Carrió admitió que acusación a Cavallo podría ser apócrifa

Elisa Carrió admitió ayer que la documentación con la que respaldó su ataque al ministro Domingo Cavallo «podría ser falsa», y dijo no tener «certeza de su autenticidad» sobre los elementos que presentó ante el juzgado de María Servini de Cubría. Lo hizo en una conferencia de prensa convocada originalmente para responder al contraataque lanzado por Cavallo el sábado.

La acusación de la diputada decía que Cavallo, el banquero estadounidense David Mulford y los empresarios Carlos y Luis María Rohm tenían una cuenta conjunta en Grand Cayman, un «paraíso fiscal», según el escrito.

Carrió reconoció la posibilidad de que «lo que dice Cavallo sea cierto, que la documentación entregada no sea auténtica y que los datos allí contenidos no sean auténticos y que me hayan sido entregados por un falsificador profesional». Pero la jefa del ARI defendió su actitud al recordar que «estaba ante un documento público en principio indubitable; consulté a varios juristas y si no lo presentaba y era cierto, caía en el delito de encubrimiento porque soy funcionaria pública, y si lo presentaba, podía ser víctima de una operación».

Carrió admitió también que recibió la documentación de «un señor que se presentó en mi casa que dijo ser agente de inteligencia de Naciones Unidas, mostró documentos originales de una operación que había tenido lugar en el '97 y me dijo que nunca había tenido una causa criminal por estafas y que formaba parte de un consejo diplomático mundial», continuó la diputada con su relato. Así contado, el episodio resulta casi un paso de comedia por lo inverosímil de los argumentos del «informante» y los títulos invocados.

El sábado Cavallo había asegurado que la diputada estaba embarcada en una campaña de desprestigio hacia él, y que incluso había apelado a documentos falsos aportados por un obscuro personaje llamado Daniel José Díaz y conocido con el apodo de «Chuck Norris», a quien se refiere Carrió como el proveedor de la «documentación».

El ministro agregó que la diputada apuntaba a «desestabilizar la economía» y a derribar el megacanje. Cavallo acusó a Díaz de ser un presunto «falsificador prófugo de la Justicia», a quien -según él-Carrió utiliza «para entorpecer las negociaciones que está llevando adelante la Argentina para reducir el costo de su deuda externa». Cavallo fue más allá, al revelar que Díaz sería «buscado por la Justicia, porque tiene vastos antecedentes de defraudaciones». Díaz habría sido investigado por una presunta estafa a una veintena de personas haciéndose pasar por alto funcionario de la ONU.

El titular de Hacienda -que en la rueda de prensa se presentó acompañado de su esposa Sonia Abrazian y por su secretario legal y técnico Alfredo Castañónsostuvo que Carrió conocería la falsedad de los documentos aportados, «a pesar de lo cual siguió adelante con su falsa denuncia».

De acuerdo con documentos que presentó Cavallo durante la reunión con periodistas, Interpol habría elaborado un informe en el que se afirma que todos los elementos acompañados por Carrió en su denuncia presentada el 8 de agosto ante el juzgado de la jueza María Servini de Cubría serían apócrifos.

En efecto, por nota del 12 de setiembre de este año, firmada por Elizabet Joyce, «oficial a cargo», y dirigida a Luciano Guglielmi, jefe de Sección de Interpol, se afirma que el documento por el que se «probaría» que Cavallo, Mulford y los Rohm tienen una cuenta conjunta «no provino del IMOLIN; ninguna parte del IMOLIN contiene datos operativos sobre casos específicos ni en la ONU operan una base de datos llamada Red de Bancos de Datos sobre Delitos Económicos. En otras palabras: es falso». La carta agrega que «además, observando el documento con atención, noto que el logo del Fincen en la parte superior izquierda tiene las palabras 'In-side Fincen'; esto es en realidad un hiperlink con la página del Fincen, perteneciente al Tesoro de los EE.UU., y habría sido copiado a un documento para darle una mejor apariencia de autenticidad».

De confirmarse la falsedad de los elementos aportados por la diputada, es indudable que su posición quedaría muy debilitada, no tanto por la denuncia, sino por la falta de rigor al verificar su veracidad.

Cavallo también dijo desconocer un supuesto informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que se pide se anule el megacanje, un mecanismo que permitió al país obtener financiamiento y reprogramar su deuda de corto plazo en un crítico momento para la economía.

Cavallo calificó el ataque contra el megacanje, de «irresponsable». El mecanismo que ahora cuestiona la diputada -y supuestamente también la AGN-sirvió para que la Argentina recuperara la posibilidad de obtener financiamiento y también extender los plazos de pago de su deuda, en un crítico momento de la economía. El mismo posibilitó postergar el pago de u$s 30.000 millones hasta 2005.

Hoy, por caso, las autoridades de Brasil estarían más que deseosas de poder acceder a un mecanismo similar, ante el hecho de que deberán enfrentar el vencimiento de u$s 75.000 millones en el corto plazo, y en una coyuntura internacional sumamente complicada, agravada por los atentados del 11 de setiembre.

Cavallo, que dijo «no tuve acceso al informe de la AGN», sostuvo que Carrió estaría «extorsionando» a dicho organismo oficial a fin de que el megacanje quede sin efecto. El dictamen, cuyo contenido trascendió durante el fin de semana, acusaría al Ministerio de Economía de haber violado la Ley de Crédito Público.