Negaron la prisión domiciliaria a Lázaro Báez

Política

El empresario se encuentra bajo condición preventiva hace casi cuatro años. Había argumentado que teme contagiarse de los virus del coronavirus.

Lázaro Báez deberá continuar en el penal de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva por la causa de lavado de dinero, luego de que el tribunal oral le negara el pedido de traslado a su domicilio este viernes.

El empresario se encuentra en el mencionado complejo penitenciario hace cuatro años y en los últimos días su defensa había elevado la solicitud a las autoridades bajo el argumento del riesgo ante un eventual contagio de coronavirus en ese edificio, entre otros fundamentos esgrimidos.

De acuerdo a fuentes judiciales, los jueces Guillermo Costabel , Daniel Obligado y Jorge Gorini determinaron encomendar al Servicio Penitenciario Federal extremar las medidas sanitarias.

Báez, de 64 años, se encuentra en tratamiento por el servicio de diabetología, por lo que se encuentra dentro de un grupo vulnerable ante la creciente pandemia de COVID-19.

Sin embargo, como no posee alguna enfermedad infectocontagiosa, o que está descompensado hemodinámicamente, el pedido fue rechazado.

El miércoles pasado, el tribunal oral federal (TOF) 4 le negó la excarcelación a Lázaro Báez, aunque los jueces habían abierto un incidente para evaluar su eventual encarcelamiento domiciliario ante el avance de la pandemia.

Por otro lado, el viernes 13 el fiscal federal Guillermo Marijuán requirió el envío a un nuevo juicio oral a Báez y del arrepentido Leonardo Fariña, entre otros procesados, por una maniobra de lavado de dinero vinculada a la compra de un campo en Uruguay por 14 millones de dólares.

La fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Sebastián Casanello, informaron a Télam fuentes judiciales.

Báez, su ex contador Daniel Pérez Gadín, su ex abogado Jorge Chueco, Fariña, el financista Santiago Carradori y otros tres acusados están procesados por la adquisición entre 2010 y 2011 del campo con dinero que, según la acusación, provino de ilícitos con la obra pública.

Por la compra de estos terrenos en el país vecino, Báez está procesado con prisión preventiva.

Según la acusación, el empresario dueño de "Austral Construcciones", en su carácter de "propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya".

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