Oposición busca voto para nueva ley antiterrorista

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El Congreso de los Estados Unidos respondió al ataque del 11 de setiembre de 2001 aprobando la ley de 300 páginas conocida como «Ley USA Patriot». En tres semanas, y con abrumador apoyo bipartidista, el Congreso hizo evidente que deseaba una legislación útil y beneficiosa para atender el flagelo del financiamiento del terrorismo. La mayoría de las provisiones, sin embargo, fracasó en cuanto a ocuparse de ese crimen en particular.

En el Congreso argentino ha ingresado un proyecto de ley que, además de referirse a la industria financiera de estos grupos, equipara el «acto terrorista» con los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La categorización es sustancial por dos motivos:

  • Considera que brutales actos de una facción terrorista son imprescriptibles a los efectos de su persecución penal.

  • Y coloca al país en un plano internacional más en línea con la convención de la ONU en la prevención y sanción del terrorismo.

    La iniciativa, promovida por el diputado peronista rebelde Cristian Ritondo y el macrista Eugenio Burzaco, encuentra resistencia en el gobierno. La Casa Rosada pretende un proyecto que apunte con mayor rigurosidad al financiamiento de estas organizaciones fundamentalistas. Responde así a las quejas del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI), organismo que ha reclamado incrementar el control sobre las operaciones financieras, tanto para prevenir el terrorismo como el narcotráfico.

    La ley antiterrorista que proponen Ritondo-Burzaco es interesante porque colisiona con los últimos fallos de la Corte Suprema que ha impedido la extradición de supuestos miembros de organizaciones delictivas.

    Básicamente, establece que «todos los delitos cometidos con la finalidad de intimidar a la población u obligar al gobierno, o a una organización internacional, a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo serán penados con el doble de la pena correspondiente». Además, son considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles a los efectos de su persecución penal.

    Se impone la pena de prisión perpetua para los ataques que provoquen muertes y de 5 a 25 años de cárcel para quienes participen en la preparación del acto terrorista.

    El texto, que consta de 80 artículos, contempla la creación de las figuras del informante, el agente encubierto y el «arrepentido» para la investigación de actos terroristas.

  • Permite la colaboración con la Justicia y las agencias de seguridad de otras naciones, lo que es fundamental cuando se producen atentados por agrupaciones internacionales como Al-Qaeda, Hamas o Hizbolla. En este sentido, el proyecto incorpora previsiones sobre el tema de extradiciones y asistencia judicial recíproca entre Estados.

  • Pone a todas las fuerzas de seguridad y la Secretaría de Inteligencia al servicio del juez o fiscal encargado de la investigación. . Se establece la exclusiva y excluyente competencia de la Justicia Federal sobre los actos terroristas, dejando constancia de la necesidad posterior de la creación de un fuero federal especial que investigue, entre otros, actos terroristas y de narcotráfico.

  • Se crea el Consejo Nacional de Prevención del Terrorismo que elaborará anualmente un plan nacional de prevención del terrorismo.

  • Reglamenta la interceptación de llamadas telefónicas, pero distinta del plan de escuchas sin control judicial que tanta controversia generó en los Estados Unidos.

  • Tipifica el delito de « financiamiento» de una actividad terrorista y dispone que la Unidad de Información Financiera intervendrá en la investigación relativa al uso de estos fondos ( lícitos o no). Prevé que los dineros incautados a los terroristas sean utilizados para resarcir a las víctimas y trabajar en el área preventiva. Quienes financien esos hechos deberán purgar condenas de 5 a 15 años de prisión.

    Según Ritondo, la comunidad internacional se enfrenta a más de doscientos cincuenta grupos paramilitares que promueven el terrorismo con la intención de subvertir las instituciones democráticas «debilitando la seguridad de las naciones, desde el extremista Al-Qaeda pasando por el más cercano Hizbollah hasta llegar al casi desaparecido y cruel Sendero Luminoso».
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