Amenaza de incidentes por el bloqueo de barcos a Uruguay

¿Se animará ahora el gobierno a quebrar su política de consentir las protestas callejeras que hasta ahora toleró? ¿Cómo explicará que el costo ante la opinión pública de permitir que se interrumpan los barcos que llevan turistas hacia el Uruguay ahora le hace cambiar lo que parecía una política inflexible? Si lo hace, deberá reconocer que no deben los gobiernos resignar su función primordial -el orden público- en busca de resultados de ocasión. Esta vez la protesta de los vecinos de Gualeguaychú contra las papeleras contaminantes tiene como aliados a piqueteros porteños. Los uniformados tienen orden de impedir cortes y de filmar a quienes amenacen con agresiones; como habrá metodología piquetera sólo recogerán imágenes de encapuchados. Prefectura rodeó ayer el muelle desde donde salen los barcos y, como los fiscales han ordenado reprimir, los ambientalistas anuncian que el 12 de enero -en coincidencia con un recambio turístico-harán un acto masivo en Puerto Madero, frente a Buquebús, pero que no impedirán la partida de las naves.

Desde que se conoció en la madrugada de ayer el anuncio de los vecinos de Gualeguaychú que rechazan la instalación de la planta de celulosa contaminante en Fray Bentos de que realizarían protestas que incluirían el intento de impedir la operación de los barcos de la empresa Buquebús que unen Buenos Aires con el Uruguay, fuerzas de la Policía Federal y de la Prefectura rodearon la estación marítima de esa firma en el puerto metropolitano.

Los pasajeros que debían tomar los buques hacia Colonia y Montevideo debían mostrar al ingresar al predio, lindante con Puerto Madero, el pasaje para poder ingresar. La aglomeración que eso produjo -son cerca de 5 mil los pasajeros usan esa vía- entorpeció el tránsito en la zona, especialmente de los camiones que intentaban ingresar por esa vía a la zona de operación portuaria.

La orden de los fiscales ayer de turno en la Capital Federal a policías y prefectos fue que debían impedir esos cortes y registrar además en fotos y videos a los activistas que realicen ese intento de protesta.

Comunicación

La semana pasada, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, envió una comunicación oficial a dos fiscales contravencionales: Martín Lapadú y Gabriel Unrein, para que éstos ordenaran a la Prefectura Nacional (que tiene jurisdicción sobre Puerto Madero) que intervenga directamente ante la posibilidad de que se concreten las manifestaciones. La nota de los fiscales, que incluye instructivos sobre cómo se debe actuar en estas circunstancias, fue recibida por el prefecto mayor Ricardo Insaurralde, y menciona específicamente que el Código Contravencional de la Ciudad reprime a quienes «impidan u obstaculicen el ingreso o salida de lugares públicos o privados» y a los que afecten «el funcionamiento de servicios públicos de transporte». Explicaron también que «en caso de persistencia en su accionar se deberá hacer uso de la coacción directa y se procederá a la aprehensión de las personas involucradas».

Además, y en lo que marca una diferenciación radical frente a la política que se venía manteniendo ante los cortes de Gualeguaychú y Colón, la nota de los dos fiscales menciona que «siempre, pero muy especialmente en este tipo de casos, deberá resguardarse apropiadamente la prueba mediante registros fílmicoso fotográficos, previos y concomitantes a la intervención de la fuerza (así como) los datos de los testigos que presenciaron los hechos, las declaraciones del personal interventor y todos aquellos elementos que sirvan de interés». Seguramente esa filmación registrará sólo a enmascarados, porque usarían la técnica de los piqueteros porteños.

Se obliga luego a un «juicio oral y público dentro de las 48 horas», proceder que «se deberá respetar cuando en el marco de la manifestación se materialice otro tipo de contravenciones tales como pelea, hostigamiento, maltrato o intimidación o permanecer contra la voluntad de quien ejerce el derecho de admisión en lugares públicos o privados».

Sobre quiénes intervendrían en los posibles cortes a Buquebús, además de los manifestantes de Entre Ríos, hay dos datos que se manejan en el gobierno. El primero habla de la Asamblea de San Telmo, un grupo que públicamente declaró que podría participar, pero que para el Ejecutivo tiene poco poder movilizador. El principal temor oficial es que la Corriente Clasista y Combativa (CCC), con un poder movilizador importante, participe y concrete el bloqueo. (Ver vinculada.)