Política

Piden que Castagnola declare en juicio oral por Oil

La defensa del empresario Fabián De Sousa pidió ayer al Tribunal Oral Federal N°3 que cite como testigo en el juicio oral por Oil Combustibles al extitular de la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Alberto Abad, Horacio Castagnola. Y desafió a la AFIP, al asegurar que su querella se opondrá al pedido para que el exfuncionario testifique respecto al procedimiento que regía en el organismo para el otorgamiento de los planes de facilidades de pago regulados por el denominado Artículo 32, eje de la causa por supuesta defraudación. Su antecesor, Rubén Toninelli había declarado en la causa “Oil 2” que esas herramientas eran la mejor solución para asegurar el cobro de los créditos ante dificultades financieras. Pero De Sousa también calificó como “el mayor esquema de corrupción que es el gobierno que gobernó la argentina de 2015 a 2019”, en clara alusión a Cambiemos. Hace apenas 24 horas, el actual titular de AFIP Leandro Cuccioli fue imputado penalmente por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de una causa que investiga una asociación ilícita encabezada por Mauricio Macri por acciones dirigidas contra el Grupo Indalo.

Además, apuntó munición gruesa contra el fiscal Gerardo Pollicita por la serie de omisiones y falencias –muchas de ellas de orden técnico elemental sobre el régimen tributario argentino- que tuvo la instrucción de la causa, y en la que colaboró por la querella el abogado Ricardo Gil Lavedra, contratado de manera privada. Lo consideró un “activo partícipe en el proceso de persecución mediática” y que cumplió una función política además de aludir que quienes redactaron los requerimientos de elevación a juicio parecían carecer de conocimientos tributarios pero eran hábiles “golpeadores de puertas” de los jueces. Nuevamente, la referencia pareció apuntar a Gil Lavedra quien ostentaba el cargo de coordinador del programa Justicia 2020 y en simultáneo llevaba adelante los casos de su estudio de abogados.

Tanto el Presidente como Abad y otros funcionarios y allegados como José Torello, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel y Nicolás Caputo ya fueron imputados en la investigación en manos de la jueza María Servini y donde la fiscalía solicitó que por las maniobras que fueron analizadas sean llamados a indagatoria. Marijuán amplió la investigación sobre el actuar de funcionarios de la AFIP que excluyeron manualmente del sistema informático a las empresas de medios del Grupo Indalo, impidiéndoles acogerse al régimen de facilidades de pago de carácter general implementado recientemente mediante la resolución 4557/2019. “Hay requerimiento fiscal con elementos suficientes para indagarlos, y si esto ocurre, pido que se incorpore” como prueba al juicio, afirmó De Sousa. No solo pidió sumar esos elementos como prueba sino que anticipó las denuncias penales a Eliseo Devoto, Néstor Sosa, Jorge Schiaffini y Jimena Latorre, altos funcionarios de AFIP que fueron los únicos que elaboraron los documentos de los que se nutrió la fiscalía como prueba de cargo en la causa que instruyó Julián Ercolini. Y sorprendió con el pedido de incorporación de los archivos recuperados de dos discos rígidos secuestrados de Oil para que sirvan como prueba. Sigilosamente, la AFIP planeaba incorporarlos por la querella para intentar demostrar que había contactos con los responsables de impuestos de la petrolera y funcionarios de las agencias de AFIP. Ahora, la defensa buscará con esos mismos elementos demostrar que este tipo de intercambios –entre los que figuraba la tasa de interés que iban a pagar para refinanciar las deudas- era un procedimiento de rigor.

“No hay una sola prueba para decir que hubo una organización delictiva y cómo se coordinaban las acciones”, remarcó De Sousa al enumerar que Ercolini nunca efectuó cruces telefónicos, de correos electrónicos o de reuniones en ningún tramo de la causa para establecer el tipo penal de lo que Pollicita denominó una “organización criminal”. Hubo otras consideraciones de orden técnico pero una de las más relevantes se apoyó en algo que es medular para el juicio: De Sousa, Cristóbal López y Ricardo Echegaray están acusados por 4 planes de facilidades, dos particulares (Artículo 32) y dos generales (para todos los contribuyentes). El problema es que la investigación que realizó el tándem Ercolini- Pollicita siempre sostuvo que se los “otorgaron” a los planes y por eso hubo una acusación, pero en los “generales”, es el contribuyente el que “adhiere” a través de internet, sin que “nadie intervenga en el proceso” que está informatizado.

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