Opiniones

Crisis en Chile: la violencia es consecuencia inevitable de la ideología

Si un número suficiente de personas se convence que su necesidad es una obligación que otros tienen que satisfacer, la violencia es la consecuencia inevitable.

¿Por qué Chile? ¿Por qué ahora? A raíz de los desmanes, la violencia y el torbellino refundacional que parece estar abarcándolo todo en el país vecino, las preguntas de arriba son difíciles de responder.

Chile tiene una de las historias de éxito económico más contundentes de la región. Mientras en Argentina nos sacudimos de crisis macroeconómica en crisis macroeconómica, el país trasandino muestra un crecimiento sostenido desde hace 25 años.

En este contexto, no solo la pobreza ha caído desde el 53% hasta el 6% según cifras comparables del Banco Mundial, sino que presenta el más avanzado Índice de Desarrollo Humano de la región, el más alto desempeño en las pruebas PISA, y ha mejorado sustancialmente el acceso a la educación secundaria en los últimos años según muestran los estudios de Claudio Sapelli, de la Universidad de Chicago.

Es decir que, mirando los datos agregados, los chilenos “no tienen de qué quejarse”. O, al menos, otros países tendrían mejores motivos, puesto que tienen mayores índices de pobreza, peor educación y menor nivel de desarrollo.

Sin embargo, no solo sí se quejan, sino que lo hacen con una violencia alarmante que, en cierta, forma se ve legitimada por una buena parte de la opinión pública.

Violencia y Derechos

Prueba de lo anterior es que el prestigioso diario New York Times publicó pocos días después de comenzada la revuelta que “Chile Aprende el Precio de la Desigualdad”, como si todo eso fuera justificable por dicho etéreo concepto.

Ahora algo de esto hay. No porque efectivamente la desigualdad justifique la violencia (que no lo hace), sino porque en la medida que un grupo en una sociedad sienta que sus derechos están siendo injustamente vulnerados, entonces la violencia puede no ser justificada, pero será inevitable.

Y aquí entra en escena el poder de las ideas. Es que, en definitiva, lo que hay que definir es qué constituye un derecho.

Cuando a una persona, un ladrón la amenaza con quitarle la vida, todos consideramos que existe derecho a la legítima defensa. Dado que está en riesgo la vida de José, éste tiene derecho a defenderse, incluso acudiendo a la violencia contra Pedro.

Acá todos nos ponemos de acuerdo.

¿Pero qué pasa con otro tipo de derechos o pseudo-derechos? Si José cree que tiene derecho a una buena educación o un mejor salario, y también cree que el sistema en el que vive no le garantiza o le vulnera ese derecho, ¿quién le dice que no puede acudir a la violencia para defenderse?

Por décadas y décadas éste ha sido el discurso del progresismo. Y si bien quienes se han manifestado pacíficamente no son ejecutores de la violencia que vive Chile, sí están legitimando actos violentos, porque en el fondo están convencidos de que se realizan en legítima defensa.

Pobres chilenos que viven en un sistema que los priva de una educación “de calidad”, de pensiones “dignas” y de una “buena” salud para todos. Ahora si el sistema los priva de lo que muchos consideran derechos esenciales, ¿cuál es el freno moral para exigirlos de manera violenta?

Ahora bien, hasta donde uno sabe, los criterios “de calidad”, “digno” y “bueno” son puramente subjetivos, y cada uno debería trabajar en libertad para poder adquirir bienes y servicios que cumplan con estas pautas. Podemos acordar, como ha hecho Chile, que el estado dé estos servicios de una manera básica, pero a partir de allí es responsabilidad individual el mejorarlos.

La tesis de la frustración

Se suele argumentar que el problema de los chilenos es su frustración. Que les prometieron que el modelo económico relativamente más liberal les iba a solucionar todos sus problemas. Y, claro: muchos sí ha solucionado.

Chile es hoy el país con mayor movilidad social de todo ese “Club de Países Ricos” llamado OCDE. Y el que más redujo la pobreza desde la década del 90 en toda la región.

Pero el capitalismo no es una solución mágica. Y no resuelve frustraciones personales “ipso facto”.

Ahora lo que incuestionablemente sí permite es que si usted está frustrado con su situación personal, tenga la libertad de intentar mejorarla. Es eso, y no más, lo que sostiene el maravilloso texto independentista norteamericano: que las personas tienen el derecho inalienable de buscar su propia felicidad.

Eso es muy diferente a que exista el derecho a la felicidad.

Tan diferente que, en el primer caso, una persona insatisfecha con su situación encausará su vida de manera tal que, volviéndose más productiva para los demás, genere una mejor situación para sí misma.

En el segundo caso, sin embargo, una persona insatisfecha con su situación luchará para conquistar su derecho a ser feliz. Es decir, hará que recaiga en otros la obligación de complacerlo.

La diferencia es abismal, tanto como la que separa a la civilización de la barbarie.

Para concluir, vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Por qué en Chile? Porque en cualquier país del mundo en que haya un número de personas suficientemente convencidas de que su necesidad es una obligación que otros tienen que satisfacer, la violencia es la consecuencia inevitable.

¿Por qué ahora? Porque en dicho contexto, cualquier chispa enciende la mecha. En este caso fue el aumento del boleto del metro y un probable mal manejo político de esa situación. Podría haber sido, no obstante, cualquier otra cosa.

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