La deuda en debate: de quién es la responsabilidad del alto endeudamiento

Opiniones

El FMI, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Banco Central comparten responsabilidad de semejante nivel de endeudamiento. Una vez más, la deuda sigue constituyendo una pesada carga para el futuro económico de la Nación.

Luego de la exposición del ministro de Economía en el Congreso nacional, a la que asistieron apenas 133 legisladores, sobre los 257 que integran la Cámara de Diputados, quedó muy claro que la deuda se va a renegociar. Llama la atención el poco interés de los legisladores en escuchar al funcionario, lo que constituye una nueva muestra de la irresponsabilidad de gran parte de los llamados representantes del pueblo, que prefirieron ocuparse de otros menesteres, antes que escuchar y preguntarle al ministro, cuáles son los planes que se piensan instrumentar para salir de la grave situación dejada por la administración anterior.

Días después el equipo técnico del FMI emitió un comunicado, celebrado imprudentemente. Allí, puntualizaba que:

1.- La deuda no es sostenible

2.- Que los acreedores privados deben contribuir a su solución

3.- Que se continuará dialogando con el gobierno, que hay que garantizar una resolución sostenible y ordenada de la situación de la deuda.

4.- La capacidad de enfrentar el servicio de la deuda deterioró significativamente en comparación con el último análisis del FMI de julio del 2019, donde se hablaba de la deuda sostenible pero no con alta probabilidad.

Al término de la reunión de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro Guzmán, en el marco de la cumbre de ministros del G20, hubo nuevas declaraciones donde se habló de “diálogo”; de “garantizar soluciones ordenadas para la deuda”. Y también se escucharon nuevas palabras cargadas de buenas intenciones, pero donde no se explicita el cómo se va a hacer y qué es lo que se va a acordar.

LA RESPONSABILIDAD DEL FMI

Aún cuando en el comunicado de los técnicos, la institución multilateral no se haya hecho cargo de nada, la responsabilidad del FMI en el aumento de la deuda y el no haber aplicado sus propias reglamentaciones resulta incuestionable. Las evidencias son muchas.

Cuando en diciembre del año 2017 produjeron el Informe del Art. IV y la situación ya se avizoraba preocupante, sostuvieron que:

  • “Se espera que para 2019 el déficit fiscal primario a nivel federal se ha reducido un 2% del PBI, mientras que se proyecta que las provincias reduzcan su déficit primario conforme a las metas anunciadas por las autoridades. Esto probablemente impondrá un lastre al crecimiento económico en los próximos dos años, que rondará el 2,5%.

  • “Se prevé que el continuo y cuantioso endeudamiento externo y las presiones de apreciación de la moneda en términos reales provoquen nuevos aumentos del déficit en cuenta corriente.

  • “Las tasas de interés reales frenarán el crecimiento, pero deberían facilitar el descenso de la inflación hacia niveles de un solo dígito. Los directores indicaron que es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales.

  • “Señalaron que para estimular la productividad y el crecimiento a largo plazo sería necesario acelerar la reducción de los aranceles de importación, eliminar la mayoría de los permisos de importación, retirar los obstáculos a la inversión y la entrada de empresas al mercado”.

En el Informe del 2018 volvieron a mostrar el preocupante panorama económico, las dificultades financieras, y no obstante ello, siguieron adelante con los desembolsos comprometidos.

Hablaron de lastre en el crecimiento, del cuantioso endeudamiento externo y los aumentos del déficit en cuenta corriente, mostrando que las tasas frenarían el crecimiento, pidiendo como es habitual en ellos reducir salarios, las transferencias sociales y las pensiones.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, junto al presidente Mauricio Macri.
La exdirectora gerente del FMI, Christine Lagarde, junto al presidente Mauricio Macri, en momentos de la rubrica del acuerdo.

La exdirectora gerente del FMI, Christine Lagarde, junto al presidente Mauricio Macri, en momentos de la rubrica del acuerdo.

En el Informe del 2018 y después de firmado un acuerdo donde se creía en un decrecimiento de la de la deuda, se hablaba de nuevo de la poca probabilidad del sostenimiento de la deuda y siguieron desembolsando fondos, que posiblemente en una parte se transferían al exterior. Conociendo minuciosamente la fuga de capitales eso no constituyó ningún obstáculo para celebrar el Stand by por u$s50.000 millones y ampliarlo meses después a u$s56.500 millones.

Si bien al FMI no le está prohibido efectuar préstamos a países que transfieren capitales, si les está prohibido a los países hacerlo. Pero además, el FMI tiene la obligación de advertir al país. Si este no efectúa el control debido, tiene que inhabilitarlo, tal como lo establece el artículo VI de su Carta Constitutiva. Nada de eso ocurrió y de allí la enorme responsabilidad de la institución que seguramente se manejó de acuerdo con las expectativas de los Estados Unidos, que necesitaba tener a Macri bien alineado con sus políticas, ya que este país es el único que por su nivel de cuotas tiene un enorme poder de decisión y de veto en el organismo.

Sin perjuicio de los propios análisis hechos por sus técnicos, los propios funcionarios del gobierno de Macri sabían que la deuda no se iba a poder pagar. También sabían de todas las dificultades sobrevinientes de las políticas que se estaban instrumentando. Prueba de ello, es lo consignado ya en junio del año 2017, en el “inclosure” del Anexo del bono a 100 años, donde se consignaba:

1.- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario.

2.- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central.

3.- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico.

4.- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017.

5.- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro.

6.- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país.

7.- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina.

8.- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones.

9.- El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina.

10.-Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país.

11.- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.

12.- No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará.

13.- La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts.

Si esto se planteaba a los mercados financieros en el ofrecimiento de ese bono, el FMI obviamente estaba al tanto que prestarle a la Argentina en esas condiciones era sumar un problema al sostenido endeudamiento que se estaba llevando a cabo. Pero como la institución siempre colabora para que se pueda pagar a los mercados financieros, no tuvo ninguna dificultad en volver a endeudar a la Argentina a través del préstamo más grande de su historia, con las consecuencias que están a la vista.

Nada de esto debería asombrar, si conocemos cuál ha sido la historia de las relaciones del FMI con la Argentina, a través de sus 28 acuerdos, donde siempre estuvo presente el ajuste, los condicionamientos y la fijación de políticas públicas que fueran coincidentes con los lineamientos de la institución. El ejemplo más relevante de estas políticas ocurrió cuando se instrumentó el Plan Brady en 1992, donde el FMI para apoyar el ingreso al Plan exigió la modificación de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio y la venta de todas las empresas públicas, especialmente la petrolera estatal. La consecuencia fue un gran negocio con la venta de los bienes públicos, comprados a vil precio por los bancos extranjeros.

Dejando de lado la palabra oficial, que pareciera no querer ahondar en las diversas responsabilidades que generaron la descomunal hipoteca que venimos arrastrando desde el final de la dictadura cívico-militar, es necesario puntualizar en quiénes son los que decidieron endeudar a la Argentina, afectando no solo las finanzas públicas y el futuro económico, sino fundamentalmente empobreciendo cada vez más a un pueblo, en beneficio de un conjunto de especuladores y buitres de variada especie, aunque el eufemismo habitual con que se los trata, los designe como “mercados financieros”.

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO

Durante la gestión de Macri se dieron ciertas particularidades, en cuanto a las vinculaciones de algunos funcionarios con los bancos que intervinieron en el pago a los holdouts, como también a aquellos que actuaron como compradores o colocadores de los bonos soberanos emitidos por el gobierno.

Funcionarios como el ex ministro Luis Caputo habían tenido cargos de responsabilidad en el Deutsche Bank, del cual llegó a presidente de la filial Argentina. Todas esas vinculaciones le permitieron a él y a otros miembros del gabinete como el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, y al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, emitir bonos por un lado y comprarlos por el otro, o comprar Lebac, y venderlas para pasarse al dólar sabiendo de su posterior aumento. Todo ha sido probado en la Justicia federal en una causa donde la Fiscalía Federal N° 6 ha solicitado la indagatoria de esos ex funcionarios por la posible comisión de delitos de acción pública.

Dólares

Pero además desde el propio ex presidente Macri hasta los distintos funcionarios que pasaron por el Ministerio de Hacienda (su anterior denominación) o el Banco Central, insistieron que había que gobernar con deuda, debido a que los mercados estaban muy dispuestos a prestarle a la Argentina. Según Macri, era la única opción para afrontar el déficit fiscal dejado por el gobierno anterior. A pesar de que no existía capacidad de repago de esa deuda, se lanzaron a una aventura peligrosa, de la que hoy estamos pagando las consecuencias. El préstamo con el FMI fue la culminación de una desastrosa conducción de una economía llevada adelante sustentada solamente en pedir plata y renegociar permanentemente las obligaciones, hasta que el mercado financiero dijo basta.

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO

Aunque los legisladores suelen hacerse los distraídos en cuanto a sus responsabilidades sobre el endeudamiento y se habla de la “deuda de Macri”, existen responsabilidades compartidas. Toda la deuda emitida durante estos últimos cuatro años, incluidos los bonos que sirvieron para pagar a los fondos buitres, fueron autorizados por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral de seguimiento y control de la deuda pública nunca funcionó como debía.

Esa responsabilidad incluye el préstamo con el FMI, porque nunca se quiso modificar el art. 60 de la Ley.24.156, que permitía al Poder Ejecutivo contraer una deuda sin ser autorizada por el Congreso, además de facultar a la Oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, renegociar con amplias facultades la deuda pública. A pesar de los distintos proyectos que redacté en mi carácter de asesor legislativo desde el 2010 hasta 2019, solo se consiguió la firma del senador Fernando Solanas. Los proyectos nunca fueron tratados, ni siquiera en Comisión.

LA RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL

Después del fallo dictado por el juez federal Jorge Ballestero en julio del 2000, donde estableció parte de la ilegalidad de la deuda de la dictadura, se continuaron las acciones judiciales. Este autor presentó una importante cantidad de documentos que se sumaron a las constantes presentaciones del fiscal Federico Delgado, para que se establezcan las responsabilidades del endeudamiento, indagar a los presuntos responsables y para que tomen intervención los organismos de control, como la Procuración del Tesoro de la Nación. Excepto acumular papeles y testimonios en el juzgado federal N° 2 y a pesar de los informes oficiales de peritos del Banco Central, la Justicia no ha hecho nada y las causas, parecen destinadas a que se llenen de tierra en los archivos de Comodoro Py.

LA RESPONSABILIDAD DEL BANCO CENTRAL

Cuando se habla de la deuda se habla muy por encima del descomunal endeudamiento del Banco Central, cuyas políticas durante la gestión macrista llegaron al extremo de convertirse en un organismo cautivo de la especulación de los mercados. En efecto, para evitar que los especuladores compraran moneda extranjera se aumentaba la tasa de política monetaria, y cuando ésta no les resultaba suficiente, volvían a la inversión en dólares hasta que conseguían nuevos aumentos. Esta maniobra llevó la tasa al 85%, con una emisión de Leliq de un más de un billón de pesos. No se sabe quiénes compraban esas letras -excepto la autoridad monetaria-, ni quienes invertían en los pases pasivos, y no hubo límites a la especulación hasta la llegada del actual Gobierno, que encontró un Banco Central con un patrimonio devastado.

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Banco Central.

Banco Central.

Como todavía no se explicitó el plan del gobierno respecto de la deuda establecer pronósticos es hacer futurología. Lo único cierto es que la deuda se va a pagar, que en ningún caso se va a cuestionar su legalidad e ilegitimidad, y que tampoco se van a establecer responsabilidades. La deuda seguirá constituyendo una pesada carga para el futuro económico de la Nación.

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