Es inminente la liberación de 500 presos más en Buenos Aires

Buenos Aires - El gobierno de Felipe Solá comprará en lo inmediato una 500 pulseras magnéticas para poder excarcelar presos bajo el sistema de «libertad vigilada» y así descomprimir en parte la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Justicia provincial informaron que esa cartera será la encargada de efectuar la adquisición para que, en principio, los detenidos por hechos delictivos menores puedan cumplir la condena en sus casas.

Los voceros detallaron que en los próximos días se efectuaría el correspondiente llamado a licitación de estas 500 pulseras que se sumarán a las 300 que ya están colocadas en los tobillos de procesados que cumplen la detención bajo este sistema.

Además, la compra de pulseras magnéticas buscará también mejorar las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria bonaerense que días atrás cumplió una huelga de hambre en reclamo de la agilización de las causas penales.

La protesta, que llevó adelante más de la mitad de los casi 20 mil detenidos en unidades penitenciarias, provocó además que la Suprema Corte de Justicia tratara el caso en su habitual acuerdo semanal, y luego emitió un fallo que iguala las penas de reclusión y prisión para el cómputo de la preventiva.

A través de ese fallo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal que agrava el cómputo de la prisión preventiva en casos de condena a reclusión. El tribunal dispuso que la pena deberá computarse del mismo modo que se aplica en los casos de penas de prisión a los fines de no afectar el principio constitucional de razonabilidad.

Era el principal reclamo de 14.400 reclusos en huelga de hambre durante 13 días. La medida puso a miles de presos en condiciones de reclamar la libertad condicional. El pronunciamiento unánime de los jueces descomprimió la tensión en 28 penales, que luego de conocer el fallo depusieron la protesta.

Ahora, según se informó, unos 40 presos estarían en condiciones de acceder a este beneficio y, por ende, a la tecnología de la pulsera magnética, ya que actualmente están en lista de espera por la falta de los elementos.

Uno de los que se encuentra en esa lista es Gregorio Ríos, el ex jefe de la custodia del fallecido empresario Alfredo Yabrán, condenado a la pena de 27 años de prisión por el homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Ríos fue beneficiado hace 11 días por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores que le otorgó la posibilidad de acceder al arresto domiciliario, pero vigilado por una pulsera electrónica.

Fuentes de la cartera de Justicia explicaron que el ex custodio de Yabrán «no es el primero de la lista de espera», por lo que se especula que pasará un tiempo más detenido, hasta tanto el Servicio Penitenciario le provea la tobillera magnética.

Tiene un transmisor que emiteuna señal que es recibida por operadores del Servicio Penitenciario bonaerense y que les permiten determinar la localización de la persona y saber si viola la detención domiciliaria.

Una vez colocada la tobillera, el detenido tiene un radio de movimiento que está acotado a la cercanía de su domicilio y que, si no lo cumple, pierde el beneficio.

El sistema no sólo se aplica a los presos que cometieron delitos menores, sino también a aquellos que padecen problemas de salud o a los que a pesar de haber cometido delitos graves, en poco tiempo, están en condiciones de acceder a la libertad condicional.

El sistema de libertad vigilada fue implementado en la provincia de Buenos Aires en 1997 y, pese a que su denominación es de «pulsera magnética», se trata de una especie de anillo que se coloca en el tobillo del preso que es excarcelado.

Con la decisión de aumentar la cantidad de pulseras magnéticas, la provincia se adecuaría también paulatinamente a recientes reformas destinadas a morigerar el sistema de excarcelaciones que había sido endurecido durante la gobernación de Carlos Ruckauf.

En marzo pasado, la provincia avanzó al reformar el Código de Procedimiento Penal y al devolver a los jueces la potestad de disponer que los acusados de diversos delitos puedan esperar su condena en libertad.