Una carpeta delicada deambula secretamente en el despacho de Eduardo Duhalde, detenida tal vez por otras cuestiones más urgentes o porque una definición de ese tipo implica cierto riesgo político. Es una decisión personal, única, que si bien se puede amparar en la pacificación, igual provocará revuelo: en un mismo acto, el Presidente podría conceder el indulto a Mohamed Alí Seineldín y al jefe guerrillero del ERP, Enrique Gorriarán Merlo.
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Por cierto que una determinación de este tipo no conmueve a la sociedad, ya que ninguno de los dos personajes tiene inserción en franjas importantes. Se diría que hasta fueron desautorizados totalmente en los últimos años. Sin embargo, la libertad de ambos podría afectar o no el interés de las Fuerzas Armadas, ya que uno de sus hombres es responsable de un intento de golpe (tiempos de Carlos Menem) y el otro sistemáticamente operó contra los militares desde la subversión guerrillera.
Sin embargo, los uniformados no se sentirían lesionados por un indulto. Casi al contrario. Seineldín en libertad les quitaría no sólo la responsabilidad de custodiarlo, sino también un rumoreo habitual que siempre se percibe en las filas, especialmente entre los suboficiales, a pesar de que éstos son uniformados. Más bien, para el Ejército, su libertad sería un alivio (inclusive, debe recordarse que el propio Menem estuvo a punto de indultarlo, medida que se frustró por detalles). El problema, en el caso de que salga del penal de Campo de Mayo, sería para otros si el ex coronel se dedica posteriormente a la política.
Con Gorriarán Merlo la situación es distinta, menos permisiva claro entre los militares, pero se amortigua por otra realidad: el ex jefe del ERP padece leucemia y, para muchos, su posible actividad futura está limitada. En los dos casos, parece un acto de piedad, vista la enfermedad de uno y la cantidad de años que el otro pasó en la celda (once). Para Duhalde, sin embargo, el análisis del tema se torna difícil: sabe que gran parte de la población percibe que no hubo castigo para muchos responsables de la situación que atraviesa y, por lo tanto, sacar de la cárcel a otros culpables podría constituir una afrenta.
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