España no pide extradiciones y ex militares serían liberados

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Rechazó solicitar el gobierno de José María Aznar la extradición de 39 ex militares y un civil reclamados por el juez Garzón. Según el vicepresidente primero español, Mariano Rajoy, la decisión se basó en "el principio de territorialidad que está recogido en el convenio de extradición entre España y Argentina". Canicoba Corral dijo que luego de recibir la comunicación formal, liberará a los detenidos.

El gobierno español rechazó ayer pedir la extradición de 40 ex militares argentinos reclamados por el juez Baltasar Garzón, aunque solicitó que permanezcan arrestados en espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por su parte, el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, afirmó que "si no hay extradición, no hay arresto".

En una reunión que mantuvo ayer, el Consejo de Ministros de España resolvió "no continuar los procedimientos de extradición activa propuestos" y solicitó a las autoridades argentinas que los informen sobre "la culminación del procedimiento administrativo y judicial en curso, manteniendo hasta entonces la situación de estas personas a disposición efectiva de la Justicia".

De esta manera, el gobierno de España se pronunció en contra de pedir la extradición de los 39 ex militares y un civil acusados de violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno militar, pero se expresó a favor de que los ex integrantes de las FFAA permanezcan detenidos en Argentina hasta que puedan ser juzgados aquí.

La decisión del gobierno español se basó en "la firme voluntad del gobierno" del presidente argentino Néstor Kirchner "de enjuiciar a esas personas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida", según explicó el vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy.

En una conferencia de prensa en Madrid, el funcionario agregó que "las cosas han cambiado en Argentina desde que se solicitaron las extradiciones" y explicó que no accedieron a aceptar los pedidos de extradición "por el principio de territorialidad que está recogido en el convenio de extradición entre España y Argentina".

Para tomar su decisión, el gobierno español tuvo en cuenta la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso, aunque aún resta la opinión de la Corte Suprema de Justicia argentina que debe expedirse sobre la constitucionalidad de las leyes, algo que, según fuentes gubernamentales, ocurriría "antes de fin de año".

En el ámbito de la Justicia, la negativa española causó sorpresa. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien arrestó a los militares por solicitud de Garzón, admitió que "no esperaba" esta decisión y afirmó que "si no hay extradición, no hay arresto".

Según el magistrado, "inmediatamente después de recibir la comunicación oficial de la Cancillería" del rechazo del gobierno español "corresponderá resolver las libertades y el archivo de los pedidos de extradición", aunque hasta ayer por la tarde la resolución no había entrado al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Sin embargo, evitó opinar sobre el pedido español de que se prolonguen los arrestos hasta que la Corte Suprema se expida sobre la validez de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Si la notificación oficial que desiste de los pedidos de extradición se demora, los detenidos tendrán oportunidad de quedar en libertad a partir del próximo martes, cuando vence el plazo que tenía el Poder Ejecutivo Nacional de España para tomar una definición.

El juez Garzón había solicitado urgentemente al Poder Ejecutivo español, el 19 y el 20 de este mes, que pidiera a las autoridades argentinas la extradición de los 40 ex militares, a los que imputa delitos de lesa humanidad.

Ante esta decisión del gobierno español, el abogado de la Asociación Argentina Proderechos Humanos en Madrid, que ejerce la acusación popular en España, Carlos Slepoy, dijo que "se trata claramente de una postergación, de una suspensión" del pedido de extradición.

Aunque manifestó su desacuerdo con la postura adoptada por el gobierno español, según Slepoy, el acuerdo al que arribaron ayer los ministros "dice claramente que el pedido de extradición sería enviado si no se culmina el proceso" de juzgamiento en Argentina.

Para Slepoy, "actualmente hay condiciones y motivos suficientes en la Argentina para iniciar los procesos", por lo que espera que en los próximos días el juez Garzón le diga a su par argentino Canicoba Corral que los ex militares "deben seguir detenidos y que incluso tiene elementos para iniciar el proceso en Argentina".

La decisión gubernamental está en sintonía con la posición histórica de la Fiscalía española que se opuso desde el principio a que los ex militares sean juzgados en España, al considerar, entre otras cuestiones, que la Justicia del país no es competente para enjuiciar hechos cometidos en otra nación.

En Buenos Aires, en tanto, conocida la decisión española comenzó el desfile de abogados defensores de los ex militares que concurrieron a los tribunales federales de Comdoro Py para pedir la inmediata libertad de sus defendidos.

Mientras, las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos criticaron la negativa del gobierno español y consideraron que en Argentina el juzgamiento no es posible hasta que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sean anuladas por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los que fueron detenidos con "arresto preventivo" figura el intendente electo de Tucumán, Domingo Antonio Bussi, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Omar Domingo Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Guillermo Suárez Mason, Jorge Olivera, Ramón Díaz Bessone, Luciano Jáuregui, Juan Carlos Trimarco y Luciano Benjamín Menéndez.

La nómina continúa con José Antonio Vaquero, Jorge Eduardo Acosta, Luis María Mendía, Jorge Perren Fernández, Rubén Oscar Franco, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Octavio Capdevilla, Julio César Coronel, Enrique Frimon Weber, Héctor Febres Méndez, Juan Orlando Rolón y Luis Santiago Martella.

El listado de detenidos se completa con Fernando Humberto Santiago, Alberto Luis Cattaneo, Eugenio Antonio Barrozo, Albino Zimmerman Theler, Luis Rizo Avellaneda, Roberto Albornoz, Agustín Neme, Héctor Schwab, Carlos Daviou, Carlos José Pazo y Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, el único civil incluido en la lista requerida por el juez español.

Del listado de Garzón, Jorge Vildoza, Antonio Arrechea Andrade y Arturo González Naya están prófugos de la justicia, mientras que Jorge Maradona Jofre y Mario Cafarena Sese fallecieron y Azic se encuentra internado en el Hospital Militar debido a un intento de suicidio tras conocer su orden de detención.

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