Más demagogia del Congreso

El justicialismo del Congreso está decidido a lanzar, con el apoyo de un sector del gobierno, un proyecto para prorrogar por al menos 90 días más la suspensión de ejecuciones hipotecarias. Es que el próximo 15 de agosto vence la suspensión de esas ejecuciones, que incluyen también algunos casos de quiebras, que había sido establecida al comienzo del gobierno de Eduardo Duhalde.

Para el Congreso no se ha modificado todavía la situación financiera de los deudores y por lo tanto los peronistas ven en el horizonte el impresionante costo político de miles de ejecuciones judiciales comenzando después de casi seis meses de haber estado suspendidas.

La idea de los diputados justicialistas como Omar Becerra es que el Ejecutivo terminará apoyando, aunque en silencio, una medida de este tipo. Quedará la presión de los bancos, que ya vienen soportando una medida similar desde principios de año.

Junto con esa decisión se impulsará la eliminación del CER para la actualización de las deudas por hipotecas firmadas fuera del sistema financiero. Cuando se modificó el CER, los legisladores establecieron por ley la eliminación de ese índice, y su reemplazo por otro que mide el incremento salarial, para los préstamos cuya garantía fuera una vivienda única, los personales inferiores a $ 12.000 y los prendarios menores a $ 13.000, pero nada hablaron de créditos tomados con esos mismos fines pero por fuera del sistema financiero. Por eso ahora se pretende eliminar el CER para las hipotecas privadas.

Mientras tanto, los peronistas formalizaron ayer el proyecto para suspender la aplicación del CER pero sólo como índice actualizador de deudas, mientras que se mantendría vigente para los depósitos reprogramados. La suspensión será hasta el 31 de diciembre próximo y podría votarse mañana, si Diputados reúne el quórum. Postergar la aplicación del CER sólo para los créditos puede generar un desfase de, al menos, $ 15.000 millones para los bancos. Hoy existe una cartera de deuda de empre s a s con los bancos que ronda los 35.000 millones de pesos. Si se calcula que el CER hacia fin de año puede ubicarse en 50 por ciento, el número queda claro. Además, al no poder cobrarlo, el banco tiene menos activos mientras debe seguir pagando los depósitos con CER.

En el Congreso, al mismo tiempo, ya están trabajando en una solución legislativa para el «corralito» financiero. Diputados y senadores tienen en claro que el Ministerio de Economía no consigue avances y creen que es el Congreso el que debe legislar sobre soluciones al «corralito». Lo cierto es que detrás existe una razón política. Las conducciones de Diputados y el Senado dicen que las decisiones sobre el sistema financiero deben tomarse ahora y no cargarlas al próximo gobierno.

Rodolfo Frigeri invitó a Aldo Pignanelli hoy a la Comisión de Finanzas de Diputados para continuar con la ronda de consultas que se inició la semana pasada en el Senado. Es cierto que el jefe del Central informará allí sobre la situación del programa monetario, como lo hizo en la Cámara alta, pero como también sucedió allí se discutirán las variantes posibles a una salida del «corralito».

El propio Humberto Roggero reconoció que el bloque PJ está trabajando en un proyecto para salir del «corralito». Los diálogos incluyen a todos los sectores, hasta el Banco Central, aunque las propuestas de Aldo Pignanelli no son las mejor recibidas en el Congreso.

Hoy el bloque peronista tiene tres temas estratégicos para llevar al recinto:

• Tarifas: se ratifica la voluntad del Congreso de intervenir en la negociación y modificar las condiciones del diálogo. Hoy el Estado nacional y las privatizadas están en un mismo nivel de discusión. Los diputados quieren darles poder a los usuarios, potenciando las audiencias públicas y a su vez otorgándoles carácter vinculante.

• CER: la suspensión se votaría mañana.

• Eliminación de las jubilaciones de privilegio.