Temen gobernadores que el plan de seguridad sea anti provincias

La convocatoria de Néstor Kirchner a todos los gobernadores para lanzar su plan de seguridad no garantiza que las provincias adopten esa propuesta como propia. Existen objeciones para la iniciativa de Béliz. Desde el sometimiento de las fuerzas de seguridad al control ideológico de organizaciones «de bien público» hasta la multiplicación de agencias de seguridad. Pero las reservas de los mandatarios provinciales no están motivadas en éstas y otras preocupaciones sobre el destino del aparato de seguridad en el país. Ellos temen que el plan de seguridad sea una reducción a escala de la distribución de recursos que se diseñará en la futura coparticipación. Ningún gobernador quiere dejar sentado el antecedente de que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sean vistos como un área crítica que reclama mayores recursos, ahora bajo la «excusa» de la inseguridad. Comenzarán a advertirse mañana, durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior convocada, cuando ya se anunció el plan, por el ministro Béliz.

Gustavo Béliz

Agendó para el próximo lunes el ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, un encuentro cara a cara con sus colegas provinciales para analizar la reforma judicial que necesita el plan nacional de seguridad anunciado esta semana. Según pudo saber este diario, los funcionarios del interior llevarán a Buenos Aires sus dudas y reparos, entre los que se destacan la dificultad para unificar los códigos procesales penales, uno de los aspectos que los distritos recalcan como parte de sus facultades federales.

De hecho, la diversidad de normas para los procedimientos penales es enorme, y los funcionarios provinciales subrayan que cada provincia tiene su código a causa de las diferencias geográficas, de población y temáticas que existen entre ellas.

Aunque muchos gobernadores, como el chubutense Mario Das Neves, ya dieron su apoyo público a la medida, otros dudan de que pueda haber acuerdo posible, algo que adelantarán, quejándose de otros aspectos del plan de Néstor Kirchner, mañana, cuando se reúna el Consejo Federal de Seguridad Interior. Los reparos abundan en las gobernaciones que rechazan el plan en general (Córdoba, MendozaySantaFe), pero también en aquellas que lo aceptan.

En Santa Fe, el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, advirtió que «el cambio de código en la provincia deberá realizarse a largo plazo, ya que el distrito ni siquiera tiene procesos orales».

Por su parte, en Misiones, los técnicos de Carlos Rovira, quien apoya en general el plan de seguridad, dicen que hay aspectos delicados para la provincia: no quieren que los delitos menores por drogas pasen a jueces provinciales, dado que sus juzgados están colapsados.

En tanto, hay distritos que ya hicieron la reforma de sus códigosde procedimiento penal como Córdoba y Mendoza, esta última siguiendo la experiencia de los mediterráneos.

Si bien ambas provincias coincidenen la forma de proceder en las causas penales (dando mayor celeridad al tratamiento de los casos y otorgando más control ciudadano sobre la actuación de la Justicia), los expertos consultados por Ambito Nacional sostienen que esto está lejos de poder aplicarse con el resto de los distritos, aun aquellos que también anunciaron el deseo de aplicar reformas, como Tucumán, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja. «La unificación es problemática ya que la idea, hasta ahora, fue que cada provincia tenga su procedimiento atento a las diferencias geográficas, de población y temáticas», explicó a este diario la abogada María Eva Covino.

«Es distinto el procedimientopara un juez de Santa Cruz que para uno de Capital Federal porque, entre otras cosas, las distancias son infinitamente distintas. También porque la organización de la Justicia es diferente. En el interior hay juzgados de paz que atienden todo lo que se les presenta porque la población y el presupuesto no justifican diferencias por temática», ejemplificó la letrada.

Es por eso por lo que, en muchas provincias, los constitucionalistas locales temen que la idea de unificar el fuero penal lo que vaya a lograr sea mediocrizar el sistema.

En Mendoza, por caso, los abogados se pronunciaron en contra de la unificación del código de procedimiento penal en las provincias.

El abogado mendocino Juan Carlos Aguinaga aseguró que «la Constitución deja materias reservadas a las provincias y una de ellas es el Código de Procedimiento Penal». «La limitación de las excarcelaciones y la figura del arrepentido, entre otros puntos que se plantearon como parte de este plan, están regidos por las provincias, y esto lo marca la misma Constitución nacional», agregó. En este sentido, funcionarios provinciales coinciden en decir que no entienden qué es lo que realmente quiere Béliz con su iniciativa. «Por el momento creemos que se trata de un código federal de procedimiento», dijo un ministro.

No es el único reparo que escuchará Béliz de boca de los ministros de Justicia de las provincias el lunes. Son muchos los funcionarios provinciales que dudan, por ejemplo, del sistema de juicio por jurados.

«En las provincias tenemos otro concepto de Justicia. Esta está en manos de los jueces. El juicio por jurados requeriría un cambio cultural muy grande y un compromiso que hoy la ciudadanía no tiene», aseguró un ministro consultado por este diario.