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Peligra la estrategia del Gobierno para bloquear amparos colectivos

REVÉS IMPENSADO: CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL DIO LUZ VERDE A JUZGADOS DEL INTERIOR - Fallo pulveriza táctica de la Procuración del Tesoro para centralizar causas por tarifas (gas) en Capital Federal. Habilita a que juzgados federales de todo el país puedan decidir sobre demandas. También se activó "fondo sojero".

De manera sigilosa, una interna judicial desató un terremoto que puede poner en peligro toda la estrategia del Gobierno para encapsular causas colectivas por tarifas (pero también por otros conflictos) en un tribunal de la Capital Federal. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso, sorpresivamente y contra todos los pronósticos, que el Juzgado Federal de Junín (Buenos Aires) sea competente para resolver un amparo colectivo de alcance nacional contra la suba del gas de 2017. La decisión puso en crisis la táctica de “escudo anticautelares” diseñada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías. Exitosa hasta el momento, buscaba plantear inhibitorias para que los jueces del interior del país tuvieran que derivar sus causas al fuero contencioso porteño bajo el argumento de las decisiones que eran judicializadas habían sido dictadas por áreas del Estado que tenían asiento dentro de los límites de la General Paz. La sincronía que tuvo la Casa Rosada con ese estratégico fuero para la gobernabilidad parece haberse agrietado tras este fallo, que podría habilitar a que otras megacausas por aumentos sigan los pasos de lo que ocurrió con el gas en 2016.

Pero la señal de alarma para la “mesa judicial” que asesora a Mauricio Macri no se agotó con esa resolución firmada por el juez Rodolfo Facio y las camaristas Clara Do Pico y Liliana Heiland. Dos días después, fue la Justicia federal de Azul la que rechazó un planteo del Estado para llevar el caso por la restitución del Fondo Sojero a la Capital Federal, y se declaró competente para tratar la impugnación (una de las tantas) que realizó la Municipalidad de Roque Pérez contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminó el Fondo Federal Solidario a través del cual se transfería a provincias y municipios 30% de la recaudación por retenciones a la soja. Esa jugada fue previa a que la Corte Suprema definiera su agenda de temas y deslizara que el reclamo de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa por el Fondo Sojero podría tener tratamiento “sorpresa”, intercalado con el cronograma anunciado, como informó Ámbito Financiero. Ambos asuntos, que tuvieron un vuelco judicial en cuestión de horas, representan una amenaza a la tranquilidad que el Gobierno creía haber construido para casos sensibles de alto impacto fiscal.

Hace dos años, la Dirección de Defensa del Consumidor del Municipio de Leandro N. Alem demandó al Ministerio de Energía, el Enargas y Camuzzi Gas Pampeana junto a otras ONG. La causa, inscripta en el registro de Procesos Colectivos de la Corte para todos los usuarios residenciales del país, fue frenada por el Gobierno ante la posibilidad de que emulara lo que había ocurrido en La Plata con el caso CEPIS que terminó en un revés de la Corte. A través de sus apoderados, el oficialismo desplegó su estrategia para que el juzgado federal de Junín a cargo del juez Héctor Pedro Plou se abstenga de intervenir. Allí se planteó el primer conflicto: se intentó centralizar todo en el juzgado contencioso administrativo federal N°8. El juzgado de Junín resistió pero la cuestión, gracias al “toqueteo” normativo que el kirchnerismo hizo de la Ley de Cautelares motivó que sea la Corte la que avale que todos estos conflictos de índole patrimonial sean resueltos por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno descansó en la buena relación que mantenía con ese fuero, clave para garantizar que no hubiera obstrucciones a sus decisiones políticas, vía el hombre fuerte de esos tribunales, el camarista Sergio Fernández.

En el camino, el Ejecutivo -tal como informó este diario-, bajo la lapicera de Mauricio Macri, extendió al Senado la nómina de 6 candidatos a jueces lo que delinearía el 50% de los juzgados de primera instancia de ese fuero. En un escenario controlado, no previeron este revés que puede avivar focos de rebelión en juzgados federales de varias latitudes que se habían quejado del “unitarismo” que implicaba que todo lo sensible se defina en Capital Federal.

El trío de camaristas sostuvo que la competencia correspondía al juez que primero había intervenido en el asunto (Junín) y que los restantes jueces deberían remitirle sus propias causas a cualquiera que tuviera competencia territorial para intervenir según el lugar de consumo del servicio público. Resaltó, con contundencia, el rol de los jueces federales del interior del país. Con ello, configuró un antecedente que implica la peor pesadilla para la Casa Rosada en un año electoral: una posible dispersión inimaginable de causas en juzgados fuera del radar oficial que podrían trabar subas tarifarias o bloquear disposiciones del Gobierno.

El lunes pasado, el Juzgado Federal de Azul desestimó enviar su causa por el Fondo Sojero a Capital Federal de manera tajante. Y hasta intimó al representante del Estado a “que deberá acompañar la boleta que acredite el pago del jus previsional previsto en el art. 13 de la ley provincial 6717”.

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