"Servicios no personales": el circuito irregular de los "fondos reservados" de la AFI

Política

El manejo discrecional de dinero en la exSecretaría de Inteligencia no requería rendición alguna y era validado de manera informal. Próximo objetivo: desembarco en Aduanas y revisión de personal.

Una planilla de papel era confeccionada por cada dirección que lo solicitaba. Allí se consignaba el nombre de la “operación”, y además los montos presupuestados para viáticos, nafta, alimentos y demás necesidades, que al final debían ser rendidos con “tickets”. Pero a continuación, bajo el elíptico rubro de “servicios no personales” y sin ningún tipo de contraprestación, se incluían montos –de hasta cifras exorbitantes- para los denominados “gastos reservados” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Esta metodología, absolutamente informal, habilitaba todo tipo de discrecionalidades que ahora comenzaron a ser analizadas por la intervención en la central de espionaje. Tras seguir un protocolo interno de validación por el que circulaba por distintos despachos, la planilla terminaba siendo autorizada, como instancia final, por la misma dirección que había solicitado el dinero en un comienzo. Bajo ese sistema, el área de finanzas de la AFI (que durante los últimos cuatro años estuvo al mando de Juan José Gallea) remitía la plata. Este laxo circuito de administración fue la clave del despilfarro de fondos reservados que, para este año, estaban calculados en $1400 millones en el Presupuesto 2020 que finalmente no se aprobó.

Identificado el canal informal por el que se derivaban fondos con destino desconocido –algunos podrían estar justificados dentro de la operatoria normal del organismo para la producción de inteligencia-, el objetivo central de la fiscal Cristina Caamaño será estrangularlos al máximo. Parte de la tarea de fiscalización de ese rubro estará a cargo de un auditor de la Sigen, cuando se plasme el convenio sobre el que se avanzó el miércoles.

Sólo las áreas operativas podían hacer uso de los fondos reservados, algo vedado para sectores administrativos. Pero el descontrol de gastos también alcanzaba otras dependencias: como ejemplo, se rechazó una orden de compra para posa vasos de cortesía con el logo de la AFI por un valor de $18.000 + IVA. Algo similar ocurría con los proveedores: Caamaño tuvo un accidente de tránsito cuando otro conductor chocó uno de los autos oficiales (blindados) en los que se desplazaba y arrancó el espejo retrovisor. El taller mecánico habitual de la ex-SIDE pasó un presupuesto de arriba de un millón de pesos por arreglar la chapa, pintura y el blindaje, y una cifra cercana a los $300 mil por el espejo. Fue rechazado. Días más tarde, mejoró el precio: pidió trescientos mil por todo concepto. Decidieron cambiar de taller.

Los ejemplos hallados sirven como muestra de la opacidad en el manejo de las cuentas de la AFI que se remontan a prácticas históricas pero que tuvieron un hito con el Decreto 656/2016 que devolvió a la oscuridad todo tipo de erogación vinculada a la AFI. Bajo este marco normativo “reservado”, la central de inteligencia tuvo en 2016 una partida de $1450 millones; en 2017 de $1.800 millones; en 2018, $2176 y el año pasado, la cifra asignada a la AFI alcanzó los $2659 millones. Si se respeta la proporcionalidad de lo previsto para 2020, un 40% de ese dinero fue destinado a “fondos reservados” con fines operativos y el resto al pago de la nómina (que no está bancarizado y se realiza mediante sobres entregados en mano con efectivo). Esto infiere que los gastos reservados exceden los $3 mil millones en cuatro años cuyo destino es inescrutable.

También hubo modificaciones de estructura. De las 105 direcciones que recibió Caamaño de la gestión de Gustavo Arribas, se regresó al organigrama previo a 2015 con 65. Se removieron todos los directores designados durante el macrismo y, según avanza la intervención, el próximo paso será desembarcar en Aduanas, nicho que siempre se sospechó tuvo una relación directa con actividades ligadas al contrabando, como negocio colateral. Esta área es crítica por lo sensible que históricamente ha sido el nexo en las investigaciones que debía realizar la exSIDE vinculadas a este delito. Es el vaso comunicante además con otro sector del Poder Judicial. El Gobierno declama que cercenará el vínculo entre justicia y servicios de manera taxativa.

La estrategia gira en torno a dos ejes: el primero, quitar funciones como auxiliar de justicia (algo que deberá ser acompañado por una modificación en la Ley de Inteligencia) y limitar mediante disposiciones internas la participación en casos, por ejemplo, homicidios, que están lejos de los objetivos de seguridad nacional. El segundo, “secar” la plaza de “fondos reservados” para obturar cualquier vínculo ilegal que pudiese estar nutrido a partir de esos pagos ilegales. Esto, calculan, generará una reorganización natural que incluirá tanto a posibles destinatarios en tribunales como a bufetes de abogados y el mundo de la comunicación y las agencias privadas de inteligencia.

Del personal nombrado en los últimos 4 años –que daba un promedio de 13 personas por dirección- cada departamento está confeccionando listados de “prescindibles”, cuando se analice legajo por legajo de la planta heredada. No obstante, los 1405 empleados deberán someterse a un examen previo para evaluar competencias y definir su continuidad. Luego, comenzarán a cobrar sus sueldos de manera bancarizada, como todo el resto de la administración pública.

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