Opiniones

Distorsiones de la inflación en los impuestos

En la Argentina este flagelo esta enraizado y habrá que convivir con él en niveles del 2% mensual, ósea 24% anual lineal, acumulado se potencia.

Todos sabemos lo que significa la inflación, sus efectos perniciosos sobre la población en general y la economía de un país en particular. Economistas consultados por los medios pregonan y seguramente con razón, que en la Argentina este flagelo esta enraizado y habrá que convivir con él en niveles del 2% mensual, ósea 24% anual lineal, acumulado se potencia. El empresario, el ciudadano, las partes que contratan en sus acuerdos toman como valido esta premisa inflacionaria.

Desde 1978 se han dispuesto normas para contemplar su efecto en la determinación del impuesto a las ganancias. En 1985 se agregó el denominado ajuste dinámico y así lograr un método más equitativo y correcto. Desde 1992 están congelados los índices aplicables, lo cual no varió a pesar de la debacle de 2001. Judicialización mediante para brindar equidad gran cantidad de contribuyentes triunfaron en su contienda.

Estamos en 2019 y aun no están vigentes - en forma plena e incondicional- normas legales que actualicen todas las variables económicas que intervienen en la determinación e ingreso de impuestos en nuestro país.

Todos ya conocen que la Ley 27.430 (29/12/2017) (Reforma Tributaria) dispuso porcentuales inflacionarios, a partir de los actuales habilitaba contemplar la perdida o ganancia producida por la exposición patrimonial según valuaciones impositivas. El coeficiente utilizable era el IPIM (Índice de Precios Internos Mayoristas) y la barrera que debía cruzarse para estar autorizado a determinar una renta más real en lugar de absolutamente ficticia, era que la inflación de 3 años siguientes fuera mayor al 100% nominal.

Lejos estábamos con esa norma legal de lograr razonabilidad y equidad, cuando el arco se cambió de lugar. La inseguridad jurídica se incrementó al disponer la ley 27.468 (4/12/2018): a) Sustituir el coeficiente de medición por el IPC (Precios Consumidor) obviamente de porcentuales inferiores, b) Incrementar sensiblemente el umbral en el primer ejercicio a un 55% en lugar de un 33%.

Conclusión el cierre del 30/4/2019 por superar el nuevo parámetro de la desvalorización monetaria, deberá determinar el efecto inflacionario para su balance impositivo. Podrá ser perdida si el capital expuesto fuera positivo, pero si sus deudas superan a sus activos, está obligado a registrar la ganancia por exposición a la inflación. Contemplar dicho efecto en la determinación del impuesto a las ganancias final es algo reclamado al unísono por empresarios, profesionales y entidades que los nuclean.

La noticia debería ser bienvenida, pero la óptica para varias actividades no es así.

Empresas endeudadas hace muchos años, se les permitió evitar reconocer la ganancia por inflación a pesar de licuarse sus pasivos. La no aplicación del ajuste por inflación les implicó un gran beneficio. Su renta manifestada en las declaraciones impositivas legalmente fue sin duda menor a la realidad económica.

Empresas con activos monetarios relevantes y obligación de valorizar al cierre su stock de bienes de cambio según precios de mercado, -por caso las agropecuarias - se les prohibió registrar la perdida real afrontada al liquidar su impuesto a las ganancias.

A partir de la nueva exigencia de aplicar la corrección de la inflación para cierres a partir de Abril, su efecto será repartido en 3 ejercicios fiscales, impactando solo 1/3 para el primer período y los 2/3 restantes para los futuros ejercicios. Dichos diferimientos se mantienen a valores nominales, es decir no se actualizan perdiendo su efectivo valor al momento de ser aplicado como ajuste impositivo. Esta situación acentúa las inequidades marcadas entre las situaciones de las empresas mencionadas.

Los anticipos, pagos a cuenta diversos, retenciones y percepciones que sufra una empresa, están justificados por la generación constante de renta a medida que transcurre el ejercicio fiscal. Sin embargo, resulta injusto que estos conceptos no se actualicen al ser computados en la declaración impositiva final. Es cierto que el saldo a pagar podrá tener también el mismo tratamiento.

Los quebrantos impositivos corresponden a resultados de compartimentos estancos que son los periodos anuales, siendo ello convencional, pues la renta debe medirse a lo largo de la vida de la empresa. A partir de la reforma de 2018, existen opiniones diversas sobre su posible actualización por aquellas pérdidas acumuladas no utilizadas de periodos no prescriptos. Compartimos el criterio y razonamiento del Dr. Martin Caranta, quien concluye en la posibilidad de trasladar los quebrantos corregidos por el IPIM (art 19 LIG).

Se actualizan los bienes de uso- muebles e inmuebles- que se hayan incorporado al patrimonio de las empresas a partir de los cierres iniciados desde el 1/1/2018. Ese "derecho" se amplía a las compras o adquisiciones anteriores, solo cuando se halla adherido al Revalúo Impositivo optativo y remunerado dispuesto en la propia ley 27.430. Su porcentual del 8% para los inmuebles excedió el 5% del blanqueo aplicable a los mismos, cuestión inaceptable. Claro está que ello repercute directamente en las amortizaciones por desgaste deducibles del impuesto.

La normativa exigió para su acogimiento, renunciar toda acción y derecho vinculado con el ajuste por inflación, pretensión injusta y coactiva.

Las distorsiones manifiestas en la medición de la renta y la consiguiente carga fiscal soportada por las empresas sin contemplar la efectiva capacidad contributiva, lleva a incrementar costos de productos elaborados y de servicios prestados cuyo efecto directo es un nuevo incremento de precios internos y la exportación de impuestos que impiden una sana competencia.

No olvidemos que la inflación es como el diablo, porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Por este motivo resulta indispensable resolver finalmente esta temática, proponiendo los políticos soluciones de fondo que logren respetar en forma cabal el principio básico constitucional de equidad y capacidad de contribuir.

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