En secreto y con la premisa de mantener una absoluta discreción, el oficialismo reclutó a un grupo de legisladores «fantasma» que se reúnen en la Cámara baja para analizar los proyectos de ley que luego se tratarán en el recinto. Con el nombre de Comisión de Labor Preparlamentaria, un puñado de seis diputados se reúne cada martes a puertas cerradas para avanzar en el tratamiento de iniciativas que más tarde convertirán en ley.
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Esta comisión fantasmagórica, cuya creación no figura en ningún registro ni reglamento, surgió a partir del caos que domina en las clásicas sesiones de labor parlamentaria presididas por Alberto Balestrini. Para evitar los típicos desbordes burocráticos y las deficiencias organizativas que allí se producen debido a la imposibilidad de conciliar las posiciones de todos los bloques -aunque justamente esa tarea concertadora debería ser la prioridad de un cuerpo legislativo-, Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, resolvió crear esta comisión.
La idea podría ser tomada como una iniciativa constructiva si no fuese por el preocupante detalle de que la mayoría de los bloques están excluidos de este espacio. Solamente el Frente para la Victoria, el Peronismo Federal de José María Díaz Bancalari, el PRO de Mauricio Macri y el ARI de Elisa Carrió participan de estas reuniones semanales.
Además de Vaca Narvaja, concurren la radical Alicia Tate; la flamante vicepresidenta tercera de la Cámara, Graciela Camaño, y el secretario parlamentario del ARI.
Esto significa que de la definición de las prioridades legislativas de la Cámara de Diputados quedan excluidos bloques como el Justicialismo Nacional de Jorge Sarghini, el Partido Socialista de Hermes Binner, el Movimiento Popular Neuquino de José Brillo, los partidos provinciales y las bancadas unipersonales como la del dirigente de la CTA, Claudio Lozano.
Fuentes del oficialismo confirmaron la existencia de este selecto grupo de legisladores que se juntan a puertas cerradas y sin el conocimiento de sus colegas. En el encuentro del martes acordaron impulsar la firma del dictamen de la ley que reglamentará la acción de amparo, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Otro de los temas que están en carpeta es el tratamiento de un proyecto legislativo sobre seguridad aeroportuaria y la sanción de una nueva ley de abastecimiento, que fue derogada por un decreto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Una nueva ley de abastecimiento figura en el tope de la agenda de las prioridades del oficialismo ya que afecta directamente al conflicto que el gobierno nacional mantiene con grupos empresarios.
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