"La Haya puede ordenar que desmantelen Botnia"
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Se espera así un proceso más bien largo, que, como mínimo, llevará a que recién en 2008 haya definiciones sobre el caso de las papeleras de Fray Bentos. Esto será cuando Botnia ya esté trabajando y cuando en la Argentina gobierne el sucesor de Néstor Kirchner. Sin embargo, y en caso de que Uruguay sea declarado culpable de violar el tratado internacional, la Corte puede ordenar hasta que el gobierno del país vecino desmantele las instalaciones de Botnia.
Según declaró a este diario Ruiz Cerutti, «a las cinco de la tarde hora de aquí, la una en Buenos Aires, tuvimos una entrevista con el secretario de la Corte, Philippe Couvreur, y los embajadores Santos Goñi Marenco (en los Países Bajos) y Horacio Basabe (director del Instituto del Servicio Exterior), para entregar la Memoria». La embajadora confirmó que la Corte Internacional de La Haya «puede ordenar que se desmantele la planta de Botnia» en caso de aceptar el reclamo de Buenos Aires contra Montevideo por la presunta violación «sistemática» del Estatuto del Río Uruguay. «La Corte ha dicho que cuando llegue el momento de fallar puede llegar hasta incluso a ordenar que se desmantele la planta de Botnia», subrayó la jefa de la misión argentina ante ese tribunal.
Por otra parte, sostuvo que «la frase de que la Corte no tiene poder de policía se repite sin pensar mucho», ya que explicó que es un órgano de Naciones Unidas, es el órgano internacional judicial más importante y de no ser cumplida su orden, el caso puede ser llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Incluyó allí el fallo que la Corte emitiría la próxima semana por el pedido de medidas cautelares realizado por Uruguay ante los cortes de ruta realizados por ciudadanos entrerrianos.
La Argentina presentó ayer ocho volúmenes, con un total de 2.500 fojas en el Palacio de la Paz de La Haya, que respaldaron la denuncia realizada el 4 de mayo pasado por el permiso «unilateral» dado a las firmas Botnia y ENCE para que se instalen en Fray Bentos frente a Gualeguaychú.
En la denuncia original se enumeraron tres violaciones al Estatuto de 1975, la habilitación para la construcción de ambas plantas y para la edificación del puerto de la firma Botnia. Ahora se les sumaron otras dos: un permiso para que la pastera de origen finlandés extraiga más agua que la prevista inicialmente y el aval para que comience a operar el puerto. La embajadora restó trascendencia al revés judicial sufrido ante la CIJ el año pasado, ya que recordó que se trató de una medida cautelar en la que la Argentina pidió la suspensión provisional de la construcción de la planta al aclarar que «fue una medida de carácter procesal y no tiene nada que ver con el fondo del asunto», insistió.
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