Eduardo Duhalde volvió a cruzar ayer a los reclamos internacionales por la vigencia de la seguridad jurídica en la Argentina, como un día antes lo había hecho -a través de un comunicadosu ministro de Justicia, Jorge Vanossi. El Presidente afirmó que ésta (la seguridad jurídica) no se circunscribe a la relación entre el Estado y las grandes empresas, sino que debe extenderse al conjunto de la sociedad. «Cuando hablan de seguridad jurídica se están refiriendo a los grandes grupos empresarios, a los que han contratado con el Estado, y la seguridad jurídica es un concepto mucho más amplio que hoy preocupa a millones de argentinos que sienten que su Justicia no es tal, que es lenta o no llega», criticó, también Duhalde, al Poder Judicial.
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Para el jefe de Estado «esta manifiesta preocupación de funcionarios de países con intereses económicos en la Argentina se produce a pocas horas de que comience aquí la renegociación con empresas de servicios públicos privatizadas y cuando comienza a hablarse de la reanudación de las conversaciones con los tenedores de bonos para el tramo internacional del canje de deuda». Esta belicosidad presidencial trató de ser atenuada por el embajador argentino ante los Estados Unidos. Según Diego Guelar «no hay ninguna duda de que el objetivo de la seguridad jurídica está en dirección a la Argentina». De todos modos no pudo ignorar que «aquí se han roto todos los contratos, hay un conflicto de poderes muy importante» y contrarió al Presidente al sostener que «el concepto de seguridad jurídica debe ser reconstruido en la Argentina en el menor tiempo posible».
En ese punto, Guelar trató de conciliar con el ministro de Finanzas de España, Rodrigo Rato, quien en Fortaleza (Brasil) le reclamó al propio Jorge Remes Lenicov «no hacer distinciones entre las empresas argentinas y las extranjeras». Al diplomático le pareció lógica la posición del ministro español, quien después de reunirse con su par argentino se despachó con que «la confianza que han tenido en la economía argentina muchos accionistas y muchos inversores internacionales, es lo primero que no debe perderse, y las reglas de juego deben ser reglas estables para que a mediano plazo permitan inversiones».
También desde Fortaleza, el vocero presidencial Eduardo Amadeo, intentó aportar aunque, a veces, logra el efecto contrario: «Le dijimos a John Taylor (subsecretario del Tesoro de Estados Unidos) que en algunos casos no podemos intervenir porque se trata de intervenciones de jueces independientes».
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