado sentencia definitiva.

No obstante, al momento de procesar por insolvencia fraudulenta, el magistrado no solo tuvo en cuenta el informe de AFIP-DGI de donde surge un listado de las enajenaciones de bienes inmuebles a los fines de provocar su insolvencia, sino además la resolución de la justicia criminal ordinaria, de donde surgiría que el imputado ocultó al menos 17 inmuebles a la quiebra.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, “G. L. R. s/ Leg. De Apel.”, CPE 1439/2014/6/3, 04/10/2021.

PROCEDIMIENTO

AFIP puede requerir información para futuras denuncias penales

Ante el planteo de nulidad del contribuyente contra el accionar de AFIP­DGI, en cuanto, teniendo noticias de un posible ilícito, requirió coactivamente documentación que luego se utilizó como respaldo para efectuar la denuncia penal, la Cámara entendió que, el Fisco Nacional, actuó dentro de las previsiones legales.

En dicho contexto, señaló el magistrado, el reconocimiento de la potestad del Estado para la recaudación fiscal y las facultades de control para ejercer dicha facultad y que, la ley 11.683, faculta al órgano administrativo a efectuar tareas de verificación y fiscalización, con el fin de una probable determinación de oficio.

Relató que, en el marco de Orden de Intervención, los fiscalizadores dieron inicio a la inspección y notificaron un requerimiento, ante el cual, el contador y apoderado de la empresa, propuso y puso a disposición de la AFIP la documentación requerida en la sede administrativa de la empresa, a la cual concurrió el personal actuante del Organismo.

Siendo que, finalmente, en base a la información recabada de los sistemas informáticos de AFIP y la aportada por la contribuyente, se emitió el Informe Final de Inspección, donde se informó a la justicia, la presunta comisión del delito fiscal.

Cámara Federal de Mendoza, “D. P., W. s/Incidente”, FMZ 70044/2018/1/CA1, 23/06/2021.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)

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