Volvieron a premiar a España: perpetuo control a elecciones

A 30 días de las elecciones nacionales, ya está casi descartada la presencia de observadores internacionales de la OEA que fiscalicen los comicios presidenciales. Sin embargo, el gobierno innovará este año permitiendo el acceso a imágenes computarizadas de los más de 70 mil telegramas que partirán de cada mesa de votación.

La denuncia de fraude de Luis Juez en la elección cordobesa, donde se consagró ganador el kirchnerista Juan Schiaretti, sumada a la también controvertida votación en el Chaco, con otro oficialista triunfante como Jorge Capitanich, obligó a la Casa Rosada a tomar nuevos recaudos para los comicios del 28 de octubre próximo.

La empresa española Indra volverá a poner el soporte informático para las elecciones, como lo viene haciendo desde 1997. Sin que ninguna otra empresa haya podido en esos años ingresar al negocio o licitar por el servicio, la firma reveló ayer que a pedido del Ministerio del Interior este año los telegramas con los resultados de las más de 70 mil mesas de votación serán copiados con un escáner y esa imagen computarizada se enviará a la Justicia, a los partidos políticos y a los medios de comunicación.

Sin embargo, la medida no alcanza para despejar el fantasma del fraude. Esos telegramas son los que recogen los datos que constan en las actas definitivas de cada urna lacrada. Y el temor de varios dirigentes opositores, como Alberto Rodríguez Saá, Roberto Lavagna y Elisa Carrió, es que los datos de los telegramas no coincidan con los de las actas. Esto sólo podrá evitarse a través del control de los fiscales de mesa o, eventualmente, del trabajo de observadores de la OEA.

Escaneo

«Por primera vez, y a pedido del Ministerio del Interior, en la elección del 28 de octubre se va a proceder a escanear los más de 70 mil telegramas que lleguen de cada mesa de votación al Correo para hacer más transparente el proceso», explicó ayer Guillermo Lamadrid de Indra, firma que estará presente en los 37 centros de cómputo montados en todo el país.

El domingo 28 de octubre cada una de las mesas de votación generará un acta con el resultado registrado en esa urna y un telegrama generado por el presidente de mesa donde se volcarán esos datos. Los telegramas pasarán a manos de funcionarios del Correo Argentino, manejado por el kirchnerista Eduardo Di Cola, desde donde se entregarán en mano o por fax en cada uno de los 37 centros de cómputo para cargar los datos al sistema. De ahí en adelante, el Ministerio del Interior de Aníbal Fernández será el que controla la difusión de los resultados parciales de cada mesa.

Según explicó Lamadrid, los primeros resultados disponibles serán los de Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, ya que en esos distritos son menos los cargos que se renuevan -ya realizaron elecciones para elegir gobernador y representantes legislativos locales. Pero teniendo en cuenta que son plazas electorales adversas para el gobiernonacional (en la Ciudad de Buenos Aires se impuso Mauricio Macri, en Santa Fe el socialista Hermes Binner y en Córdoba el ahora opositor Luis Juez casi le arrebata la elección al kirchnerismo), es poco probable que el Ministerio del Interior difunda en primer término esos datos que podrían ser adversos a Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente, el gobierno esperará a tener resultados parciales de la provincia de Buenos Aires, donde el escrutinio será mucho más lento teniendo en cuenta que se votan cinco categorías: presidente/a, gobernador, diputados nacionales, intendentes y legisladores distritales. Será entonces la cartera de Aníbal Fernández la que defina la duración del escrutinio.

Costo

Otro dato novedoso de la elección presidencial de este año será el peso que tendrá la inflación en la logística del escrutinio. Según Indra, el costo para el Estado sólo por los servicios de soporte informático, incluida una eventual segunda vuelta, asciende a 38.612.000 pesos, una cifra casi idéntica a la de 2003.

«¿Tuvo incidencia la inflación en el presupuesto electoral de este año?», le preguntó este diario a Lamadrid. El especialista explicó que el aumento de precios tuvo incidencia -desde mayo de 2003 hasta agosto de este año se acumuló 39,5% de inflación, según el intervenido INDEC- y que para evitar una suba de costos se redactó un contrato con menos servicios.

«A diferencia del pliego de los comicios de 2003, este año nosotros no vamos a hacernos cargo del alquiler de locales para montar los 37 centros de cómputo y tampoco se va a utilizar nuestra red, el escrutinio se hará a través de una red privada del Correo», advirtió Lamadrid.