11 de enero 2021 - 00:00

Presión cruzada patronal y sindical traba la reglamentación de la ley de teletrabajo

La Secretaría de Legal y Técnica retiene desde hace un mes y medio la implementación de la norma que regula las tareas remotas.

Vilma Ibarra y Claudio Moroni.

Vilma Ibarra y Claudio Moroni.

A un semestre de haber sido sancionada, la ley de teletrabajo seguía pendiente de una reglamentación incluso luego de haber vencido el plazo de 90 días que la propia norma impuso para hacerlo, y en medio de presiones empresarias y sindicales que amenazan con dilatar de manera indefinida su implementación. La iniciativa, pensada como un ordenamiento necesario de las relaciones laborales surgidas en la cuarentena y propias de la pospandemia, ni siquiera tiene una fecha estimativa de arranque para regir y aguarda una resolución aclaratoria al respecto por parte del Ministerio de Trabajo.

Según pudo reconstruir este diario entre funcionarios, gremialistas y lobistas patronales, el borrador de reglamentación permanece desde hace más de un mes y medio en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, luego de haber pasado los filtros internos de la cartera laboral. No obstante, ya en la órbita de Presidencia, última ventanilla formal para su puesta en vigor, el texto continuaba objeto de cuestionamientos por parte del Grupo de los Seis (que nuclea a las principales cámaras empresarias de la industria, el comercio, el agro, las finanzas y la construcción) y de la CTA de los Trabajadores, la central obrera más cercana a Cristina de Kirchner.

Cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijeron que el texto para la implementación de la ley permanece inalterado desde su envío a Legal y Técnica y que confían en que verá la luz sin cambios, tal como le habían adelantado a este diario a fines de noviembre. Igual expectativa había en la CGT. No obstante desde las centrales empresarias se manifestaron esperanzados en que no está dicha la última palabra y que se tendrá en cuenta la postura que expusieron esas entidades en la discusión parlamentaria en cuanto a las supuestas falencias de la normativa. Por su parte, en la CTA que lidera Hugo Yasky advirtieron que de no ser tomadas en cuenta sus objeciones le quitarán apoyo político a la legislación.

La reglamentación que elaboró Trabajo consagraba una garantía absoluta de la potestad de la desconexión por parte de los teletrabajadores al tiempo que incorporaba guiños a los empleadores, como la imposibilidad para quienes aceptan desempeñarse de forma remota en el arranque del contrato de cambiar a la modalidad presencial. Además, el texto apuntaba que no será considerado teletrabajador quien lo hace bajo esa modalidad de manera “esporádica y ocasional” y habilitaba a los empresarios a remitir comunicaciones a su personal fuera de la jornada laboral en caso de existir diferencia en el huso horario entre ambos.

En la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y otras organizaciones patronales explicaron que tal como salió del Congreso y a partir del texto ampliado por la cartera laboral la iniciativa terminaría por complicar y generar mayores rigideces en la relación entre asalariados y empleadores. Mencionan en ese sentido ítems como la reversibilidad para quienes fueron contratados bajo la modalidad presencial y luego se les planteó realizar tareas remotas; las limitaciones para las comunicaciones fuera del horario laboral, o la imposibilidad para la contratación de personal extranjero, entre otros. Los representantes de esas entidades admitieron estar a la espera de una morigeración de los alcances de la ley.

En la CTA de los Trabajadores, en tanto, adelantaron su negativa a aceptar que la condición de teletrabajador no alcanzará a quienes se desempeñarán bajo esa modalidad de forma “esporádica u ocasional”. Los especialistas de esa central dijeron que esa salvedad incorporada en el borrador de la reglamentación terminará por “invertir la carga de la prueba” y que en lugar de ser el empleador el responsable de definir la modalidad de contratación deberá ser el propio empleado, o en el mejor de los casos el sindicato de la actividad, quien tendrá que probar el tipo de vínculo más conveniente. También plantearon reparos a la limitación de la reversibilidad para quienes se arrepientan de haber aceptado trabajo remoto (la reglamentación les impone invocar “una motivación razonable y sobreviniente” que no figuraba en el texto de la ley) y a la chance del empleador de enviar comunicaciones al personal fuera del horario formal de trabajo en caso de existir diferencias de husos entre ambos.

Tal como fue sancionada por el Congreso la ley debería entrar en vigencia plena a los 90 días de finalizado el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO) aunque la sucesión de decretos presidenciales relacionados con la pandemia desdibujó esa meta entre distritos que entraban y salían de esa etapa o que pasaban a la del distanciamiento (Dispo). Sobre esa incertidumbre operó el empresariado para desplegar mecanismos de presión tendientes a dilatar la implementación, y eventualmente a licuar la reglamentación.

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