Notas a fallos

Novedades Fiscales

PROCEDIMIENTO

Facturas apócrifas. Sin dolo en la defraudación no hay multa.

En el marco de una controversia judicial por aplicación de multa, entendió el Tribunal Fiscal de la Nación que, el elemento intencional por parte del contribuyente en la comisión del hecho infraccional, no puede inferirse invocando el solo cómputo improcedente de créditos fiscales, provenientes de compras a proveedores observados presuntamente apócrifos.

En el caso, la determinación de deuda practicada por el Fisco Nacional, se sustentó exclusivamente, en la detección de la utilización de facturas emitidas por un proveedor presuntamente apócrifo, resultando que, la referencia consignada en el Informe Final de Inspección, sería su mera inclusión en la base APOC.

Al respecto, señaló el magistrado que, dicho informe, no contendría ningún elemento respecto del proveedor objetado, ni tampoco habría adicionado ninguna información relevante a su respecto, por lo cual, no habría mayores argumentos para concluir que dichas operaciones no hubieran existido, o que dicho proveedor no tuviera, en su momento, la capacidad económica, financiera y operativa para su prestación.

Ello así, recordó el Tribunal que la defraudación tributaria exige la verificación de un ardid, con el objeto de producir un error en el Fisco Nacional. A su vez, las presunciones por si solas no alcanzan a efectos de encuadrar este tipo de infracción, pues se deben demostrar las circunstancias de hecho que, según las reglas de la experiencia asignadas al caso, permitan establecer una relación de causalidad que admita la verosimilitud de tales presunciones.

Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, “CONSTRUCCIONES THOR S.A. s/ Recurso de apelación”, EX – 2019-106713561, 19/08/21.

Cautelar admitida para la contribuyente. Compensación de Bienes Personales, acciones y participaciones

Una sociedad solicitó como medida cautelar, la concesión de una “prohibición de innovar” que ordenara al Fisco Nacional abstenerse de intimar y ejecutar, así como abstenerse de plasmar y/o reportar en los sistemas propios o de otras reparticiones u entes públicos, la existencia de deuda frente al rechazo del pago por compensación del saldo del impuesto sobre los bienes personales, acciones o participaciones societarias, con el saldo a favor de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias, lo que fue aceptado por la Cámara Federal, luego del rechazo de primera instancia.

Para así resolver la Cámara dijo que deben considerarse las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada y los graves efectos patrimoniales que podría traer aparejado, en tanto el peligro en la demora, exige que la tutela jurídica que, eventualmente, la actora obtenga mediante el pronunciamiento de fondo, no pueda en los hechos realizarse, implicando que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes u ocasionen un daño de imposible o de muy dificultosa reparación ulterior.

Citando los preceptos de la CSJN, el magistrado expresó que, a efectos de admitir la compensación, es necesario que dos sujetos reúnan en forma recíproca la calidad de acreedor y deudor y, en el caso, la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales impone a las sociedades asumir las obligaciones de los titulares de las participaciones en su capital, ocupando el lugar del deudor principal, liquidando y pagando el impuesto, por lo cual, resulta factible que compense dicho saldo deudor con el saldo acreedor resultante de otros impuestos.

Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, “AVENIDA COMPRAS SA c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 225/21 s/DGI”, CAF 017012/2021/CA001, 08/02/22.

LAVADO DE ACTIVOS

La participación de los escribanos y la prescripción penal.

En el caso, se acusa al escribano de haber integrado una organización criminal dedicada a lavar activos, interviniendo en calidad de tal, en forma reiterada y en conjunto con otros profesionales (contadores, abogados y escribanos), en diversas operaciones inmobiliarias, que tuvieron lugar desde, por lo menos, el año 2008 hasta el año 2015, con el objeto de poner en circulación activos originados en las maniobras delictivas llevadas a cabo por la organización criminal, con la finalidad de que adquieran apariencia de origen lícito, en incumplimiento de diversos deberes e interviniendo en actos jurídicos de compra y venta de inmuebles, entre otras operaciones, celebrados por las personas jurídicas y humanas que integraron el grupo, autorizando diferentes contratos de compraventa.

Ahora bien, Casación Federal entendió que la imputación dirigida contra el escribano ubicaría la realización de las acciones entre los años 2008 y 2010, sin embargo, fue procesado por la tipificación penal del delito de lavado de activos que, data del año 2011. Pues si bien, el juzgado reconoció que no habían sido correctamente imputados hechos acaecidos entre 2009 y 2012, fecha para la cual la tipificación ya estaba en vigencia, el magistrado revocó el procesamiento, aduciendo que, la imputación no se encontraría correctamente delimitada en tanto se ha omitido precisar el concreto sustrato fáctico y determinar, en consecuencia, la ley aplicable.

Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, “B., P. A. s/recurso de casación”, FRE 8370/2017/72/CFC6, 14/12/21.

(*) www.horaciocardozo.com.ar, Abogado, Profesor del Posgrado en Derecho Tributario (UBA-Derecho)

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