Acusan a supermercados de "formar e imponer" precios

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Aseguró la subsecretaria de Defensa del Consumidor que las grandes cadenas son las responsables de la caída del consumo. "Han aumentado los precios todo este tiempo", sentenció.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, salió ayer al cruce de las grandes cadenas de supermercados, al asegurar que son las principales responsables de que las ventas del sector hayan caído el mes pasado 1,9 por ciento, como reflejó ayer la medición del INDEC.

Vaca Narvaja dijo además, que "no es cierto" que las grandes cadenas no sean formadoras de precios y que la gente "ha tomado conciencia" de que las ofertas que ofrecen "no están a la altura del bolsillo" y por eso se vuelcan a los negocio de proximidad.

El jueves, en un encuentro organizado por la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU), la entidad que comanda Alfredo Coto, los principales popes del sector reclamaron al gobierno "previsibilidad" y "seguridad jurídica", al tiempo que repitieron a coro que no son formadores de precios.

Con una visión distinta a la de los supermercadistas, Vaca Narvaja sostuvo que las cadenas de distribución son formadoras de precios por "el nivel de volumen de compra y manejo de cantidad de productos, que en muchísimas ocasiones significa imponer los precios a sus propios proveedores".

 "La disminución de venta significa que la gente ha tomado conciencia de esto (del aumento de precios) y hace tiempo se está volcando a los negocios más chicos de proximidad porque los supermercados no están a la altura del bolsillo de la gente", dijo la funcionaria en diálogo con medios radiales.

Al ser consultada sobre la incidencia que tuvieron los aumentos de sueldos en los costos de las cadenas, uno de los argumentos utilizados por Coto al momento de justificar las subas, Vaca Narvaja dijo que "cuando el gobierno planteó un aumento salarial por decreto de 100 pesos, Coto a sus propios trabajadores le dio el aumento vía vale que lo debían gastar y utilizar dentro de su supermercado".

Tras asegurar que no sabía si esa medida era legal, la subsecretaría de Defensa del Consumidor dijo que lo que hubiera correspondido es que el sindicato que agrupa a esos trabajadores haga "la denuncia correspondiente" ante la cartera laboral.

"Esta es la realidad de los empresarios que hablan de la seguridad jurídica y ellos practican la inseguridad jurídica con sus trabajadores", acotó la funcionaria, en lo que pareció ser una respuesta a los reclamos formulados durante el encuentro de ASU.

Los supermercadistas son sectores que "vienen de un régimen de rentabilidad alto, que no están dispuestos a resignar, por lo que trasladan a los precios cualquier tipo de aumento de costos", acotó la funcionaria.

Por su parte, la Asamblea de pequeños y medianos empresarios (APYME) instó al gobierno nacional a limitar el accionar de los formadores de precios para garantizar una revalorización del poder adquisitivo de los salarios.

"Más efectivo que un discurso fuerte es hacer uso inmediatamente de las facultades que le competen al Poder Ejecutivo, es decir, aplicar las leyes vigentes que le permiten acotar el accionar de los formadores de precios y disponer una redistribución de ingresos que devuelva el poder adquisitivo al salario", afirmó APYME en un comunicado.

La entidad dijo que "la no intervención significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos y, por lo mismo permitir que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos".

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