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Otra vía para reforma laboral: canje por paritarias a gremios

Tras fracasar en el Congreso y en la discusión por sectores, el Gobierno pareció encontrar en las negociaciones salariales la alternativa para modificar condiciones de trabajo. Desde el Ejecutivo ya habían hecho saber que volverían a intentarlo mediante la discusión sobre haberes.

El más novedoso intento por implantar una reforma laboral comenzó a desplegarse en las últimas paritarias, que coinciden con algunos de los gremios más opositores al Gobierno. La modalidad, con una sugestiva sincronía, pudo constatarse en las respuestas de los empresarios ante los pedidos de aumentos salariales de los camioneros, los bancarios, los marítimos y los ceramistas, por lo menos. El objetivo, en general, es reducir el peso de los salarios en el costo laboral de las actividades vía reducción o anulación de pagos vigentes o extensión de las actividades.

Se trata de una reversión vía paritarias de los planes fallidos de la administración de Mauricio Macri vía el Congreso, adonde los cambios en las leyes laborales no pasaron de las discusiones preliminares, y por sectores, en los que tampoco logró avanzar con excepción de los petroleros de Vaca Muerta, los lecheros en SanCor y algunos gremios marítimos entre otros casos puntuales. Desde el Ejecutivo ya habían hecho saber que volverían a intentarlo mediante las negociaciones salariales, pero recién en el último tramo, en el que discuten con sus patronales sindicatos lejanos a Cambiemos, tomó impulso.

El nuevo emprendimiento coincide con la nominación del peronista Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri para su reelección y con los mensajes de funcionarios de que en ese caso las reformas laboral y previsional tendrán prioridad. “Tenemos el desafío de modernizar nuestro sistema laboral y nuestra relación de reglas para que puedan adaptarse a las nuevas formas de producción y darles una salida no sólo a los nuevos trabajadores, sino a los que quedaron excluidos del sistema”, dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en una entrevista con AM 750 el sábado.

La semana pasada, y ante el reclamo de Camioneros de un aumento salarial de 46% y de fijar cada año un bono que en 2019 debería llegar a $20 mil, la principal cámara empresarial del transporte de cargas, Fadeeac, contestó con una carta en la que supeditaba el otorgamiento de una suba a la discusión de once puntos del convenio colectivo 40/89, de la actividad. De inmediato Pablo Moyano, jefe adjunto del gremio, rechazó el planteo y advirtió que en caso de insistir en esa línea los dueños de los camiones se enfrentarán “a un gran quilombo” con la organización que podrá incluir medidas de fuerza.

En algunos de los puntos, Fadeeac sugirió reducir de 100 a 50% el pago adicional por horas extras, considerar transporte de larga distancia a partir del kilómetro 300 y no del 100, como sucede ahora, y derogar los adicionales que cobran los camioneros patagónicos de entre 20% y 40%. También, bajar el adicional de 1% por año de antigüedad (se duplicó durante el kirchnerismo); aplicar a los choferes del rubro petrolero la misma flexibilización que se pautó en Vaca Muerta; bajar dotaciones mínimas en rubros como aguas gaseosas; crear bancos de horas y jornadas reducidas, y facilitar suspensiones.

Varios de esos tópicos estaban contemplados en un proyecto que el Gobierno presentó como de “blanqueo laboral”, pero que incluía cambios en la ley de Contrato de Trabajo y que no pasó del debate preliminar con la CGT, justamente, por oposición de Hugo y Pablo Moyano (líderes del opositor Frente Sindical por el Modelo Nacional) a convalidar un mayor margen para la tercerización laboral. La avanzada sobre el convenio mediante Fadeeac no es azarosa: la entidad empresarial, que creció como pocas gracias a las gestiones del propio Moyano para dotarla de más ventajas durante la década de 2000, cambió de autoridades el año pasado por una conducción más ligada al sector pyme del transporte y muy cercana a Cambiemos.

Casi en simultáneo la discusión salarial de los bancarios quedó cruzada por planteos flexibilizadores del convenio sectorial por parte del Gobierno y las cámaras patronales. El Banco Central y Adeba, la principal entidad de la banca nacional, pública y privada, coincidieron en propuestas para estirar la jornada laboral de siete horas (con cinco de atención al público, de 10 a 15), habilitar tareas durante los fines de semana y autorizar actividades financieras en “agencias complementarias” en comercios.

El gremio que conduce Sergio Palazzo, referente de la también disidente Corriente Federal de Trabajadores, respondió con el rechazo a esa pretensión empresarial de modificar el convenio 18/75 y denunció que la demora en aplicar nuevos aumentos provisorios en función de la todavía vigente cláusula gatillo de 2018 dejaba el terreno allanado a un conflicto.

El sector marítimo, en tanto, fue uno de los primeros escenarios en la actual ronda de paritarias en establecer una disputa abierta entre el gremio, por un lado, y las empresas navieras y el Gobierno, por otro. El conflicto escaló hasta llegar a una demanda penal por parte del interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, contra la conducción del gremio por supuestos “entorpecimiento de vías navegables y amenazas”. El funcionario intentó homologar la acusación que llevó a la cárcel al ex-SOMU Omar “Caballo” Suárez con la respuesta a un paro formal de los actuales dirigentes del sindicato, cercanos a Moyano.

La chispa fue la negativa del gremio, conducido por Raúl Durdos, a convalidar una modificación en su convenio colectivo a cambio de pactar una suba salarial. Algunas reformas la Federación Naviera (FENA) ya había obtenido de varios de los otros sindicatos marítimos, como el Centro de Capitanes de Ultramar. Entre otros puntos que el SOMU se negó a negociar figuraba el pago que perciben los marítimos por los días desembarcados, que en la propuesta de la FENA se reducía a la mitad.

Otro sindicato que debió lidiar con reclamos empresariales de esa índole fue el de ceramistas. La Focra, también cercana a Moyano, venía de una discusión casi permanente desde el año pasado y había logrado empatar en mayo la inflación interanual con un aumento del 55,8% y chocó en su intento por discutir la paritaria de 2019 con un planteo de reducir el pago por antigüedad y establecer un nuevo régimen de suspensiones (ambos puntos similares a los sugeridos a los camioneros) y derogar los aportes especiales de las compañías a la obra social.

Entre los abogados laboralistas de esos gremios advirtieron que los reclamos parecen responder a un mismo guión y dijeron que algunos empresarios les reconocieron que hubo sugerencias en ese sentido en el equipo de Sica. Los colaboradores del ministro sólo reconocieron a este diario que los planteos forman parte de mecanismos habituales de búsqueda de mayor competitividad mediante el diálogo social.

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