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Pérez Volpin: peritaje demostró que el endoscopio fue adulterado y no funcionaba bien

Diego Pirota dijo que "a partir de esta revelación se manejan dos hipótesis: o se usó otro equipo con Débora o se usó ese equipo y se realizó una conexión clandestina". Añadió que la responsabilidad en ambos casos es del Sanatorio de la Trinidad.

Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, la legisladora fallecida mientras se le realizaba una endoscopía, confirmó que una pericia estableció que el número de serie del endoscopio fue adulterado y que el equipo no funcionaba correctamente.

El abogado aseguró, al hablar con TN, que "el equipo que la clínica dijo que se había usado con Débora tiene el número de serie adulterado y además de todo ese equipo no funciona correctamente". "A partir de esta revelación -indicó Pirota- manejamos dos hipótesis: o se usó otro equipo con Débora o se usó ese equipo y se realizó una conexión clandestina. En ambos casos las autoridades de la clínica tendrán que dar las explicaciones del caso".

"La responsabilidad sobre la adulteración del equipo y el no funcionamiento es atribuible a las autoridades de la clínica y tiene que ver con un encubrimiento, quisieron modificar la escena del crimen, diciéndolo en términos criminalísticos", explicó el abogado.

"Desde un primer momento quisieron modificar también las causas de la muerte, ya que dijeron primero que Débora murió por causas pre-existentes", indicó el letrado. "Los médicos tienen responsabilidad en la muerte y luego del encubrimiento tienen responsabilidad las autoridades de la clínica", manifestó.

El 6 de febrero de 2018 la periodista y legisladora porteña falleció a los 50 años mientras le practicaban una endoscopía. Las pericias determinaron que la muerte se debió a una perforación instrumental del esófago, que no se detectaron enfermedades preexistentes y que las lesiones del estómago encontradas fueron consecuencia de las maniobras instrumentales.

Según se desprende del expediente, los peritos pudieron concluir que "el endoscopio no funciona correctamente en todas sus prestaciones".

El endoscopista Diego Bialolienker y la anestesista Nélida Inés Puente están procesados y embargados por "homicidio culposo en grado de coautores" y enfrentan "penas de uno a cinco años de prisión más una pena accesoria de cinco a diez años de inhabilitación para ejercer la actividad médica", precisaron las fuentes.

Para evitar el proceso, Bialolienker había propuesto realizar tareas comunitarias, pero los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazaron por unanimidad la "suspensión del juicio a prueba".

El tribunal, integrado por los magistrados Patricia Llerena, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, decidió que no correspondía aplicar el beneficio porque el mínimo de la pena para homicidio culposo, cinco años, excede el plazo del juicio a prueba, que es de un máximo de tres. También argumentaron que el Ministerio Público Fiscal recomienda no otorgar la "probation" cuando en los procesos haya otros imputados a los que no les asiste el beneficio.

El juez que lleva la causa, Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, cerró la instrucción el 20 de septiembre pasado y elevó el caso a juicio oral.

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