Diputados aprobó juicio político contra Moliné O'Connor

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23:30 hs | Ahora el Senado debe decidir sobre futuro del juez

La Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen acusatorio contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O'Connor, por mal desempeño de sus funciones.

A partir de la aprobación, el juez de la Corte Suprema será acusado por una comisión de diputados ante el Senado, que finalmente es el que decide si cabe o no la destitución del juez.

El dictamen que comenzó a ser analizado a las 18.45 obtuvo el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión de Juicio Político y fue emitido a la luz del análisis de los llamados casos Meller, Macri y Magariños, de los cuales se desprendieron diez acusaciones que pusieron en tela de juicio la conducta del ministro de la Corte Suprema.

Además de ese dictamen de mayoría, en el seno de la comisión fueron presentados dos dictámenes de minoría -de los menemistas Alejandra Oviedo y Juan Carlos López- que aconsejaron archivar el expediente abierto contra Moliné O'Connor por considerar que no incurrió en mal desempeño de sus funciones.

De todas maneras, en la votación la mayor parte de los bloques se inclinó en favor de la acusación de Moliné O'Connor, dado que el dictamen de mayoría fue respaldado por justicialistas, radicales, aristas, frepasistas y socialistas.

Durante el debate en el recinto, el encargado de exponer sobre el dictamen elaborado por la comisión de Juicio Político fue su presidente, Eduardo Falú (PJ-Tucumán), quien aclaró que "este trámite es una investigación preliminar, provisoria, que no constituye una acusación propiamente dicha".

"Aclaro esto puesto que más de una vez han intentado desvirtuar el trabajo de la comisión, cuando en realidad se está fortificando al Poder Judicial al controlarlo", continuó.

Inmediatamente cuestionó "la impunidad de los ministros de la Corte" al argumentar que "no se los puede juzgar por su vida privada, ni por sus sentencias, y además han declarado la inconstitucional la obligatoriedad de declarar un nuevo acuerdo cuando llegan a la edad límite para ejerecer sus cargos (75 años)".

"Esto hace que se asimile más a personajes de la monarquía que a funcionarios de la vida pública", sentenció, para concluir con un mensaje al juez acusado: "No es nuestra intención destruir al Poder Judicial, de eso ya se encargó usted".

Una de las voces más enfáticas en contra de la acusación contra Moline O'Connor fue la de la riojana Oviedo, quien defendió su propio dictamen "en defensa de las instituciones".

"Es muy fácil hablar, demonizar y estigmatizar en épocas en que, como dicen algunos, las cosas están cambiando.
Puede ser que estén cambiando porque el control de constitucionalidad ya no lo ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora lo ejerce la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados".

Por último, advirtió que "hay que decirle al pueblo que las causales -del juicio- son endebles" y se preguntó "adonde se ha visto que se juzgue a un magistado por contenido de sus sentencias".

El magistrado reiteró en las últimas horas que no va a renunciar a su cargo, descartanado así las versiones que indicaban que no se llegaría a sustanciar la acusación ante la Cámara alta.

En ese sentido, uno de sus abogados defensores, Gregorio Badeni, insistió en que el ministro del máximo tribunal está "resuelto" a ejercer su defensa con respecto a "todos los cargos que pesan sobre él".

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, para que prospere una acusación en el marco de un proceso de juicio político se requiere que el dictamen correspondiente sea aprobado por los dos tercios de los presentes en el recinto de la Cámara baja.

Esto se consiguió gracias al voto afirmativo de 139 diputados sobre los 163 que estaban presentes en el recinto.

Una vez aprobado el dictamen, la Cámara de Diputados debe designar una comisión de legisladores que planteará la acusación del ministro o funcionario acusado ante el Senado, que es la Cámara que debe sustanciar el juicio político propiamente dicho, cuyo objetivo último es la destitución del cargo de quien haya incurrido en mal desempeño de sus funciones, o cometido delitos en el ejercicio de su función o crímenes comunes.

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