Política

Operativo del Gobierno con militares en campaña sanitaria

El despliegue del Operativo Integración Norte, incluye colaboración con fuerzas de seguridad y tareas de apoyo a la comunidad.

Los ministerios de Defensa, Desarrollo Social y Salud, Justicia y Derechos Humanos, Producción y Trabajo e Interior coordinados por la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña y el apoyo de organismos nacionales, provinciales y municipales, llevan adelante una misión conjunta bajo el paraguas del Operativo Integración Norte.

La actividad que en el terreno coordina y ejecuta el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas se inició el 17 de septiembre y se extenderá por unos 30 días en varias localidades del litoral fluvial argentino y también en las provincias del NOA.

El despliegue militar previsto en el Operativo Integración Norte, incluye, además de la colaboración con las fuerzas de seguridad, tareas de apoyo a la comunidad.

La Armada Argentina inició la Segunda Campaña Sanitaria Fluvial con la zarpada del buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario”, el patrullero ARA “King” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”. Se orienta a la atención y prevención primaria de carácter clínico, odontológico, ginecológico, pediátrico y oftalmológico a los habitantes de las localidades de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires que por su ubicación no pueden acceder por vía terrestre a los centros médicos más cercanos. El buque multipropósito lleva a bordo contenedores denominados Unidades Sanitarias Móviles y cuenta además con la asistencia de médicos y personal de enfermería de la Armada y del Ejército a los que se sumaron profesionales de la salud, de asistencia social y de equipos técnicos de los otros ministerios. Los navíos partieron de la Base Naval Zárate, arribaron a la localidad de Punta Taitalo, primer puerto del periplo, luego continuarán en Ita Ibaté, Empedrado y Bella Vista (Corrientes), después en La Paz, Hernandarias y Diamante (Entre Ríos), seguirán en Puerto San Lorenzo y Villa Constitución (Santa Fe) para finalizar las operaciones el 17 de octubre en San Pedro (Buenos Aires).

La Operación Integración Norte; en palabras del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, organismo que pone “los fierros”; tiene tres ejes: el adiestramiento operacional de las fuerzas armadas, el sostén logístico a las fuerzas de seguridad –a requerimiento–, y el tercer eje es el apoyo a la comunidad. Es éste último el que tomó relevancia en la coyuntura a propósito de la necesidad de documentar a aquellas personas que nunca tuvieron sus Documento Nacional de Identidad (DNI). “Es fundamental que estén documentados para que puedan acceder en plenitud a sus derechos, por caso el de votar”, se explayó una fuente del RENAPER. Se facilitará también el acceso a trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En coincidencia con la campaña sanitaria fluvial, el Ejército movilizó la denominada Fuerza de Despliegue Rápido hacia Jujuy y Salta. Mil doscientos efectivos de la IV Brigada Aerotransportada con asiento en Córdoba y la de Aviación del Ejército, junto a seiscientos hombres de la Brigada de Montaña V con 150 vehículos de combate. Las maniobras incluyen aerolanzamientos de cargas y de tropas.

La acción social y el apoyo logístico a gendarmes y prefectos permite el despliegue y entrenamiento militar en teatros operacionales específicos; escenarios ribereños, selváticos y desérticos. La movida captó la atención en gabinetes de análisis de la oposición. Acostumbrados a mirar debajo del agua, encajan esa actividad de entrenamiento castrense en el “big picture” de la conflictividad regional. Más claro, con la inestabilidad de Venezuela, un país con parecidos geomorfológicos a los de las prácticas de las fuerzas nacionales. El hilván arranca con la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El 11 de septiembre pasado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA aprobó con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto ausente, la activación del TIAR para aplicarlo a Venezuela. Es un instrumento de presión, dicen esos observadores, serviría como puerta de ingreso para contar con un marco jurídico que permita la adopción de medidas y sanciones colectivas de carácter no militar y, en un estadio superior, el envío de fuerzas regionales con el argumento del apoyo y la ayuda humanitaria a los venezolanos.

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