Aníbal Fernández dio ayer un ejemplo de bronca selectiva: se indignó con las acusaciones de Mauricio Macri sobre presuntos sobresueldos en el gobierno, pero omitió cualquier respuesta ante las críticas del mismo tema y tono de Elisa Carrió. Creyó, quizás, que el perfil del empresario es más lábil ante los adjetivos; no arriesgó, en cambio, ante un mandoble de la formidable lengua de la jefa del ARI que le hiciera temblar los bigotes.
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Macri desayunó a todos ayer con una fortísima respuesta a los ataques de Rafael Bielsa -hasta ahora el candidato natural del gobierno para pelear una diputación en la Capital Federal-, quien amenazó que en caso de entrar en carrera haría revelaciones escatológicas sobre el pasado del empresario (dio a entender que si no es candidato, seguirá guardándose esos testimonios, como si fuera una reserva moral).
Macri le respondió al canciller con inusual franqueza (la ha usado poco, como aquella vez que hizo tambalear a Aníbal Ibarra en un debate electoral relatando una amena raviolada juntos en la residencia paterna del Barrio Parque) y dijo un nombre: Raúl Granillo Ocampo, de quien Bielsa fue funcionario bajo el menemato. El actual canciller fue, en realidad, funcionario público de varios gobiernos -Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño, Duhalde, Kirchner-, pero el nombre de Granillo Ocampo connota hoy la acusación de cobro de sobresueldos en el Estado. Un secretario del ex ministro de Justicia fue justamente quien dio los testimonios más estridentes de esta práctica en el juicio a María Julia Alsogaray.
De paso, Macri dijo que era para él increíble que los funcionarios del actual gobierno pudieran vivir con lo que dicen que cobran. El ministro del Interior se montó a los micrófonos para insultarlo como un « sinvergüenza inigualable». Le sumó que «se ha enriquecido a costa del Estado y todavía tiene el tupé de decir que el Presidente y los ministros tienen gastos reservados. Juntó dinero a morir gracias al Estado y no resolviendo las cosas como uno se imaginaba», disparó el funcionario.
Negó, además, que existan «gastos reservados en ningún ministerio» y que estén en vigencia leyes que habiliten mecanismos para efectuar pagos secretos desde el gobierno.
«No hay ninguna ley de ésas. Hoy no hay gastos reservados en ninguno de los ministerios, salvo en la SIDE. No hay ley reservada ni pública de ese tipo», respondió.
No admitió que, por ejemplo, esos fondos los tienen muchas otras reparticiones, como su propio ministerio en la Secretaría de Seguridad -programa para pagar testigos reservados- y el Ministerio de Defensa -Inteligencia Militar, la propia Presidencia de la Nación en el área de la prevención de la drogadicción (Sedronar) y tantas otras-. Por no hablar de partidas extrapresupuestarias en ciertas reparticiones.
De los dichos de Elisa Carrió, ni palabra. La jefa del ARI por tercer día consecutivo había pedido que se cite a los funcionarios del actual gobierno que lo fueron también de Carlos Menem, como Felipe Solá, Alberto Iribarne ( segundo de los Fernández; en lo institucional, Aníbal; en lo personal, Alberto) y Martín Redrado. «Son funcionarios de este gobierno -dijo ella-; lo que temo es que una vez más esto sea noticia sólo una semana y finalmente se vuelva a encubrir, porque marca la red y la complicidad de los anteriores gobiernos, y habría que ver si de éste», aseveró Carrió.
Si bien dijo desconocer si ahora se pagan sobresueldos en negro, denunció que -a su entender- hay «corrupción igual o mayor que en el menemismo», debido a «sobreprecios y retornos». Y empezó a hacer nombres.
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