Política

Polémica por el reordenamiento del Tribunal de Cuentas bonaerense

El organismo de control y revisión de las cuentas públicas del Gobierno de Vidal y los municipios aprobó cambios de organigrama. Alertan una por una intromisión de la política partidaria en un ente técnico.

El reordenamiento interno del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires comenzó a crujir. Los trabajadores del organismo de control expresaron una profunda preocupación por los cambios en marcha y las futuras designaciones.

Luego de una votación que modificó el organigrama del Tribunal y creó nuevos cargos jerárquicos, el sindicato APOC alertó por la intromisión de la política partidaria bonaerense en una dependencia donde debería prevalecer el carácter técnico y profesional de los integrantes. Más aún reprochan las actitudes de los directivos de la entidad pública recientemente asumidos.

El ente revisor de las cuentas públicas provinciales y municipales se administra con un cuerpo colegido integrado por un presidente y cuatro vocales, de los que dependen varias secretarías, que históricamente siempre fueron seis. En breve se le sumará la nueva de asuntos legales. Esta incorporación fue uno de los motivos que despertaron descontento y sospechas: en un momento donde las más altas esperas de la gobernanza exigen austeridad, responsabilidad fiscal y ajuste del gasto público el Tribunal amplía su estructura y genera más contratos.

Los trabajadores creen que detrás de los movimientos de organigrama se esconde la intención del oficialismo de desplazar a la mayor cantidad de secretarios actuales para designar en esos cargos a funcionarios políticos. Temen que se deje afuera del organismo al personal de carrera, con amplia experiencia en la supervisión de los gastos del Gobierno provincial, Lotería, IOMA y las comunas. En APOC recuerdan que la tradición es ocupar las secretarías con empleados del Tribunal, según la antigüedad y el mérito.

Pero además, advirtieron que la reestructuración aprobada con tres votos a favor, una abstención y un solo negativo esmeriló el poder del perpetuo presidente del cuerpo, Eduardo Grinberg, quien deberá ceder a los vocales la injerencia en nombramientos. Trascendió que al menos dos secretarios en funciones tendrían los papeles de retiro listos, incluso sin los años necesarios para jubilarse, y que otros dos serían directamente desplazados sin demasiado fundamento.

Para Grinberg quedarían dos secretarías: Administración y RRHH y Relaciones Institucionales. Mientras que los vocales, que juraron unos meses atrás y ya avanzaron con tamaña reforma, se repartirás las otras cinco. La novedosa Secretaría Legal y Técnica quedaría bajo la órbita de Gustavo Diez, el máximo auditor de la administración de María Eugenia Vidal.

Los puestos en el Tribunal son comparables al de los jueces: son vitalicios para trascender a los gobiernos que deben controlar y ostentan independencia del Poder Ejecutivo.

El vocal Diez y su colega Ariel Pietronave asumieron por recomendación de Cambiemos. Juan Pablo Paredo llegó con la bendición del peronismo de Lomas, mientras que Daniel Chillo se vincula al massismo. Los oficialistas Diez y Pietronave y el opositor Paredo son los que votaron a favor del polémico reordenamiento del Tribunal.

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