Política

Por qué el tarifazo de gas es inconstitucional e injustificable

Por Federico Bernal, Mariano Lovelli * y Pedro Sisti * 

Ha de recordarse, como lo hace la nueva demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que Juan José Aranguren se negó -frente a legisladores nacionales durante su interpelación en el Congreso en 2016- a brindar los costos de extracción del metro cúbico de gas en boca de pozo por yacimiento, cuenca productiva y proceso de extracción. Sin esta información, resulta imposible conocer el margen de ganancia de las empresas productoras. Y sin conocer el margen de ganancia, la ciudadanía se encuentra imposibilitada de formarse opinión sobre la "razonabilidad" del tarifazo. Debe recordarse, en este sentido, lo dispuesto por la Corte en su fallo de agosto del año pasado: "La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos".

La nueva demanda del CEPIS -que además reivindica a los servicios públicos de la energía como un derecho humano- remarca lo anterior al afirmar y demostrar que el Poder Ejecutivo Nacional incumplió con este requisito al no brindar información "adecuada y veraz", conforme ordenó el fallo de la Corte Suprema en base al artículo 42 de la Constitución Nacional. Dicho en otros términos, el ocultamiento de información torna los incrementos y sus escalas de ajuste en violatorios de la Carta Magna.

Pero la demanda del CEPIS va mucho más allá. Como fuera demostrado en sendos trabajos del Observatorio OETEC sobre la exposición de las principales productoras de gas en las dos audiencias públicas, la "parte interesada" no sólo no justificó el incremento del gas en el PIST así como de las tarifas del servicio público, sino que avaló las políticas hidrocarburíferas tomadas durante el segundo gobierno de Cristina de Kirchner. Este "aval", fue acompañado de frases e imágenes por parte de los representantes de YPF, Total Austral, Wintershall y PAE -juntas explican cerca del 80% de la producción nacional de gas- confirmando que sin necesidad de incrementar el precio del gas ni las tarifas se logró recuperar la producción, invertir miles de millones de dólares y sustituir importaciones por cifras multimillonarias en un contexto de demanda en ascenso por parte del mercado interno.



A propósito de lo anterior, la demanda del CEPIS recoge las exposiciones de las empresas en las audiencias públicas, incluyendo la trascendental participación del ministro de Energía de la provincia del Neuquén -primera productora de gas-, para señalar que "otro de los graves problemas de fundamentación de las Resoluciones se centra en la no correspondencia de lo sostenido en los considerandos con la realidad del sector. Uno de los argumentos centrales para subir el precio del PIST resultó ser la crisis del sector, sin embargo, de la propia exposición de los actores de dicho sector, quedó en evidencia que desde el año 2013 (con la implementación del Plan Gas Plus) se venía dando una mejoría sostenida en el ámbito de la producción de gas".

En lo que va de 2017, las petroleras se embolsaron 2.500 millones de dólares por encima de lo recaudado en 2015 como consecuencia del tarifazo. No obstante, la producción de gas y la perforación de pozos no detienen su caída ¿Dónde está esa plata entonces? Téngase presente, asimismo, que las empresas tienen menores costos laborales producto de la nefasta flexibilización de los trabajadores petroleros, así como nulas obligaciones de invertir en un marco de ingentes beneficios tales como la posibilidad de reexportar gas a Chile y girar utilidades ilimitadas a sus casas matrices.



El tarifazo es irrazonable, injusto, ilegal, inconstitucional y carece de absoluta razón de ser (injustificado). Ni las propias petroleras pudieron defenderlo en las dos audiencias públicas. Todo lo contrario, presentaron evidencias ratificando que, con los cuadros tarifarios y la política de subsidios heredada, el autoabastecimiento gasífero en el marco de un mercado interno pujante y servicios públicos como derecho humano era totalmente realizable.

En nombre de secretas y siderales rentabilidades para un puñado de corporaciones, empresas y apellidos a costa del padecimiento de la ciudadanía y la República Argentina en calidad de Estado nación moderno y económicamente autosuficiente, la rentabilidad necesaria para que 42 millones de habitantes vivan una vida digna se extingue sin pausa ni tregua.

La demanda del CEPIS se coloca a disposición del pueblo argentino, aportando a la defensa de su seguridad jurídica frente a lo que es una imperdonable, inédita y vergonzosa estafa.

Fuente de la tabla: OETEC. En la primera audiencia pública, septiembre de 2016, siguieron a Juan José Aranguren las siguientes exposiciones, en todos los casos, como parte "interesada" que se suponía debía avalar los nuevos precios del gas en PIST: Alejandro Nicola, ministro de Energía de la provincia del Neuquén, oficialista y primera productora de gas del país; Fernando Giliberti, representante de YPF; y Hernán Silva, representante del consorcio Total-PAE-Wintershall. En la tabla se sintetizan los puntos medulares de cada una de las citadas exposiciones.

* Miembros del CEPIS y autores de la demanda.

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