El modelo puede rastrearse en México o en Venezuela, que no son posiblemente buenos ejemplos: en el primer país está en discusión todavía el resultado electoral de la presidencial de 2006; el segundo, bajo el puño de Chávez, no es un caso de transparencia.
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Así y todo, para alimentar un debate histórico, el juez de la Suprema Corte bonaerense Héctor Negri propuso la creación de un «cuarto poder» que se dedique, exclusivamente, a organizar el proceso electoral. Habría, claro, que reformar la Constitución.
En Venezuela está la raíz de la propuesta de Negri. El magistrado estuvo en Caracas en la elección de diciembre pasado y siguió de cerca el proceso coordinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal de 5 miembros, teóricamente autónomo e independiente.
Esa era es la idea que trasmite el juez y que no es original: hace tiempo, en el país se discute sobre qué organismo y, sobre todo, qué poder -el Ejecutivo o el Judicial-debe ser el encargado de organizar las elecciones. La alternativa de un cuarto poder floreció en algunos países.
En la Argentina hay una mixtura: la Justicia organiza padrones, habilita candidaturas y regula el trámite electoral, pero es el gobierno de turno, a través del Ministerio del Interior, el que maneja la logística -es decir, el Presupuesto-para los operativos de votación.
La sugerencia Negri chocará, por tanto, con el rechazo del Ejecutivo -que no querrá perder su incidencia- y más todavía de los jueces con competencia electoral que se resisten a quedar aislados de un proceso que les aporta influencia y recursos.
La iniciativa del juez bonaerense tuvo en el pasado otra voz que la promocionó: a su modo, con un enfoque más orientado hacia el control de gastos, Elisa Carrió sugirió que se conforme una comisión especial que se haga cargo del procedimiento electoral.
Con el rechazo de los jueces involucrados y la resistencia de los sectores políticos comprometidos con las elecciones, el plan Negri parece chocar con dos voluntades contrarias muy potentes aunque los problemas recurrentes en materia obligan a revisar el mecanismo actual.
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