El intendente de Córdoba, Luis Juez, paralizó las obras públicas en la Ciudad para poder revertir el rojo fiscal.
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Las previsiones establecían gastar $136 millones en trabajos públicos. Sin embargo, al finalizar el año sólo se realizó menos del 55% de ese gasto. El resto que no fue ejecutado (45,6%) alcanzaría los $62 millones, el dinero le permite al municipio cubrir el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos previstos. También posibilita al Intendente cumplir con lo acordado con el sindicato de empleados municipales de dar estabilidad a los 9.230 trabajadores que el Presupuesto de 2007 ya prevé como efectivos. Así lo analiza la consultora IERAL en un reciente informe. (ver documento)
La preocupación para la gobernación municipal llegó en octubre cuando un informe mostraba que el gasto total estimado era $65 millones superior a lo esperado para todo el año. Por eso se tomó la determinación de subejecutar varias partidas. Esto permitió no sólo evitar el déficit presupuestario sino generar un superávit de $16,1 millones, según estimaciones municipales. De acuerdo al cierre provisorio, la ciudad habría finalizado el 2006 con ingresos por $709,5 millones y gastos por $693,3.
En la última semana del año, Juez logró que el Concejo Deliberante aprobara el Presupuesto 2007 con dos modificaciones sustanciales. Por un lado, la creación de 2.370 nuevos cargos lo que llevó la planta permanente a 9.230 empleados. Y por otro lado, el aumento de los gastos previstos para este año. Sin embargo, esa suba era inferior a los $57 millones que se creen necesarios para cubrir los nuevos puestos efectivos. La decisión provocó divisiones dentro del bloque oficialista.
Las polémicas medidas del Intendente vienen de más atrás en el tiempo. En septiembre, aprobó una suba de los impuestos para pagar los aumentos salariales para los 9 mil trabajadores que el Municipio tiene en todas las categorías. Para este año se prevé que todos estos trabajadores pasan a formar parte de la planta permanente de personal. Sin embargo, la Carta Orgánica establece que sus cargos deberán ser concursados, algo que no sucede hace más de 7 años en la Ciudad.
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