Autitos chocadores

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Los muy memoriosos recordarán que en el viejo Italpark de avenida Del Libertador y Callao, uno de los juegos más visitados era el Súper Indianapolis. Tenía la característica de combinar las competencias de vehículos infantiles en una pista que simulaba un ocho en su trayecto, junto con los tradicionales autitos chocadores. Ahí estaba el secreto de su éxito. Se corría una ficticia carrera, pero con la posibilidad de chocar al rival una y otra vez. Cada uno elegía la diversión que más le atraía: intentar participar en una competencia automovilística o chocar a los rivales. Intentar ganar y jugar a chocar era incompatible. Pero lo segundo permitía que alguien que teóricamente estuviera por vencer no lo hiciera. Y para lograrlo sólo había que jugar a chocar los autitos. En el fondo ambos sabían que ninguno vencería, pero esa mezcla de dos juegos famosos en uno fue muy popular en su época. La duración del divertimento era de no más de cinco minutos y cuando la sirena sonaba y el tiempo culminaba, cada uno de los corredores debía dejar el auto donde paraba y volver a la salida. Esto, sin que se declarasen ganadores ni perdedores. Y todo volvía al comienzo. Una y otra vez.

Sin el divertimento, la clase política argentina vivió esta semana su propio Súper Indianapolis, combinando la intención de ganar en una carrera que, se sabe, no aporta triunfadores, cruzándose con otros jugadores cuya única intención era la de chocar al contrario sin intenciones de victoria. El fallido debate sobre las tarifas de servicios públicos sólo entretuvo a unos participantes que parecían cumplir un rol similar al de los fans del juego más popular del Italpark. Unos, el Gobierno, participando de una carrera contra el incremento en las tarifas, aplicando un plan de ajuste que, salvo en sus efectos fiscales, demostró poca solidez y ejecutividad. Otros, la oposición en todas sus variantes, tomando como bandera un inevitable descontento popular por los aumentos tarifarios y avanzando en el Congreso con un proyecto de ley impracticable (algo reconocido por los propios legisladores no oficialistas). El destino final del proyecto que mantuvo entretenida a la clase política criolla duró unas horas, hasta que Mauricio Macri firmó ayer por la mañana el veto a la ley. Hubo y habrá ahora protestas cruzadas (para los corredores y los chocadores) por unos días más y desde la semana próxima todo volverá al punto de partida. Nada habrá cambiado para los ciudadanos, sean éstos particulares o empresas. Y la clase política, una vez más, habrá navegado en su mar de debates interminables sin que haya podido solucionar un solo problema de la Argentina.

El debate de las tarifas en la Argentina merecía, y merece, mucha más seriedad de nuestros políticos. Para comenzar, a esta altura hay un error doble del Gobierno que ya es alarmante; y que combina falta de previsibilidad con soberbia, un cóctel que puede ser explosivo. Mauricio Macri sabía que podía ser Presidente desde marzo de 2015. Más cerca o más lejos del tiempo, para ese mes se vislumbraba su victoria en las elecciones de octubre de ese año como algo muy posible. En esos días el entonces candidato mantenía una fundación llamada Pensar, donde teóricamente se analizaban las soluciones para los problemas que Cristina de Kirchner le dejaría a su sucesor. Muchos de ellos eran verdaderas bombas de tiempo. Por ejemplo, el inentendible laberinto que generó el cóctel tarifas congeladas + inflación + aumento de los subsidios del Estado + falta de inversión + corrupción. Según los números a diciembre de 2015, el déficit primario llegaba a 4,5% del PBI, porcentaje que en un 80% se explicaba por la mezcla de subsidios combinados. Macri sabía que este era un problema muy serio que debía enfrentar a horas de asumir. No lo hizo, y desde el primer trimestre de 2016 se supo que el ya Presidente estaba improvisando con un plan de eliminaciones de subsidios, sin estudios serios previos ni garantías de éxito. No había tampoco negociaciones con las empresas proveedoras de servicios para garantizar inversiones directas, las que además le hubieran venido más que bien a la economía real de comienzos de la gestión oficial. Argentina hubiera necesitado de esos miles de millones de dólares que el sector energético necesitaba de inversión directa; y que, hasta hoy, no sólo no llegaron sino que nunca se pensaron.

El desconcierto macrista en el capítulo tarifario continuó durante el 2017, con un único plan de aumentar las facturas eliminando subsidios; sin reparar en las consecuencias sobre la economía real. Entre otras cuestiones que faltaron por no haber sido estudiadas en tiempo y forma, no se profundizó en el verdadero problema de la existencia de subsidios: saber a quienes les corresponderían, con qué monto y por cuanto tiempo. El "castigo" terminaría siendo a todos por igual.

Otro error histórico del oficialismo fue no haber planificado una corrección tarifaria extendida en el largo plazo. Salvo las urgencias fiscales (no menores por cierto), nunca pareció que hubiera un plan serio y estratégico de fondo para pensar la estructura energética del país tanto para los clientes particulares como para las empresas y comercios. La prueba es simple: no hay ninguna gran empresa ni local ni multinacional ni ninguna pyme que sepa cuanto será el incremento en sus tarifas el año próximo. O el 2020. Mucho menos a cinco años. Para todas, el dato, es una especie de lotería. Aún para las compañías que tienen en el insumo energético su principal costo variable.

Estos factores llevaron a que en todo momento el macrismo se moviera en este crítico capítulo con una visión de gran improvisación y con la única explicación del factor fiscal sobre la mesa. Desde la oposición el análisis no mejora. Más bien empeora y se convierte en gran parte del problema de fondo. Para comenzar, hasta el cierre de esta edición, no se escuchó una sola autocrítica del kirchnerismo; que luego de gobernar durante 12 años el país, dejó una situación energética con un nivel de subsidios que superaban los $400.000 millones de gastos a diciembre de 2015. Luego del default irresuelto, era la bomba fiscal y financiera más grave que, a propósito o no, Cristina Fernández de Kirchner le dejó a su sucesor a punto de detonar. Alegremente la ex presidenta y sus seguidores legislativos propusieron como solución al problema en el último debate legislativo, volver el reloj a diciembre de 2015 y retrotraer el esquema tarifario al momento en que la ex presidenta dejó el poder. Tomar esa medida hubiera implicado hoy para el Estado nacional un gasto extra de más de $500.000 millones; casi 20.000 millones de dólares extras de gastos para el déficit fiscal. En otras palabras, aceptar la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, implicaría llevar al país a una situación asimilable a la Edad Media. Si la intención de la expresidenta era lograr una situación de crisis como para que el votante evalúe su regreso, el cálculo económico estuvo mal hecho. La consecuencia de su medida le serviría más a las posibilidades electorales del trotskismo que a las kirchneristas. Quizá era ese el plan. Nunca se sabe.

La oposición optó por avanzar en el Congreso con el proyecto del Frente Renovador de Sergio Massa, cuyo costo fiscal final sería de unos $115.000 millones; unos u$s4.550 millones. Esa montaña de dinero provocaría que el déficit fiscal primario supere el 3% del PBI, volviendo el reloj de ajuste al nivel de mediados del año pasado. La primera consecuencia hubiera sido la finalización de cualquier negociación con el FMI, que hubiera considerado como poco seria la realidad económica y fiscal argentina para pedir un Stand By. Luego se hubiera creado la necesidad de ir a pedir dinero al mercado financiero internacional, donde la tasa de interés para el país navega hoy en el 12% anual. En pocas horas el país iría a una nueva y terminal corrida cambiaria que llevaría el tipo de cambio a niveles golpistas. Se supone que nunca fue la intención de Massa ni de Miguel Ángel Pichetto. Y que, en el fondo, lo único que se buscó fue dar un escarmiento a Macri por no haber aceptado negociar una salida política consensuada. Se descarta otra alternativa que, por su historia, el peronismo siempre deberá cargar como sospecha: la idea que sólo los descendientes políticos de Juan Domingo Perón pueden gobernar este país y que los que no comulguen con este grupo sólo merecen asonadas y esperar que se pueda oler la sangre de la pérdida de poder para lanzarse, como sea, sobre el. Lo que habría que hacer entonces, siguiendo esta línea de acción, es esperar el momento adecuado para la embestida. Y ese momento podría haber llegado.

Descartada esta opción (en definitiva siempre es mejor creer en la buena fe), queda la conclusión que se perdió esta semana una oportunidad histórica para que la clase política se reconcilie con los votantes: una política seria, concreta, simple, justa y de largo plazo en el capítulo tarifario. Algo que en otras culturas políticas se llama "Políticas de Estado". No hubiera sido difícil. Se necesitaba un pacto de cuatro actores: gobierno, oposición, empresas y usuarios. Con un esquema de aumento de tarifas extendido en el tiempo por 10 o 15 años; con un alza de unos puntos porcentuales (5 o 10%) por encima de la inflación y la obligación, por escrito, de las empresas de servicios energéticos de invertir (en serio) en infraestructura.

En síntesis, lo que se vivió esta semana fue una estéril batalla que se dio entre sí la clase política para congraciarse consigo misma. Sin consecuencias en la realidad ni posibilidades de convertirse en alguna medida o decisión que mejore un solo milímetro la vida de los argentinos. Ni la ley que sancionó el Senado ni el veto presidencial ayudarán a que las industrias o los comercios (grandes, chicos y medianos) o los particulares (no importa su nivel de ingresos), mejore su ya sacrificada vida actual pos corrida. Si fuera un tema neutro no habría problema. Habremos vivido un capítulo más de una clase política que insiste por competir por el mundial de la peor del mundo. El problema es que se trata de un conflicto (el tarifario) en que a gritos la sociedad pide reglas claras, inversiones, planificación, solidaridad y eficiencia. En definitiva, una política de Estado. Demasiado para estos tiempos de grietas inútiles.

Para peor la situación no terminó. En pocos meses más, en septiembre, los políticos volverán a enfrascarse en un debate similar al de esta semana. El Plan Aranguren incluye una nueva tandas de aumentos, en este caso de un 20% más la inflación acumulada en los primeros tres trimestres del año. Será el turno para que retorne con las mismas probabilidades de éxito la embestida opositora, y el Gobierno insista en que no hay otro plan que el que está poniendo en práctica con el éxito a la vista.

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