29 de diciembre 2000 - 00:00

De la Rúa firmó el decreto de reforma previsional que no elimina el sistema de reparto (estatal)

El Gobierno dispuso el sábado por decreto la reforma del sistema de jubilaciones, pero dio marcha atrás con su proyecto inicial de abolir el régimen estatal de reparto ante las resistencias generadas dentro de la propia Alianza, en especial por la oposición del Frepaso y del ex vicepresidente Carlos Alvarez.

El nuevo sistema jubilatorio prevé para los nuevos beneficiarios que tengan 65 años de edad y 30 de aportes un haber mínimo mensual de 300 pesos (actualmente es de 150) y establece una asignación universal de 100 pesos (especie de subsidio) para los hombres y mujeres de la tercera edad que no tengan ningún ingreso previsional ni otra forma de sustento propia o por parte de su cónyuge.

Pero, a la vez, se elimina la prestación básica universal (PBU) para las jubilaciones mayores a los 800 pesos. La PBU consistía en un aporte de 200 pesos que aseguraba el Estado sobre todos los haberes, ya fuesen por el sistema de reparto o por el privado de capitalización.

Este cambio significa que si alguien debía jubilarse con un haber de 1.000 pesos cobrará, en adelante, sólo 800. Pero, por otra parte, al establecerse una nueva prestación suplementaria, se incrementa el piso de las jubilaciones y pensiones mínimas.

En cuanto a la edad jubilatoria de las mujeres, se determinó un régimen optativo que permitirá que se jubilen a los 60 o a los 65 años, pero sólo las que alcancen esa mayoría de edad y 30 de aportes tendrán pleno derecho a la totalidad de los haberes, con un básico inicial de 300 pesos.

También se fijó que aquellos que, cumplidos los 65 años de edad, no tengan suficientes años de aportes para jubilarse, igualmente puedan acceder a un haber proporcional conforme al tiempo en que hicieron aportes previsionales, a partir de un mínimo de 10 años. Hasta ahora, esas personas perdían totalmente sus ahorros previsionales.

El decreto de necesidad y urgencia sobre la reforma previsional generó polémica en el interior de la Alianza gobernante, muchos de cuyos legisladores reclamaban que la cuestión fuese debatida en el Congreso y anticipaban su rechazo, en consonancia con diputados y senadores del justicialismo.

Al anunciar la medida en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, admitió que existen diferencias de criterio sobre el tema dentro de la Alianza, pero aseguró que de ninguna manera esta cuestión podría provocar una ruptura en la coalición.

La reforma previsional es extensa, compleja y sólo comprensible para especialistas, ya que abunda en una serie de normativas sobre las comisiones de las AFJP, las formas en que se pueden invertir esos fondos de capitalización y también establece pautas antimonopólicas al impedir que alguna de esas empresas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones tenga el dominio de más del 27,5 por ciento del mercado.

El punto que provocaba mayores rispideces políticas era el anuncio gubernamental de que se aboliría el sistema jubilatorio estatal. Al respecto, la reforma salió sin ese artículo y el ministro de Economía, José Luis Machinea, dio a entender que más adelante el Gobierno podría insistir con la necesidad de mantener sólo un sistema privado de jubilaciones y pensiones.

La presión ejercida por el Frepaso, el ex vicepresidente Alvarez y varios radicales disidentes hizo que a última hora el presidente Fernando de la Rúa decidiera no decretar el fin de las jubilaciones estatales (sistema de reparto).

Con ese cambio, el Gobierno espera ahora que el Congreso no anule por ley el controvertido decreto de necesidad y urgencia firmado, refrendado y difundido ayer.

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