Desafíos 2020 para la democracia en América del Sur

Opiniones

La estabilidad de la democracia y el respeto por los Derechos Humanos se encuentran en la crisis más grave de la historia reciente de nuestro continente.

Este año distintos países de América del Sur deben enfrentar el desafío de lograr la estabilidad de la democracia y para conseguirla habrá múltiples procesos electorales fuera del calendario previsto por la normativa electoral de cada país. La grave crisis social e institucional que se vivió y que aún se viven en la región, como son los casos de Bolivia, Chile y la reciente elección extraordinaria de congresales en Perú; como así también las masivas movilizaciones con reclamos sociales profundos en Colombia y Ecuador, pusieron en discusión las políticas económicas y sociales de los gobiernos. La estabilidad democrática y el respeto por los Derechos Humanos se encuentran en la crisis más grave de la historia reciente de nuestro continente.

Perú tuvo elecciones extraordinarias de congresales el pasado 26 de enero, en el que fueron electos los diputados para terminar el período constitucional 2016 -2021, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el congreso mediante una polémica decisión que generó un amplio debate sobre la legalidad de la misma. La inestabilidad política de Perú evidencia una fuerte crisis institucional así como la incapacidad de los partidos políticos de generar consensos. Desde los escándalos de corrupción que surgieron a partir del caso Odebrech en 2016 la crisis política peruana parece no encontrar salida. En ésta elección extraordinaria de congresales ningún partido político obtuvo más de un 11% de los votos, proponiendo un panorama complejo para las elecciones generales de 2021. En materia de Derechos Humanos el panorama también es complicado. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú, desde 2016, 57 civiles han muerto por abusos de las fuerzas de seguridad en el uso excesivo de la fuerza al responder a las protestas.

Chile es otro país en el que las violaciones a los derechos humanos han estado a la orden del día a partir de las masivas movilizaciones durante el 2019. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en el que describe que los Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares de derechos humanos en el uso de la fuerza. Menciona que el alarmante número de personas heridas, incluidos transeúntes, demuestran el excesivo uso de armas menos letales. Además se suman las denuncias de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales. La preocupación de la comunidad internacional se profundiza cuando el Senado del país sudamericano legisló sobre la exención de la responsabilidad penal a policías. La salida institucional planteada para conducir los reclamos de la desigualdad histórica que vive la sociedad chilena es el plebiscito del 25 de octubre que interpela a la población para decidir si se debe reformar la constitución y de qué forma. En este sentido, sí cabe resaltar la legislación de la paridad de género en la Convención Constitucional en el caso que gane el sí.

El desafío de la restitución democrática en Bolivia intenta llegar a una nueva estabilidad con las elecciones generales del 3 de mayo. Camino en el que se avanza no sin algunos traspiés. Evo Morales, expresidente de Bolivia, y ganador de las elecciones del 20 de octubre del año pasado, fue proscrito por la Justicia Electoral alegando incompatibilidades con el domicilio declarado por el dirigente, impidiendo su candidatura por la Senaduría de Cochabamba. Durante las protestas que iniciaron en octubre de 2019, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató que murieron más de 300 personas, hubo más de 800 heridos y al menos 400 detenidos. De vuelta el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas son protagonistas, recordando los tiempos más oscuros que nuestra región pudo atravesar.

En Ecuador las protestas tuvieron como resultado más de 1500 personas heridas, más de 1300 detenidas y 11 muertos. La Defensoría del Pueblo del Ecuador así como la Comisión Interamericana de los DDHH realizaron las respectivas denuncias y solicitaron al Gobierno Nacional que detenga la violencia. La necesidad del Estado Nacional de declarar el estado de excepción suspendiendo una serie de derechos de la población para poder implementar medidas económicas es sumamente preocupante y corre el péndulo de la democracia hacia el autoritarismo. Este año prepara las condiciones electorales para febrero de 2021, teniendo que resolverse aún una serie de juicios a posibles candidatos que en caso de declararse culpables no podrán participar de los comicios, tal como es el caso del expresidente Rafael Correa. En una región donde el Lawfare y la intervención de la justicia en la política ha sido moneda corriente en los últimos años, Ecuador tiene grandes desafíos para mantener la separación de los poderes y garantizar el respeto de los derechos sociales y políticos de sus habitantes.

Por último, Colombia en dónde la impunidad perpetúa la violencia -tal como explican las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil- el 95% de los casos de homicidio a defensores de los derechos humanos quedan impunes. Las movilizaciones con fuertes reclamos sociales no se vieron ajenas a la violencia imperante en el país, dónde producto del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía local también hubieron muertos, detenidos y heridos.

Está claro que América Latina transita una grave crisis política, producto de prácticas que van en detrimento de la democracia como el “Lawfare”; la persecución política a líderes populares y sociales; la intromisión de la justicia en procesos electorales y de la política en la justicia, pero no podemos permitir el enorme retroceso en materia de derechos.

El camino no es fácil y hay mucho en juego. América Latina necesita volver a consolidad la estabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales que ha sabido construir.

(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.

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