Opiniones

Por qué la sustentabilidad fiscal y financiera de Argentina son alarmantes

La inacción complaciente del gobierno -aquel gradualismo que con sorda arrogancia defendieron- y la mediocridad de toda la dirigencia política son los responsables principales de esta debacle, a la que llegamos por seguir aplicando las mismas recetas que nos han llevado de tumbo en tumbo en las últimas décadas.

La herencia económica que dejará la actual administración no es precisamente liviana. En materia de inflación, 2019 cerrará por encima de 54% y el acumulado de estos cuatro años superará 280%.

En cuanto a la actividad, se contraerá por tercer año consecutivo, al menos 3%. Tanto los niveles de desempleo como de pobreza serán mayores a los existentes al inicio de la gestión. La deuda fiscal se acercará a 100% del PBI y la cuasifiscal, con vencimiento a siete días o menos, equivaldrá a más de 90% de la base monetaria. Asimismo, el desequilibrio fiscal rondará 5,5% del PBI este año y el resultado primario bien medido continuará siendo negativo (hasta 1,5% de PBI).

Llegados a diciembre, la posición de reservas internacionales netas disponibles será probablemente negativa (es decir, nos habremos consumido divisas de terceros, que no debíamos tocar), lo que configura una situación explosiva en términos cambiarios. La única buena noticia es que el déficit de cuenta corriente se ha moderado respecto al año pasado, aunque ello ha sido por efecto de una severa caída de nuestras importaciones.

La inacción complaciente del gobierno -aquel gradualismo que con sorda arrogancia defendieron- y la mediocridad de toda la dirigencia política son los responsables principales de esta debacle, a la que llegamos por seguir aplicando las mismas recetas que nos han llevado de tumbo en tumbo en las últimas décadas.

Corresponde advertir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido también su buena cuota de responsabilidad en este desempeño de la economía local. Recordemos cuántas veces el organismo insistió en que el rumbo adoptado era el correcto y que la economía marchaba bien. En particular, debería hacerse cargo de las consecuencias de haber apoyado un programa basado en una gigantesca bicicleta de deuda cuasifiscal y de haber promovido —como hizo siempre— un reequilibramiento de las cuentas públicas centrado en una presión fiscal —impuestos, para–impuestos y tasas de interés— destructiva para la producción y para el consumo, agobiando tanto a empresas como a hogares.

Sin embargo, lejos de reconocer responsabilidad alguna, las nuevas recomendaciones que deja trascender van en perjuicio de contribuyentes e inversores, que nada tuvieron que ver con las políticas adoptadas. Mientras Alberto Fernández tranquilizaba a los mercados declarando que evitaría quitas del capital con una reestructuración de la deuda “al estilo uruguayo”, fuentes del Fondo salieron a defender la “necesidad” de una quita a los acreedores privados, como fue el caso de Ucrania en 2015. Esa quita —claro— no afectaría las acreencias del Fondo ni de otros organismos internacionales. Los burócratas fondomonetaristas piden también un nuevo aumento de impuestos para hacer frente a los intereses, a cambio de sostener los desembolsos pautados.

La responsabilidad moral de este nuevo fracaso alcanza también a otras partes que apoyaron hasta lo inaudito una arquitectura ruinosa. No deja de sorprender que reconocidos analistas y colegas que apoyaron y defendieron hasta pocas semanas atrás la viabilidad de la política económica, y que desoían y optaban por ignorar nuestros llamados de atención, ahora —con nuestros bonos soberanos hechos añicos— salen sueltos de cuerpo a afirmar que no existe posibilidad de reestructurar la deuda sin aplicarle una quita sustantiva.

No hay duda que la carencia absoluta de sustentabilidad fiscal y financiera de la Argentina luce alarmante. Pero eso es precisamente lo que algunos vinimos alertando desde hace meses, mientras aquellos otros insistían en que el plan económico implementado —pura magia monetaria sin una sola reforma de fondo— le permitiría al gobierno llegar bien plantado a las elecciones.

Entre octubre y diciembre, el Tesoro afronta vencimientos en moneda extranjera por u$s5.100 MM y en moneda local por el equivalente a u$s3.200 MM. Y en los primeros cinco meses del año que viene deberá atender vencimientos de capital e intereses por unos u$s22.800 MM. De ese total, nada menos que u$s 18.700 MM corresponden al sector privado; u$s 11.000 MM corresponden a Letes y Lecaps.

Aun cuando hipotéticamente se lograra equilibrio primario, el año próximo las necesidades financieras superarán los u$s35.000 MM. De no mediar reestructuración, los vencimientos en moneda extranjera sumarían u$s21.900 MM (prácticamente la totalidad con acreedores privados). Y en moneda local habría vencimientos, por el equivalente a u$s23.000 MM (con acreedores privados, algo más de u$s14.500 MM) a los niveles actuales del tipo de cambio.

Para peor, la afluencia de divisas comerciales podría resentirse: según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la próxima campaña agrícola 2019-2020 vería reducida su volumen en un 3%. Sin acceso a financiamiento, se requeriría un superávit primario de al menos 2% de PBI para poder pagar sólo los intereses. Ello implicaría un drástico ajuste de más de 5% del PBI. Algo impensable de llevar a cabo para nuestra retrógrada clase política.

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