Opiniones

La actividad financiera del Estado y el rol de los impuestos

A priori, parecería que desde hace décadas el Estado es glotón, con un problema de obesidad patente, y además ineficiente en el cumplimiento de sus objetivos financieros.

Rumores sobre un posible impuestazo patrimonial, otros sobre una posible suba de la alícuota del impuesto a las ganancias, traen muchas preocupaciones para contribuyentes y empresarios, y nos llevan a reflexionar sobre la actividad financiera del Estado, y el rol de los impuestos como recurso.

La actividad financiera del Estado es económica, pero por sobre todo política. La forma en que se manejan las finanzas públicas siempre ha respondido a la política de turno y a la concepción ideológica de sus autoridades.

Actualmente se concibe al Estado como la sociedad política organizada y dotada de poder coercitivo para alcanzar los fines que el mismo se propone, tal como lo define la escuela de Griziotti. Los fines estatales son políticos.

Contrariamente a lo que se podría pensar, es el gobierno de turno el que define las necesidades públicas y en base a ello dispone recursos para satisfacerlas, no es el pueblo el que define las necesidades públicas. Las necesidades públicas son tales porque el Estado las asume como propias.

Actualmente el Estado es protagonista de la actividad financiera, tiene una función de productor de servicios públicos y redistribuidor de la riqueza.

El rol del Estado actualmente tiene un marcado corte “intervencionista”, lo cual se refleja con la impronta financiera, es decir, con “finanzas intervencionistas”. El objetivo se presenta como “fortalecer la actividad pública a nivel económico y social”, destacando al Estado en un plano de “superioridad”.

El intervencionismo se ve apoyado por grupos que se organizan y potencian con la bandera de una “distribución justa de la riqueza”.

Existen distintos instrumentos de política fiscal: el sistema tributario, el presupuesto, el gasto público y el crédito público.

Con el gasto público se pretende reemplazar el consumo particular relegado, apuntando a un incremento de la demanda, para que con un efecto multiplicador se logre un incremento adicional de la renta nacional.

La política presupuestaria intervencionista no persigue la idea de un presupuesto equilibrado, sino que concibe al Estado como un verdadero motor de política fiscal.

El intervencionismo deja de lado la idea de “neutralidad en la imposición” -que acuñaron los clásicos- para buscar fines extra-fiscales, una finalidad económico-social. El Estado, por medio de los impuestos, está llamado a recaudar fondos de las clases adineradas para distribuirlos en forma de beneficios y servicios públicos a los más necesitados.

Más allá de la concepción ideológica del poder de turno, lo que no podemos dejar de analizar es la ecuación básica de todo presupuesto, según la cual: ingresos – gastos = equilibrio (0), superávit (+) o déficit (-).

Ante una necesidad presupuestaria, la historia financiera de nuestro país demuestra que la política fiscal ha sido la de equilibrar la ecuación mediante recursos tributarios: subir los impuestos. También así queda expuesto con las intenciones del nuevo gobierno con respecto al súper impuesto al patrimonio, por ejemplo.

Cualquier ciudadano de a pie conoce, y vive día a día, es que si no cierra la ecuación presupuestaria, también corresponde revisar y reducir los gastos.

Sea cual fuere la concepción ideológica de un gobierno, no pueden ignorarse las premisas básicas de eficacia y eficiencia. La eficacia es lograr el efecto deseado, la eficiencia cumplir adecuadamente una función.

En términos financieros, ¿el Estado es eficaz? ¿Es eficiente? Para ello no sólo hay que ver si se generan los ingresos pretendidos (si se recauda bien), sino también en qué se gasta.

A priori, parecería que desde hace décadas el Estado es glotón, con un problema de obesidad patente, y además ineficiente en el cumplimiento de sus objetivos financieros.

Algunas preguntas que podemos hacernos: ¿Ha crecido el empleo público? ¿Qué relación existe entre el crecimiento del gasto y la mejora en las respuestas a ciudadanos, cumplimiento de objetivos, servicios, etc.?

¿Cuántas sesiones ha tenido el Poder Legislativo? ¿Qué cantidad de proyectos presentó por cada legislador? ¿Cuántos asesores tiene cada legislador, qué han hecho en concreto? ¿Cuánto le cuesta cada legislador al país? ¿Cuántas horas han trabajado?

Por otro lado, debemos evaluar también las obras públicas. Desde la necesidad o prioridad de las obras, el costo de las mismas, la concreción en tiempo y forma, etc.

Para gran parte de los ciudadanos el costo impositivo que vendría a cubrir la provisión de servicios públicos está duplicado: se pagan impuestos, pero además se eroga en servicios privados que no son cubiertos por el Estado. Es decir, se pagan colegios privados, seguridad privada en la cuadra o en el consorcio, salud privada, un seguro de retiro. Todo ello por ineficiencia del Estado en la provisión de ciertos servicios públicos, tanto en efectiva prestación como en calidad.

En resumidas cuentas, a la actividad financiera del Estado no puede quedar en cobrar impuestos, en aumentar impuestos. Hay que revisar los gastos, se debe gastar bien! Mínimamente, se deben aplicar dos requisitos que se exigen en una economía hogareña: eficacia y eficiencia.

(*) Contador Público – Lisicki, Litvin & Asoc.

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