Vaca Muerta: marcha atrás con despidos

Política

Las petroleras que operan en Vaca Muerta dieron marcha atrás ayer con el proceso de despidos y suspensiones que habían lanzado tras el congelamiento en el precio de los combustibles. A cambio le reclamaron al Gobierno nacional un esquema de exenciones impositivas o la apertura de un procedimiento de crisis para reducir costos. Las cesantías, un total de 600 pero con una proyección cercana a las 3.000 en todo el yacimiento, quedaron sin efecto a la espera de una definición la semana que viene en la mesa de negociaciones abierta por el Gobierno.

La tregua se alcanzó ayer por la tarde en una reunión en el Ministerio de Trabajo de la que participaron los grandes operadores del sector hidrocarburífero y las compañías de servicios, con los sindicatos de petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y el de jerárquicos. El encuentro se desarrolló bajo la amenaza de medidas de fuerza por parte de la principal organización gremial que lidera el exsenador nacional Guillermo Pereyra.

La negociación, que arbitraron el ministro Claudio Moroni y el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, involucró a las firmas Schlumberger y San Antonio, responsables primarias de los despidos, y a los principales referentes de las cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope). Además de los 600 despidos quedaron sin efecto más de 1.800 suspensiones que amagaban con convertirse en cesantías, así como la amenaza genérica de los productores de ampliar a 3.000 las desafectaciones por la persistencia en el congelamiento de los combustibles.

“Las cámaras (patronales) pidieron una reducción de los aportes o un mecanismo similar al procedimiento preventivo de crisis. De eso se hablará la semana que viene en una reunión donde van a participar, además de las empresas y los gremios, representantes de los gobiernos de las provincias afectadas”, le dijo anoche a este diario Pereyra al cierre del encuentro.

El procedimiento de crisis es un mecanismo previsto en la legislación laboral por el cual el Ministerio de Trabajo puede autorizar acuerdos de partes con reducción de derechos de operarios y promover beneficios y exenciones para las compañías a cambio de no reducir los planteles de personal. En la gestión de Mauricio Macri esa herramienta se utilizó para producir despidos con indemnizaciones reducidas.

La de ayer fue la segunda reunión en el ámbito de Trabajo como parte de un proceso de conciliaciones obligatorias y voluntarias que mantenían empresas y gremios, siempre a la sombra de la eventual concreción de los despidos y de una respuesta mediante medidas de fuerza por parte de los sindicatos. De hecho Pereyra había anunciado para hoy una paralización de actividades y una marcha con 20 mil personas en Neuquén.

En la mesa de debate pautada para la semana que viene se discutirán no sólo los reclamos empresarios por obtener beneficios sino también la determinación oficial respecto del precio del combustible, que permanece congelado desde el 11 de agosto, un día después de la derrota que sufrió Macri en las elecciones primarias. Días atrás los directivos de YPF habían dejado trascender que estaba tomada la decisión de disponer un aumento en el precio de la nafta pero esa resolución quedó sin efecto por orden de Alberto Fernández.

De todos modos las definiciones de fondo quedarán sujetas a la discusión de una nueva ley de hidrocarburos que enviará el Gobierno al Congreso para regular la actividad y en particular el futuro de Vaca Muerta, que según Alberto Fernández es “una prioridad” para su gestión.

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