29 de septiembre 2008 - 00:00

Ley jubilatoria puede ser otra "125" para el gobierno

Julio Cobos
Julio Cobos
El gobierno intentará nuevamente este miércoles aprobar en el Senado el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que establece un índice de acualización de los haberes previsionales que se aplicará cada seis meses a partir de marzo de 2009. La semana pasada el oficialismo perdió la votación para habilitar el tratamiento de ese proyecto que tiene como principal objeción el índice combinado que establece para el incremento de haberes. La oposición, el peronismo disidente e incluso algunos integrantes del propio kirchnerismo no aceptan la fórmula que promedia la evolución de la recaudación de los impuestos al trabajo con el índice de incremento salarial que elabora el INDEC o el RIPTE que elabora la Secretaría de Trabajo, según sea el mayor. Pero será improbable que, aunque la diferencia a favor del gobierno sea ajustada, Julio Cobos deba desempatar como sucedió con las retenciones móviles.

Como el miércoles pasado el gobierno necesitaba los dos tercios de los presentes para aprobar el tratamiento del proyecto, el rionegrino Miguel Pichetto decidió ir a una votación nominal, convencido de que no la perdería. No fue así: la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo disidente se impusieron y el gobierno debió postergar el tratamiento una semana.

Esta vez la situación será distinta: ya no hará falta reunir un número especial, pero la negativa a aceptar la actualización de haberes que propone el gobierno será mayor.

Es seguro que Pichetto conseguirá aprobar la ley en general, pero los problemas llegarán cuando se debata el artículo que fija la fórmula. Si no consigue la mayoría, el gobierno deberá aceptar una modificación y girar nuevamente a Diputadosel proyecto. Para ese momento la oposición concentrará una fuerza opositora similar a la que se vio en la votación de la Resolución 125 y que incluye tanto peronistas disidentes como algunos senadores que normalmente votan con el gobierno. Por ejemplo, la santafesina Rozana Latorre ya fijó su voto en disidencia en la comisión y podría seguirla Carlos Reutemann.

El chubutense Marcelo Guinle también firmó el dictamen en disidencia, aunque por otras cuestiones. El salteño Juan Carlos Romero está de licencia, pero podría volver para la sesión y apoyar el proyecto oficial. También volvería a la banca Carlos Menem después de su convalecencia, quien como los sanluiseños Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá, también se opone al proyecto.

  • Nerviosos

    Otros disidentes serán el salteño Juan Perez Alsina, los dos tucumanos de Fuerza Republicana, los catamarqueños Oscar Castillo y Marita Colombo, el santiagueño Emilio Rached, el sanjuanino Roberto Basualdo y aún está en duda el rionegrino Pablo Verani.

    La semana pasada el Frente para la Victoria logró que 43 senadores aceptaran avanzar con la discusión, pero necesitaba llegar al número de 46 porque en ese momento había 66 legisladores sentados en el recinto. Así el proyecto será discutido este miércoles, pero el kirchnerismo aún está nervioso por el resultado.

    Ayer, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Fabián Ríos, afirmó que la oposición «rompió las lealtades en el Senado» al no respetar el acuerdo alcanzado en la comisión de Labor Parlamentaria para tratarloel miércoles pasado.

    «Siempre cuando hubo un acuerdo de labor parlamentaria se respetó en el recinto. Nunca pasó que la oposición anunciara que no iba a respetar un acuerdo que no tenía 48 horas, sino tres semanas», dijo con relación a la pelea en el recinto y la derrota que sufrió el kirchnerismo «es una ruptura de un código de funcionamiento parlamentario importante».

    Para Ríos no habrá cambios en el proyecto: «Uno no puede salir, como lo hicieron sectores de la oposición, a decir que la fórmula es confiscatoria o que no se entiende. En realidad, ésa no es la verdad. Cuando uno tiene que fundar algún cambio y lo tiene que hacer con razones.Y este tipo de mentiras, por ejemplo, sobre cómo funciona la fórmula, tiene que ser fundada».

    Lo cierto es que más allá de los argumentos de la oposición, el gobierno tuvo que enviar a funcionarios como Carlos Tomada y Amado Boudou, director de la ANSeS, en varias ocasionesal Congreso para intentarconvencer incluso a su propiatropa sobre el proyecto que toda la oposición considera que no cumple con la movilidad previsional exigida por la Corte Suprema en el Caso Badaro. Pero, además, existe otro argumento que complica también al oficialismo: el Poder Ejecutivo no pudo aún garantizar que el incremento salarial a los jubilados sea superior a 5% en cada actualización -incompatible para calmar los ánimos con una inflación anual que supera 25%- y mucho menos cuando el primer incremento llegará a los bolsillos del sector pasivo recién en marzo de 2009.
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