Confirman inconstitucionalidad de indultos a militares

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Lo hizo la Cámara Federal. Y dejó sin efecto el sobreseimiento de dos oficiales retirados de la marina acusados de violaciones a los derechos humanos.

La Cámara Federal confirmó ayer la inconstitucionalidad de un indulto presidencial a dos oficiales retirados de la marina imputados por delitos contra los derechos humanos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armanda (ESMA), durante el gobierno militar.

La medida de la Cámara se conoce a poco de renovarse el debate sobre la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem, luego de que la Corte Suprema hiciera lo propio con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La resolución de la Sala II del tribunal dejó sin efecto el sobreseimiento dictado en 1989 a los vicealmirantes Antonio Vañek y Julio Antonio Torti, y dispuso "retrotraer" la situación procesal de ambos a la que tenían previo al perdón presidencial que se les otorgó ese año mediante decreto 1002 del Poder Ejecutivo.

Sobre los límites jurídicos de la norma dictada por el PEN, el tribunal afirmó que en la época que fue dictado el perdón "existían normas de rangos supra legal que permitirían cuestionar su legitimidad".

El criterio coincidió con el de la Sala I de la Cámara, cuando en abril último confirmó la sentencia de primera instancia que invalidó los indultos que el ex presidente Carlos Menem le otorgó a seis militares acusados de delitos contra los derechos humanos, durante el período comprendido entre 1976 y 1983.

La resolución dictada hoy por la Sala II ratificó la medida tomada el 22 de marzo por el juez federal Sergio Torres al ponderar la supremacía de los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a la legislación local con la reforma constitucional de 1994 sobre los decretos del PEN.

Los abogados Fernando Goldaracena y Raúl Landini, defensores de Vañek y Torti, respectivamente, apelaron la decisión de Torres, con el argumento de que, en estos casos, hubo "cosa juzgada".

Las defensas sostuvieron que la resolución de Torres violó la seguridad jurídica, porque revisaba situaciones que se suponen definitivas e inalterables al amparo del perdón presidencial.

Los abogados defensores señalaron que los indultos se habían "incorporado" a los beneficiados como parte de sus derechos a la propiedad, garantizados por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Sala II de la Cámara recordó que la causa por ilícitos en la ESMA se reabrió el 1 de setiembre de 2003, horas después que el Congreso Nacional declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El tribunal destacó la "contradicción" entre el decreto 1002 del 6 de octubre de 1989 y la normativa internacional a la que la Nación adhirió, que "impone al Estado argentino la obligación de suprimir normas y prácticas que de cualquier naturaleza impliquen una violación a los derechos y garantías" que emanen de esos tratados.

La Sala II expuso que "la institución de la cosa juzgada debe ser analizada y construída sobre pilares compatibles con los derechos y garantías constitucionales, no pudiendo reconocerse como inmutables toda sentencia que no ha respetado la defensa en juicio y el acceso a la jurisdicción".

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi mencionaron el caso "Cesti Hurtado" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual no se pueden invocar cuestiones de derecho interno (como la "cosa juzgada") para sustraerse de la obligación del Estado de investigar ese tipo de ilícitos.

Irurzun y Luraschi expresaron que en los casos de Vañek y Torti "no puede hablarse de doble juzgamiento", sino de "reasumir la pretensión punitiva en una misma causa y respecto de personas que venían siendo juzgadas en el mismo expediente".

La invalidez de la "única consecuencia posible -indicó la Sala II- ante la existencia de derecho convencional en la materia, pues la consideración de los hechos como crímenes contra la humanidad genera en cada Estado miembro de la comunidad internacional la obligación de juzgar y castigar a sus autores".

El fallo de abril de la Sala I había declarado inconstitucionales los decretos 1002/89 y 2746/90 que habían beneficiado a seis jefes militares involucrados en ilícitos ocurridos en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, entre ellos el recientemente fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason.

La validez de los indultos había sido tratada en 1989 por la Cámara Federal, que los aprobó, pero la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos y el dictado de la ley que anuló las leyes exculpatorias, posibilitó revisar la cuestión.

La ley 25.779 de agosto de 2003 permitió la reapertura de las dos "megacausas" (ESMA y Cuerpo I del Ejército), a las que luego se sumó la pesquisa por delitos cometidos en La Plata, Bahía Blanca y San Martín, de la provincia de Buenos Aires.

Esos trámites procesales habían quedado paralizados en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con la entrada en vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

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