El gobierno lanzó ayer un nuevo cupo de subsidios que serán entregados directamente por el ministro del Interior y que reemplazan a los que otorgaba hasta ahora el Congreso. La decisión, bajo la forma de un decreto presidencial, fue publicada ayer en el Boletín Oficial y ya despertó la ira de senadores y diputados. Es que hasta hace un año el Presupuesto Nacional les otorgaba a los legisladores la facultad de otorgar ese tipo de beneficios que luego el Ejecutivo eliminó. Este año se volvió a repetir la ausencia de partidas para las becas y subsidios del Congreso con la diferencia que ahora las otorgará Aníbal Fernández.
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El ministro minimizó esa facultad: «Son partidas pequeñas, que antes daba sólo la Secretaría General de la Presidencia». El enojo del Senado y Diputados se justificó en que éste no fue un tema menor en la discusión presupuestaria. Incluso Eduardo Camaño llegó a hablar de la ausencia de partidas para esos beneficios con Néstor Kirchner. La respuesta del Presidente en ese momento fue contundente: «No hay más fondos, se terminaron esas prácticas». Por eso ahora sorprende que el sistema vuelva en manos de un ministro y con el destino de financiar a las mismas entidades de asistencia a carenciados que beneficiaba el Congreso. • Defensa
Los diputados se quejaban anoche del cambio de mano en el otorgamiento de subsidios alegando razones histórico-institucionales. «Que el Parlamento sea discrecional en el otorgamiento de subsidios es algo que está en la Constitución. Es el único cuerpo del Estado que puede otorgar gracias, como era el caso de las pensiones contributivas. Esto es así porque el Congreso fue quién heredó la facultad monárquica de otorgar esas gracias, no el Poder Ejecutivo», decían.
Desde la Casa de Gobierno defendieron la decisión de Kirchner alegando que la Secretaría General de la Presidencia ya contaba con una posibilidad de ese tipo y que los montos a entregar eran, en realidad, exiguos.
Si se sigue con la misma disponibilidad que poseía el Congreso, el ministro del Interior tendría a su disposición unos $ 9 millones para distribuir «subsidios y subvenciones a personas físicas, o jurídicas sin fines de lucro, autorizadas para funcionar en el territorio nacional y que se dediquen a la atención de necesidades de la población, cuando las particularidades del requerimiento efectuado así lo determinen y previa intervención del Jefe de Gabinete», según reza el decreto 1.192/2003.
La intervención de Alberto Fernández en el otorgamiento no es un tema menor. El decreto no establece de dónde provendrán los fondos para hacer frente a esos subsidios ni el monto total que se podrá otorgar. La referencia a los $ 9 millones parte del dato histórico del disponible que tenía el Congreso el último año que los legisladores pudieron otorgar esos beneficios.
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