Política

Planes de autoahorro: se agita guerra en Diputados por quejas de provincias

Furia en varios distritos por la "falta de información" respecto al riesgo que suponen los reajustes de las cuotas.

En medio del frenético cierre de listas y el clásico shutdown legislativo ante la inminente campaña electoral nacional, el Congreso comenzó a amortiguar la furia que llegó desde varias provincias por los planes de autoahorro. Quien recibió en los últimos meses las quejas de usuarios de todo el país fue Juan Brügge (Córdoba Federal), que empuja en Diputados un proyecto para crear un régimen especial y transitorio para evitar, entre otras cosas, la “falta de información” respecto al riesgo que suponen los reajustes de las cuotas.

San Luis, Buenos Aires, Misiones y Córdoba arrancaron con los primeros reclamos, a los que luego se sumaron los de Mendoza, Río Negro, Santa Fe, La Rioja, Corrientes y Entre Ríos. De hecho, la Defensoría del Pueblo bonaerense adelantó que irá a la Justicia para cuestionar los aumentos de los planes de ahorro para la compra de automóviles cero kilómetro, que en muchos casos alcanzan incluso a la mitad del salario del comprador, y con elementos desde las automotrices que violarían la ley de Defensa del Consumidor.

“Recibimos casos en que las cuotas que aumentaron un 300% en un año y que representan hasta la mitad del salario de quien tiene en un plan de ahorro. Es una situación desesperante que se agrava mes a mes, por lo que es necesario encontrar alguna solución a este drama”, señaló el Defensor del Pueblo de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

Para apoyar su intervención, la Defensoría envió pedidos de informes a la Inspección General de Justicia de la Nación, a la Dirección Provincial de Comercio y a las empresas que administran los planes de ahorro de todas las automotrices, con el objetivo de recabar toda la información necesaria, además de la intervención de las autoridades competentes ante las situaciones denunciadas.

Brügge explicó en los fundamentos del proyecto que la iniciativa busca, entre otras cuestiones, “una regulación para la etapa precontractual y contractual destinada a acentuar la obligación de información relativa a un aspecto que es constante motivo de reclamo por parte de los adherentes y consumidores: la forma de determinación del denominado ‘valor móvil’ y su incidencia en el monto final de las cuotas futuras a pagar por el adherente, tomándose como pauta o criterio equitativo, en razón de la inflación producida en el año 2018, que finalizó con una inflación anual del 47,6%, según informe del Indec”.

También propone una “regulación destinada a los contratos y obligaciones en curso de cumplimiento, estableciendo un criterio de ‘esfuerzo compartido’ en relación al excesivo e imprevisible aumento de las cuotas como consecuencia de diversos factores (inflación, devaluación del peso frente al dólar, cambios de modelos, etc) que exceden las elementales previsiones que pudieron tomar en consideración los adherentes”. En esa línea, el diputado dijo que “se trata de una solución que guarda grandes similitudes con la aplicada en materia de préstamos hipotecarios la cual fue declarada constitucional en repetidas oportunidades por la Corte Suprema”.

Por otra parte, se permitirá que “las autoridades administrativas de aplicación de defensa del consumidor y lealtad comercial puedan tomar participación para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto” en la ley. Ante “el no cumplimiento de las obligaciones impuestas a los proveedores”, se considerará una infracción y se habilitará una eventual intervención.

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