1 de febrero 2004 - 00:00

Anuncian ya pedido de embargo pero gobierno minimiza posibilidad

Confirmó el representante de pequeños inversores italianos que van a solicitar un embargo de bienes argentinos para cobrar la deuda. Es el primer grupo de bonistas que anuncia que recurrirá a esta medida, luego de que se venciera el plazo de gracia dado por el juez Griesa a la Argentina para escudarse de posibles ejecuciones. El abogado de los bonistas aseguró que los embargos serían "terribles para el país", pero afirmó que "es consecuencia de la miopía política y económica del Gobierno". Lavagna volvió a minimizar las chances de ejecuciones.

El representante de los pequeños inversores italianos anticipó ayer que van a presentar otro embargo de bienes de Argentina en ese país para cobrarse parte de la deuda externa en cesación de pagos. En tanto, que el Gobierno minimizó la posibilidad de ejecuciones sobre bienes del Estado.
  
El abogado italiano Mauro Sandri consideró que el fallo de un juez neoyorkino que habilita el embargo de bienes argentinos "es terrible" para el país, pero que "es consecuencia de la miopía política y económica del Gobierno".
   
En ese orden, el representante de los pequeños inversores italianos dijo que si la administración de Néstor Kirchner "eleva una propuesta de más apertura, este problema no se produciría". Los inversores italianos presentaron el año pasado una demanda en su país para embargar bienes de Argentina, la cual fue rechazada por la justicia del país peninsular.

Sandri confió en que la situación derivada de la justicia estadounidense "abre una nueva línea de negociación" y obligará al gobierno argentino a "presentar una estrategia más accesible e inteligente" a la propuesta de quita de 75 % en los bonos. Esto fue tajantemente descartado ayer tanto por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

En este sentido, Fernández aseguró que la Argentina está "absolutamente preparada para soportar" las "presiones y tensiones" que puedan surgir en el marco de la discusión de la reestructuración de la deuda privada. El Jefe de Gabinete aseguró que "en materia de embargos", el Gobierno tiene "la confianza y la seguridad de que son medidas que no van a afectar a la Argentina".

"El gobierno está discutiendo una deuda que es muy importante y ha propuesto una única salida que es la que supone una quita significativa", aseveró el funcionario.

"Defenderemos los derechos de Argentina como es parte de la lógica que supone esta discusión máxime cuando aparecen algunos fondos de naturaleza claramente especulativa que están tratando de hacer valer su inversión de un modo mucho más veloz de lo que la lógica financiera supone", agregó.

En igual sentido, el ministro Lavagna sostuvo que quienes iniciaron jucios "intentan desviar la atención para que las acciones sean contra el Gobierno argentino", debido a que "en algunos casos se trata de gente que trabaja para bancos internacionales y que también está siendo demandada porque colocaron bonos en el '99 o 2000 cuando era obvio que íbamos camino a la crisis".

Sin embargo, el representante de los bonistas italianos se diferenció de otros acreedores como los fondos buitres y los organismos internacionales. Además, expresó su indignación por el acuerdo entre el Gobierno y el FMI, el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo, a los cuales el país les respetó la deuda y cumple puntualmente con los pagos.
   
"Las inversiones de los italianos son frutos de trabajo de toda la vida. Y decidieron financiar en buena fe toda la deuda argentina. Pero al FMI, que es responsable del default argentino, se le paga íntegramente", disparó.
  
Sandri dijo que la postura que esperan los ahorristas que representa -jubilados italianos que invirtieron en bonos argentina- pasa por "respetar el monto de la deuda con plazos más extensos".
   
"El 75 por ciento de quita es una injusticia `clamorosa'", dijo el abogado italiano en declaraciones radiales.

En cuanto al temor ante los posibles embargos en el exterior, Lavagna señaló que "hay bienes públicos protegidos por convenciones internacionales".

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