Papeleras: el gobierno evalúa pedir la suspensión de las obras

Política

El canciller Jorge Taiana anticipó hoy ante los senadores que la Argentina evalua pedir ante la Corte Internacional de la Haya una medida cautelar para que suspenda la construcción de las dos papeleras en Uruguay hasta que exista un estudio que mida fehacientemente el impacto ambiental.

En tanto,los ambientalistas de Entre Ríos ampliaron hoy su protesta e iniciaron un corte sobre la Ruta 135, en la localidad de Colón, en las proximidades del puente General Artigas, que une a la provincia con la localidad uruguaya de Paysandú.

Esta mañana, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Taiana también pidió a los legisladores que aprueben la declaración de apoyo a la presentación de la Argentina ante la Corte Internacional, porque ello "sería un mensaje claro y contundente del Congreso de la Argentina".

Taiana aclaró que la Argentina "tiene vocación dialoguista con Uruguay" y "siempre buscó un acuerdo diplomático" pero reconoció "hasta ahora fueron infructuosas las tratativas con Uruguay que se realizan desde hace dos años", porque ese país "decidió unilateralmente permitir la instalación de las papeleras".

Dijo que por ese motivo nuestro país está "dispuesto a solucionar" el diferendo "en el marco del derecho como lo establece el Tratado Bilateral del Río Uruguay" y apuntó que "nos sentimos habilitados a presentar una demanda" ante el fracaso de las conversaciones con el país vecino.

En ese contexto, el canciller planteó que el gobierno evalua solicitar a la Corte Internacional "una medida cautelar para que se suspenda la construcción de las papeleras" mientras no exista "un estudio fechaciente que pueda medir el impacto ambiental.

A lo largo de su exposición, Taiana recalcó que la Argentina "no se quedo de brazos cruzados e intento por varias vías que modificara esta situación", pero que lamentablemente Uruguay insistió con su posición "sin respetar los derechos basicos del derecho internacional a la protección del medio ambiente" "Ahora nos vemos en la necesidad de defender los intereses de la Nnación utilizando la vía apropiada, que es hacer la presentación ante la Corte Internacional, porque un Estado debe asegurar que las actividades realizadas en su juridiccion no cause daños en el medio ambiente", apuntó.

A lo largo de la reunión, tanto el senador radical independiente Rodolfo Terragno como el provincial salteño Ricardo Gómez Diez y el socialista Ruben Guistiniani plantearon la necesidad de insistir con la via diplomática para solucionar el diferendo, aunque ratificaron que respaldarán la posición del gobierno argentino.

El canciller expuso hoy ante una veintena de senadores en el marco de un plenario de la Comisión, que condujo su flamante presidente Carlos "Lole" Reutemann, y en el cual prevaleció un clima de diálogo entre el oficialismo y la oposición, que mostró su predisposición a acompañar la propuesta kirchnerista.

Diferente es la situación planteada en Diputados, donde la oposición busca marcar sus diferencias y esto se comprobó en la emisión del dictamen promovido por el kirchnerismo, ya que la UCR firmó con disidencia parcial, mientras que el ARI y el PRO anunciaron que presentarán sus propias propuestas.

Los dictámenes serán discutidos y aprobados en sendas sesiones que se realizarán el 22 de febrero en el Senado y el 23 en la Cámara de Diputados.

La firma del despacho se produjo en la última jornada de la ronda de consultas en la cual expusieron en el Senado, el canciller Jorge Taiana, la Asamblea Ciudadana Ambientalista, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien previamente había brindado un informe similar ante la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados.

 Busti manifestó en el Senado que sentía "dolor por esta controversia", y detacó que "si hay una provincia que tiene similitudes con el Uruguay es Entre Ríos".

Antes, frente a los diputados, el mandatario había aclarado que no estaba "en contra del Uruguay ni de su industrialización", pero que tanto él como sus comprovincianos no querían ser "contaminados".

Busti también enumeró la segura posibilidad de que los habitantes de Gualeguaychú y alrededores sufran enfermedades respiratorias y dérmicas y la aparición cada vez más frecuente de casos de cáncer por los desperdicios tóxicos que producirán las fábricas de las firmas ENCE y BOTNIA, de funcionar con el procedimiento cuestionado.

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